Sanidad acepta investigar con embriones
Malestar en el ministerio por la 'pasividad' del Gobierno para cambiar la Ley de Reprodución Asistida
El Ministerio de Sanidad está dispuesto a escuchar a la Comisión Nacional de Reproducción Asistida y permitir la investigación con los embriones sobrantes de los procesos de fecundación artificial. Fuentes ministeriales han revelado que en el departamento que dirige Celia Villalobos existía cierto 'malestar' ante la 'pasividad que algunos sectores del Partido Popular y del Gobierno' estaban mostrando para solucionar el vacío legal, que no permite dar salida a los cerca de 40.000 embriones congelados, tal y como han solicitado la Comisión, eminentes científicos y los partidos de la oposición.
El Ministerio de Sanidad y Consumo ya había dado algunos tímidos pasos para solucionar la situación en que se encuentran los embriones sobrantes de los procesos de fecundación in vitro. El pasado 10 de octubre, la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, prometió convocar la Comisión Nacional de Reproducción Asistida. Esta reunión se celebró el 26 de noviembre, después de 17 meses de inactividad -no se reunía desde antes de que Villalobos jurara su cargo en marzo del año pasado-.
Las células madre pueden ser fuente de tejidos para curar múltiples enfermedades
Este grupo de especialistas está formado por 25 miembros, entre biólogos, médicos y expertos en derecho y bioética. Las conclusiones de la Comisión fueron claramente de apoyo a que se usaran para investigar los embriones que los padres no quisieran
La ministra de Sanidad declaró entonces que 'no descartaba' modificar 'de forma serena' la Ley de Reproducción Humana Asistida de 1988. Esta ley fue promulgada 10 años antes de que se descubriera la capacidad de las células madre -y, sobre todo, de las embrionarias- para regenerar tejidos.
Esta posibilidad se debe a que se trata de células que todavía no se han diferenciado en los distintos órganos y sistemas del cuerpo. Pueden cultivarse indefinidamente en laboratorio, y por medio de estímulos bioquímicos se puede provocar que se transformen en los tejidos necesarios para implantes.
Actualmente, ni el Ministerio de Sanidad ni ningún otro organismo lleva un censo de cuántos embriones congelados hay, pero se calcula que unos 40.000 permanecen sumergidos en nitrógeno líquido y repartidos por las clínicas de reproducción asistida de España. De ellos, entre el 15% y el 20% sobrepasa los cinco años de crioconservación que marca la ley, según cálculos de Ana Veiga, miembro de la comisión asesora de Sanidad y jefa de la sección de biología del Instituto Dexeus de Barcelona.
El origen de tanto embrión con el que nadie sabe qué hacer está en el funcionamiento de las clínicas de fertilización. Para evitar hacer pasar a las mujeres por el quirófano más de una vez, les extraen más óvulos de los que luego van a implantar. También usan un número mayor de los necesarios para que los espermatozoides del donante -la pareja o uno anónimo- los fecunde.
'De cada ciclo extraemos 10 óvulos. Si la tasa de fecundidad de la mujer es del 70%, obtenemos siete embriones, de los que transferimos a la mujer dos o tres y congelamos el resto', explica Veiga. 'Estos tratamientos suponen un gasto emocional muy grande para las parejas, sobre todo cuando hay un fracaso. Tener un hijo es, en ese momento, la cosa más importante de su vida', explica José Remohí, director del Instituto Valenciano de Infertilidad. El resto de los óvulos fecundados, que se desarrollan hasta un estado de unas seis células llamadas blastocistos, se congelan por si el sistema falla y hay que recurrir a nuevas implantaciones en la mujer.
El problema es que la ley de 1988 no decía qué había que hacer con los embriones una vez que se superara el plazo de cinco años si no se habían utilizado. Entonces, hace 13 años, se creía que pasado ese periodo los embriones ya no eran aptos para la reproducción. Hoy en día hay científicos que creen que este plazo podría ampliarse sin que se corrieran grandes riesgos.
