El Gobierno aprueba la Ley de Formación Profesional con el rechazo de ocho autonomías

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de Ley Orgánica de Formación Profesional y de las Cualificaciones (FP). La norma, entre otras medidas, integra las FP reglada, ocupacional y continua. También crea una acreditación que reconoce la experiencia laboral. Las seis comunidades gobernadas por socialistas, así como Cataluña y el País Vasco consideran que el texto 'invade sus competencias' en la medida en que crea una 'red de centros de referencia nacional' del Ministerio de Educación y la 'exclusión de las comunidades de la futura elaboración del catálogo de titulaciones'. También ven 'regresivo' que las Administraciones elijan el director de los centros y no el Consejo Escolar.

Las principales novedades que introduce el anteproyecto de Ley de FP -elaborado entre los ministerios de Educación, Trabajo y Asuntos Sociales- son la integración de las tres FP (la reglada que se enseña ahora en los institutos de secundaria, la ocupacional y la continua), el reconocimiento mediante una acreditación de la experiencia laboral, la elaboración de un catálogo de cualificaciones (que se adecuará a las directivas europeas) y la creación del sistema de evaluación para adaptar la oferta de FP a las necesidades del mercado.

Pero el texto incluye otros aspectos que han desatado la polémica entre las comunidades. El anteproyecto señala:

- Se creará 'una red de centros de referencia nacional, con implantación en todas las comunidades autónomas, que podrán incluir acciones formativas dirigidas a estudiantes, trabajadores ocupados y desempleados'.

- 'La Administración General del Estado determinará los títulos que constituirán las ofertas de formación profesional'. Y añade 'las administraciones educativas podrán ampliar los contenidos de los correspondientes títulos de FP'.

- 'La dirección de los centros integrados de FP será nombrada mediante un procedimiento de libre designación por la Administración competente, entre funcionarios públicos docentes, previa consulta a los órganos colegiados del centro'.

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, ha convocado ya para el próximo lunes al Consejo General de la Formación Profesional (integrado por el Gobierno, representantes de las comunidades, los sindicatos y las empresas) para presentarles un informe y los resultados del II Plan de la Formación Profesional. De la última reunión de este consejo, celebrada antes del verano, se salieron ocho comunidades, casi la mitad de las 17 existentes.

El PSOE presentará en el Congreso una enmienda a la totalidad del anteproyecto y un texto alternativo, anunció ayer la portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, Amparo Valcarce. Para los socialistas, esta ley 'invade competencias autonómicas con la creación de la red nacional de centros de referencia y es un agravio que las excluya de la elaboración del sistema nacional de cualificaciones, algo muy grave porque las comunidades son las que saben sus necesidades específicas de profesionales', añade. Tampoco es admisible que los directores de los centros 'sean elegidos a dedo por las administraciones y no por el consejo escolar de cada centro', formado por la dirección y representantes de los profesores, alumnos y padres.

El PSOE denuncia, además, el 'grave' problema de la financiación: 'Las cantidades que aporta el Fondo Social Europeo son cofinanciadas con cada Gobierno, que debe completarlas, y la recepción está en función de la justificación de los fondos concedidos en el quinquenio precedente. España va a perder en el periodo 2000-2006 unos 25.000 millones de pesetas que el ministerio no justificó del quinquenio 1995-2000 por la incapacidad de la ministra de ejecutar los programas correspondientes'.

Los sindicatos (que, según dijo Pilar del Castillo, han apoyado el texto) manifestaron ayer reticencias hacia algunas de las medidas. Para CC OO, 'a pesar de que el proceso seguido ha permitir crear una base de acuerdo, eso no quiere decir que éste pueda utilizarse contra las críticas de las comunidades a cuestiones como la creación de una red de centros de referencia o la falta de una mayor financiación', señala el secretario general de la Federación de Enseñanza de este sindicato, Fernando Lezcano. 'Ante todo, se debe buscar el consenso, también con las comunidades autónomas', añade

El sindicato de la enseñanza STES opina que el anteproyecto 'supone un intento claro de privatizar la FP, lo que perjudicará a la formación reglada que se imparte en los centros educativos porque se subordina esta modalidad de FP a los intereses de los empresarios' y la Unión Sindical Obrera considera que esta ley 'continúa siendo demasiado ambigua'. Añade que hay aspectos positivos en ella, pero menciona otros negativos, como su 'tono marcadamente laboral'.