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Reportaje:

El derecho a no nacer

Un tribunal francés obliga a indemnizar a un niño con síndrome de Down

Sobre la cabeza de Lionel, un niño mongólico a punto de cumplir los siete años, arde el fuego de la polémica en torno al derecho a no nacer. El incendio se avivó ayer cuando el máximo tribunal civil de Francia confirmó que Lionel debe ser indemnizado, porque el ginecólogo que atendió a su madre no le había alertado de la posible malformación del feto, impidiéndole así ejercer su derecho al aborto terapéutico.

La profesión médica ha puesto el grito en el cielo, considerando utópico pretender que los controles previos permitan diagnosticar el 100% de las malformaciones. El episcopado interpreta la sentencia como un gesto de desprecio hacia las familias de los minusválidos, y hay quien asegura que ya nada impide la selección de los seres humanos, entre los que deben sobrevivir y los que no.

El ginecólogo que atendió a la madre de Lionel no le advirtió de la posible malformación
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El asunto comenzó hace casi dos años, cuando un tribunal de la ciudad de Rennes reconoció el error médico y condenó al ginecólogo a indemnizar a Lionel. Esa primera sentencia fijó, sin embargo, una suma económica limitada, sobre la base de que el pequeño está confiado a su abuela -educadora profesional- y de que existe la posibilidad de buscarle plaza en un establecimiento especializado, financiado por organismos sociales.

La madre de Lionel obtuvo para su hijo 99.092 euros (casi 16,5 millones de pesetas) en el tribunal de Rennes, mientras que ella cifraba las futuras necesidades materiales del niño en 686.020 euros (algo más de 114 millones de pesetas). Y el Tribunal de Casación anula ahora la sentencia inicial y da la razón a la madre, estimando que si el pequeño está atendido por un familiar, no por ello debe reducirse el monto de la indemnización debida para 'asistencia de terceras personas a domicilio, que se ocupen de los gastos de la vida cotidiana'.

La sentencia sobre Lionel no es totalmente novedosa. En otra decisión de noviembre de 2000, el mismo tribunal de casación ya había reconocido a Nicolás Perruche, un muchacho de 17 años, sordo, casi ciego y retrasado mental, el derecho a ser compensado para reparar el error médico que hizo descartar a su madre el aborto terapéutico. Pero la sentencia de ayer despeja cualquier duda que pudiera quedar respecto a la línea de jurisprudencia adoptada por la jurisdicción suprema. Varios políticos de la oposición de derechas propusieron lanzar al legislativo contra el poder judicial para anular tal jurisprudencia.

Un Colectivo contra la Fobia a los Minusválidos, que agrupa a unos 200 padres, acudió velozmente ayer al Palacio de Justicia para exigir una entrevista con el presidente del tribunal. Éste no les recibió y las decenas de chavales minusválidos de corta edad, llevados por los adultos, tuvieron que sostener pancartas en las que se leían cosas como 'Objetivo, minusválido' durante los minutos que duró la filmación de las cámaras de televisión y las fotos de los periodistas gráficos. 'Algunos magistrados del tribunal de casación estiman que vale más estar muerto que vivir minusválido', explicaba uno de los portavoces del colectivo, mientras sus abogados demandaban al Estado por una 'grave falta del servicio público de la justicia' a causa de estas sentencias. Sus próximos objetivos consisten en ser recibidos por el presidente de la República, Jacques Chirac, o por el primer ministro, Lionel Jospin.

Bernard Kouchner, ministro de Sanidad, se ha mostrado comprensivo con la 'ansiedad de los médicos' por un caso que abre 'un debate muy duro' sobre la posibilidad de rehusar la vida y la diferencia entre la normalidad y la minusvalía. 'Pienso con tristeza en todas las familias que han acogido un niño con síndrome de Down, le han rodeado de amor y han recibido de él un gran amor', reflexionó por su parte el obispo de Tours y presidente de la comisión episcopal de la familia, André Vingt-Trois, quien añadió: 'El tribunal de casación aplica la norma que refleja los fantasmas de nuestra sociedad de un mundo sin minusvalía'.

Para Marie-Sophie Dessaulle, presidenta de la Asociación de Paralíticos de Francia, 'la judicialización de asuntos tan dolorosos no es positiva', pero 'no habría problema judicial si los padres no estuvieran preocupados por las condiciones de vida que sus hijos vayan a tener, sobre todo cuando ellos fallezcan. El efecto positivo de estas sentencias es que nuestra sociedad, y sobre todo los representantes políticos elegidos, se den cuenta de esa inquietud'.

Niños discapacitados, acompañados de familiares, protestaron ayer en París ante el Tribunal de Casación.
Niños discapacitados, acompañados de familiares, protestaron ayer en París ante el Tribunal de Casación.AP

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