La ambición personal del nuevo presidente argentino divide en una semana al peronismo

Los gobernadores peronistas de 14 de las 23 provincias argentinas y los jefes de grupo parlamentario, que controlan ambas cámaras del Congreso, se reunirán hoy con el presidente provisional argentino, Adolfo Rodríguez Saá, para recordarle los acuerdos alcanzados hace una semana y ponerle límites a sus anuncios y planes de gobierno. Le acusan de 'asaltar el poder', de tratar de eludir por vía judicial la convocatoria a las elecciones del próximo 3 de marzo aprobada por el pleno del Congreso y de pretender la extensión de su mandato hasta diciembre de 2003, para aspirar luego a la reelección.

El poder no cambia a las personas; las muestra. A una semana de su designación, todo el país puede ver y apreciar ahora hasta dónde llega la ambición del presidente provisional argentino, Adolfo Rodríguez Saá. La gestión populista del Gobierno, en tono de campaña electoral y mitin permanente, inquieta a los caudillos territoriales peronistas, que se disponían a celebrar el próximo 3 de marzo unas elecciones generales sujetas a pactos y acuerdos de no agresión para resolver, bajo el paraguas de la Ley de Lemas, sus disputas internas.

Primero se sobresaltaron los defensores de la Constitución, por las interpretaciones forzadas que hizo el pleno del Congreso cuando aprobó al mismo tiempo la designación de Rodríguez Saá y la reforma del Código Electoral; luego se resignaron los acreedores por la suspensión de pagos de la deuda pública; más tarde se asustaron los empresarios por la 'imagen peronista de los años setenta', la cantidad de anuncios económicos y las promesas hechas a los dirigentes sindicales que nadie sabe cómo podrán cumplirse. A la fila de preocupados se sumaron las Fuerzas Armadas, hasta ahora protegidas por decreto de tener que consentir la extradición de los asesinos que conservan en el armario, también el sistema financiero y los ahorradores que no disponen todavía de sus depósitos y, por último, los propios gobernadores peronistas y jefes de grupo parlamentario, que le dieron a Rodríguez Saá el poder por 90 días.

Éstos son los imprescindibles. Sin el apoyo de los líderes peronistas, Rodríguez Saá corre el riesgo de no llegar a cumplir siquiera el mandato provisional. Su debilidad política es tal, que, en su caso, bastaría sólo con un cacerolazo del partido. ¿Pero cómo hacer entender esto a quien renunció a la gobernación de su provincia, cuando bastaba con una licencia de tres meses, y apuesta cada día por convencer de que puede quedarse hasta diciembre de 2003 y cuatro años más si todo va bien? Hasta ahora el nuevo presidente sólo ha logrado conquistar a los burócratas gremiales, que pusieron 'el movimiento obrero a su disposición', según el reconocimiento público que hizo el camionero Hugo Moyano, uno de los líderes del ala dura de la Confederación General del Trabajo (CGT). Otro de los capos sindicales, Luis Barrionuevo, actual senador por la provincia de Catamarca, advierte que 'las elecciones serían innecesarias; para qué gastarse 100 millones de dólares si las encuestas dicen que la gente quiere que siga este presidente'.

Pero resulta que, a siete días de asumido el Gobierno provisional, los ciudadanos han protagonizado ya otro cacerolazo para que se marchen los funcionarios sospechosos de corrupción. 'Pasamos de un Gobierno retardatario a un Gobierno apresurado, hay que encontrar el equilibrio', advierte uno de los caudillos peronistas de la influyente provincia de Buenos Aires, el ex gobernador Eduardo Duhalde, presidente, además, del congreso del partido.

Los jefes de grupo parlamentario y los gobernadores comenzaron a poner límites a las iniciativas del Ejecutivo. Los economistas de las líneas internas revisaron y corrigieron el proyecto de Ley de Presupuesto para 2002 para tender al equilibro fiscal, 'ajustando a la realidad la caída del producto bruto, que se estima en más del 5%'; anularon la decisión de devolver el 13% de la rebaja a los salarios de los empleados públicos y sólo confirmaron que únicamente los jubilados y pensionados recobrarán ese porcentaje, aunque no se sabe en qué moneda, porque dudan ahora sobre la utilidad práctica del anunciado y vapuleado argentino, del que todavía no se ha impreso ni un billete y ya vale el 50% menos.

Situación dramática

Después de la reunión con el secretario de Hacienda, Rodolfo Frigeri, los economistas peronistas coincidieron en que la situación es 'dramática'. La provincia de Tucumán, al norte del país, declaró la suspensión de pagos de intereses de la deuda pública por 90 días. Esa decisión abrirá la puerta a las demás administraciones en quiebra, que deberían pagar unos 350 millones de dólares -unos 64.750 millones de pesetas- en las próximas tres semanas. La provincia de Buenos Aires cancelará las deudas vencidas hasta el 30 de noviembre con un bono a 16 años de plazo.

'Hubo un pacto y hay que respetarlo', coincidieron las fuentes consultadas por EL PAÍS. El acuerdo, no escrito, se cerró la noche del pasado jueves 20 de diciembre, cuando renunció Fernando de la Rúa y los gobernadores peronistas se reunieron en Merlo, provincia de San Luis, para elegir al sucesor provisional, que al día siguiente postularían ante la Asamblea Legislativa, el pleno del Congreso, que ellos controlan. Fue entonces cuando Rodríguez Saá dio el paso al frente y dijo: 'Yo me hago cargo por el plazo que fije la Asamblea y entrego el Gobierno al ganador, no me presento a las elecciones'.

Según la doctrina peronista, primero está la patria; luego, el movimiento y en tercer lugar los hombres encargados de la conducción. Ésa fue la consigna que volvió a reunirlos a pesar de las diferencias. La lucha interna sería leal, abierta, discutiendo sólo propuestas y proyectos, no personas. 'Todo eso se dijo, sí, pero todos sabíamos también que comenzaba el juego de los sillones del poder', admitía ayer una fuente. Juego que consiste en dar vueltas alrededor de una cantidad de sillas inferior a la de las personas que participan y donde queda eliminado quien no logra sentarse cuando se da la orden.