El documento de la Comisión (que aunque se hizo público en noviembre llevaba meses preparado) expresó que debía 'hacerse posible la investigación con embriones congelados sobrantes de la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida como alternativa a su destrucción, una vez alcanzados los plazos máximos de su conservación bajo condiciones de consentimiento informado y control institucional'.
Las sugerencias se centraban en limitar el número de óvulos fecundados; que los donantes pudieran cederlos a otras parejas, y, por último, que los embriones que una pareja ya no quisiera pudieran utilizarse para investigaciones científicas.
Para ello, los embriones deben tener menos de 14 días (todos los congelados tienen menos) y los progenitores deben dar su consentimiento informado. Además, se tiene que haber descartado la implantación del embrión en una mujer. La propia Comisión controlará las investigaciones, que deberán ser científicamente relevantes y carecer de interés lucrativo. Se prohíbe la producción de embriones con la finalidad exclusiva de investigar, y sólo deben usarse embriones que lleven congelados más de cinco años. Pero usar embriones de menos de 14 días para investigar implica su destrucción, algo a lo que grupos conservadores y la Iglesia católica se han opuesto, equiparándola al aborto.
El Ministerio de Sanidad 'está de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión', según las fuentes consultadas. Por eso, es partidario de que 'a partir de ahora', cuando los padres acudan a una clínica de reproducción asistida, expresen por escrito su voluntad de qué hacer con los embriones sobrantes: si permiten que se utilicen para investigar o si prefieren que se destruyan. Ello no incluye permitir la clonación reproductiva (la destinada a obtener un individuo idéntico a otro) ni la terapéutica (cuyo fin es conseguir tejidos con la carga genética de una persona para autoimplantes).
De esta manera se evitaría la indecisión actual, y no habría que buscar a los progenitores una vez que haya acabado el plazo de crioconservación (las clínicas desconocen el paradero del 10% de las parejas que tienen embriones congelados, quizá porque hayan muerto, la pareja se haya roto o simplemente porque no quieran pagar las 25.000 pesetas anuales que cuesta mantener las células en nitrógeno).
Una encuesta del Instituto Dexeus señala que más del 25% de los padres estarían dispuestos a que sus embriones se usaran para investigación antes que ser destruidos sin más. Con ello se conseguiría un material más que suficiente (EE UU sólo permite teóricamente usar células de menos de unos 80 cultivos) para que los científicos ensayaran remedios para enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, la diabetes, las quemaduras, las paraplejias o los infartos. Sólo falta que esta actitud se manifieste en una ley, para lo que habrá que vencer las reticencias de algunos 'sectores del PP y del propio Gobierno', como indican desde el propio Ministerio de Sanidad.
Una puerta para Soria
El 'malestar' del Ministerio de Sanidad ha coincidido con el anuncio de que Bernat Soria, director del Instituto de Biotecnología de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante), se iba de España para poder proseguir su trabajo.
Soria estaba investigando una prometedora vía para curar la diabetes tipo I usando células madre de embriones humanos. El científico ya había superado la fase de experimentación en animales, y había conseguido curar ratones usando células madre que transformaba en células beta pancreáticas, que son las encargadas de producir la insulina que necesitan los enfermos. En España, más de dos millones de personas padecen esta enfermedad.
Según el propio investigador, se marchaba por las presiones recibidas desde el Ministerio de Sanidad, que no veía con buenos ojos que usara células madre de embriones humanos, aunque las obtuviera en el extranjero.
La decisión del científico fue recibida con pesar entre sus colegas, que alabaron unánimemente su valía, y también por la Federación Española de Diabéticos, que ha anunciado la creación de una plataforma para apoyarlo. Pero Soria dejó 'una puerta abierta' al declarar que reconsideraría su posición si Sanidad también lo hacía. Quizá ahora se evite la fuga de otro cerebro.
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