El Gobierno francés legisla contra 'el derecho a no nacer'

El Parlamento francés examinará hoy una propuesta del Gobierno de Lionel Jospin, destinada a cortar las preocupaciones provocadas por el reconocimiento judicial del derecho a no nacer a varios niños, nacidos con malformaciones físicas, del derecho a ser indemnizados porque los médicos no advirtieron a sus madres durante los embarazos. La nueva legislación, muy delicada para un Gobierno de izquierdas en vísperas de elecciones, pretende que sea necesario probar la relación de causa a efecto entre un diagnóstico médico y la malformación que se descubra tras el nacimiento, sin exigir al médico que obtenga resultados en todos los casos.

El Gobierno ha decidido esta legislación tras una semana de huelga de los médicos especializados en ecografías, que protestan contra la grave responsabilidad que supondría para ellos la generalización de la jurisprudencia sobre el derecho a no nacer, establecida a partir de noviembre de 2000.

Ese día, el Tribunal de Casación -el más alto tribunal de Francia- sentenció el derecho de un joven, Nicolás Perruche, a ser indemnizado porque su madre fue víctima de un diagnóstico prenatal erróneo. El médico no advirtió de las graves malformaciones del feto y, a falta de esa información, la madre no ejerció su derecho al aborto. Las protestas de asociaciones de padres de minusválidos y de la profesión médica han obligado a legislar sobre esa materia.

Error comprobado

Frente a la consideración del nacimiento como un perjuicio que da derecho a una reparación, la legislación propuesta recalca que 'nadie puede prevalerse de un perjuicio por el solo hecho de su nacimiento'. La indemnización podrá obtenerse sólo en caso de 'un error médico comprobado'. En los términos actuales de ese texto, la reparación del perjuicio podría obtenerse 'cuando el acto fallido ha provocado directamente el hándicap, lo ha agravado o no ha permitido tomar las medidas para atenuarlo'.

La nueva ley reconoce a los padres la posibilidad de pedir una indemnización destinada a la persona minusválida, 'correspondiente a las cargas particulares derivadas de su hándicap a lo largo de toda su vida', es decir, destinada a financiar los cuidados que necesiten, y siempre condicionada a que se pruebe la relación directa entre el error médico y el perjuicio reclamado. El Gobierno subraya que la ley será aplicable a todos los procedimientos en curso, salvo aquellos casos en que los tribunales han dictado ya sentencia firme reconociendo el derecho a la indemnización.

El Parlamento se disolverá a finales de febrero, a causa de la celebración de elecciones generales, por lo que la propuesta habrá de ser tramitada con toda rapidez si las cámaras quieren verla convertida en ley a corto plazo. Debido a ello, la oposición, constituida por los partidos conservadores y centristas, se muestra en principio favorable a aprobar la propuesta emanada del Gobierno de izquierda, no sin discutir sus detalles.