La bolsa y la vida

La decisión del Gobierno de vincular la aplicación del nuevo sistema de financiación autonómica con el traspaso efectivo de la sanidad sitúa a las comunidades autónomas ante un dilema: o asumen el coste político de la imprevisión del Gobierno en materia presupuestaria o se quedan sin las ventajas del modelo de financiación pactado en julio pasado. Los socialistas consideran que se trata de un chantaje, y ayer votaron en el Senado contra la enmienda a los Presupuestos en que se recoge esa vinculación y que, a su juicio, compromete el acuerdo sobre financiación alcanzado por unanimidad el pasado verano y que se vota definitivamente este próximo jueves en el Congreso.

La reticencia de la mayoría de las diez comunidades que asumen esa competencia el 1 de enero de 2002 a aceptarla se debe a que consideran que la dotación que acompaña al traspaso está infravalorada. Ello es consecuencia, a su vez, del empecinamiento del Gobierno en mantener unos Presupuestos que el enfriamiento económico ha convertido en poco realistas. La solución de emergencia ha consistido en introducir dos enmiendas en la Ley de Acompañamiento, por las que se destina a la financiación de la sanidad un porcentaje de los impuestos cedidos a las autonomías.

Éstas se quejan de la falta de cuantificación del nuevo modelo de financiación. Desde el Gobierno se ha hablado de una aportación suplementaria de 350.000 millones de pesetas, pero no está claro cómo se va a distribuir. Esto debería ser objeto de negociación en las comisiones mixtas, pero el resultado queda condicionado sin apelación posible por la decisión unilateral del Gobierno. Todo parece indicar que el Ejecutivo quiere compensar con el recorte en la valoración del traspaso de la sanidad el coste de los compromisos suscritos en julio, y que ahora consideraría excesivo, especialmente si quiere mantener el objetivo de déficit cero.

La de la sanidad es una competencia de gran impacto social, esencial en el juicio que los ciudadanos se forman de la gestión de una determinada Administración. Las comunidades que ahora asumirían la competencia temen que con ella estén adquiriendo un riesgo desproporcionado. No sólo por la infravaloración del traspaso, sino por la incertidumbre sobre la evolución futura del gasto sanitario. La experiencia de las comunidades que ya tienen la competencia es que ese gasto crece más que proporcionalmente. Hay dudas sobre las inversiones plurianuales comprometidas por el Insalud que ahora deberán asumir las comunidades, y sobre el incremento de gasto corriente asociado a esas inversiones, difícil de cuantificar por adelantado. Además, el hecho mismo del traspaso encarece el coste, dado que se pierden las economías de escala ligadas a una gestión común para todo el territorio.

Por supuesto que la corresponsabilidad fiscal implica correr con los riesgos de toda elección política. Sin descartar que pueda haber por parte de alguna comunidad un cierto ventajismo, hay datos para pensar que en este caso es el Gobierno quien intenta lavarse las manos desplazando hacia las autonomías la responsabilidad, y el coste político, de optar entre el endeudamiento o un deterioro de ese servicio público. El procedimiento resulta también inquietante. Durante 20 años las condiciones de los traspasos de competencias se han negociado entre las partes, no impuesto por una de ellas mediante amenaza.

El hecho de que las reticencias sean compartidas en similar medida por comunidades gobernadas por el PP o por el PSOE indica que los motivos de desconfianza son objetivos. Sin embargo, la presión para que las comunidades acepten finalmente la transferencia es grande por temor a que se repita lo ocurrido a las autonomías que no aceptaron el anterior sistema de financiación. Seguramente por eso han decidido los socialistas llevar el tema al Parlamento, con la esperanza de forzar una -improbable- negociación in extremis.