Duhalde negocia con las empresas españolas

Aprobada por el Parlamento argentino la ley que otorga poderes especiales al poder Ejecutivo para fijar los detalles de la devaluación del peso, el Gobierno ha inaugurado el diálogo que reclamaban las empresas extranjeras de servicios públicos privatizados. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, recibió a representantes de los principales grupos empresariales como Repsol-YPF, Endesa y Telefónica, entre otros. Empieza ahora la renegociación de todos los contratos al transformarse de dólares a pesos las tarifas del teléfono, el agua y la electricidad, y del impuesto a las exportaciones de petróleo, que el Gobierno argentino prepara para compensar a los bancos por la pesificación de las deudas de los préstamos de hasta 100.000 dólares (111.000 euros).

El objetivo ideal de las conversaciones con los distintos sectores afectados sería que de ellas surgieran los suficientes elementos de consenso para que los especialistas del equipo del ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, logren poner en marcha un plan de ingeniería financiera que satisfaga a todos. Misión poco menos que imposible.

Tras una semana de informaciones sobre supuestas presiones y amenazas de lobbies (grupos de presión) al servicio de intereses españoles, hay indicios de que empieza a bajar la tensión. Por ejemplo, en la pugna entre Repsol-YPF y el Gobierno, cuyos portavoces reiteraron en varias ocasiones que la petrolera con capital español era una de las empresas con mayores índices de rentabilidad. Repsol-YPF, que controla el 40% del mercado argentino, obtiene el 45% de sus ingresos en el país suramericano.

El propio ministro Remes Lenicov pidió el domingo por la noche la solidaridad de quienes han obtenido mayores beneficios en los últimos años. 'Los más pobres hace tiempo que hacen esfuerzos', dijo durante la presentación de la ley que certifica el fin de la convertibilidad entre el peso y el dólar. La norma establece en su artículo 6º la imposición de retenciones a las exportaciones de hidrocarburos, con el fin de compensar a los bancos por la transformación a pesos de los créditos en dólares. Cuando el Congreso no había dado todavía luz verde al texto, que no fija porcentaje alguno de dicho impuesto, trascendió la noticia de que Repsol-YPF había aumentado en un 8% el gasóleo destinado al transporte de carga y de pasajeros. Fuentes de la empresa negaron el domingo que se tratara de una réplica a la ley y la justificaron por el aumento del precio del barril de petróleo, que en las últimas semanas ha superado la barrera de los 20 dólares.

Éxito o fracaso

Una fuente de Repsol-YPF confirmó ayer que en las últimas 48 horas ha habido dos reuniones de representantes de las empresas del sector con el jefe de Gabinete de Eduardo Duhalde, y, sin calificarlas de éxito o fracaso, señaló que la petrolera no 'trasladará a precio la devaluación'. En otras palabras, el aumento del gasóleo queda sin efecto y, de momento, la empresa mantendrá los precios tal y como estaban antes de la aprobación de las nuevas medidas económicas. ¿A cambio de qué? 'A cambio de que la situación del país es muy grave', se limitó a contestar el interlocutor, que subrayó que la empresa líder del sector petrolero en Argentina está dispuesta a colaborar con la misma intensidad con que tratará de lograr que el impuesto a las exportaciones de hidrocarburos sea 'lo más cercano a cero'.

Los expertos de las principales empresas de servicios públicos están haciendo números sobre las consecuencias de la devaluación y de la pesificación de las tarifas, fijadas en dólares desde la privatización. 'En estos momentos nadie ha calculado las verdaderas consecuencias de la devaluación. El Gobierno por supuesto que no las tiene. El 21 de diciembre hablaban de devaluación y sólo pensaban en los pasivos de las empresas', señaló un directivo de una compañía eléctrica. Las pérdidas pueden ser mucho más elevadas por el cambio de las tarifas, que el Gobierno quiere impedir a toda costa que aumenten sin control. Un desbarajuste en las facturas de los servicios públicos tendría un efecto devastador en la credibilidad del Gobierno de Eduardo Duhalde, que en sus primeros compases trata de calmar el frente social, al borde del estallido.

Una empresa como Endesa, que combina distribución y generación (producción) eléctrica, puede beneficiarse en esta última siempre y cuando no haya un gran aumento de la mano de obra y del combustible, y verse perjudicada en la distribución, por el aspecto tarifario. Endesa no tiene una deuda que pueda tornarse inmanejable, lo que no es el caso del sector de telecomunicaciones, cuyas deudas alcanzan los 10.000 millones de dólares, que en su mayor parte se reparte entre Telefónica (4.000 millones) y Telecom (3.000 millones).

Las empresas consultadas no parecen tan preocupadas por la otra medida que contempla la ley, el fin de la indexación de las tarifas, que eran ajustadas periódicamente según la inflación de EE UU. La idea original era que muchas de las inversiones en los sectores públicos privatizados como el eléctrico y de telecomunicaciones eran de bienes importados, por lo que se consideró que las tarifas tendrían que recoger el impacto de un eventual aumento de los costes de las inversiones. Por esta razón se estableció como referencia el índice de precios de EE UU, pensando que siempre sería más bajo que en Argentina. Esto se cumplió los primeros años, pero cambió después, por lo que las empresas de servicios en Argentina se beneficiaron de la cláusula indexadora. 'El futuro será distinto, porque con la devaluación la inflación será inevitable. No podrán hacer un control de precios', vaticinaba el directivo del sector eléctrico.

José Manuel Fernández Norniella, presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España, relativizó que el Gobierno español haya ejercido presiones sobre el argentino, según declaró ayer a Radio Mitre. 'Lo que se apunta desde la Península es para bien de todos. No me consta que haya habido presiones del Gobierno de Aznar', dijo, aunque reconoció que se sigue con gran inquietud y como algo propio los acontecimientos de Argentina. Añadió que las inversiones españolas no son especulativas, y contrastó los 41.000 millones de dólares de origen español invertidos en Argentina con los 101.000 millones de dólares de argentinos en el exterior y los 25.000 millones en cajas de seguridad, fuera del sistema.