El Parlamento aprueba la ley de la FP con los votos del PP y CC

El Pleno del Congreso ha aprobado hoy el proyecto de ley de las Cualificaciones y la Formación Profesional, con los votos del PP y de Coalición Canaria, mientras que los partidos de oposición han reprochado la invasión de competencias autonómicas, la visión "economicista" que el PP tiene de esta rama educativa, la falta de financiación y de atención a las mujeres. Además, reprochan al Ejecutivo la falta de diálogo para llegar a un consenso sobre el texto.

Coalición Canaria ha votado finalmente a favor después de que se incorporaran al texto seis de sus enmiendas parciales.

Al texto, que ahora pasará al Senado, se han incorporado una treintena de enmiendas parciales, de las cerca de 250 presentadas por los grupos de la oposición y CiU, cuyo portavoz, Ignasi Guardans, ha reiterado que la Ley acabará en el Tribunal Constitucional.

La Ley, que integra las tres modalidades de Formación Profesional -reglada, continua y ocupacional-, ajusta las actuales 139 titulaciones a las existentes en la UE para y adecuará las ofertas de formación con las necesidades del mercado laboral, para lograr una mayor cualificación de las personas y facilitar así su inserción en el mundo laboral.

El texto crea un sistema de información y orientación para que las familias y trabajadores conozcan las cualificaciones que se requieren en el mercado laboral y los centros en los que se puede obtener la formación correspondiente.

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, ha manifestado, tras la votación, que las diferencias de los grupos nacionalistas con el texto residen en una "distinta interpretación de dónde residen las competencias", al tratarse de una norma que contempla aspectos educativos y laborales, pero ha puntualizado que el Gobierno considera que "la Constitución es taxativa".

"Entendemos que si hay un mercado único de trabajo tiene que haber un solo sistema de cualificaciones profesionales, sin menoscabo de las adaptaciones de las administraciones" correspondientes, ha dicho Del Castillo, quien ha resaltado el "extraordinario" respaldo social a la norma, calificando por tanto de "equivocación" el rechazo de la oposición.

Sobre el establecimiento del Sistema Nacional de Cualificaciones, la ministra ha dicho que si la Ley está aprobada antes de verano, éste se podrá desarrollar para otoño, pero no ha querido hablar de fechas concretas.

La diputada de Coalición Canaria María del Mar Julios ha subrayado la necesidad de adecuar los recursos humanos provenientes de la Formación Profesional a los cambios que se han registrado en la sociedad.

Nula disposición al diálogo

Todos los portavoces de la oposición han lamentado la negativa del Ministerio a debatir los contenidos de la Ley y la "nula" disposición de la ministra a introducir cambios en el texto, que ha sido calificado de "retrógrado" y "franquista" por diferentes diputados.

El diputado de CiU Ignasi Guardans ha acusado al Gobierno y al PP de haber "despreciado" las opiniones de todos los grupos y cualquier aportación ajena y se ha dicho "escandalizado" por la "evidente" invasión competencial y por que el Ejecutivo se atribuya competencias.

"La Ley es inconstitucional", asegura Guardans, quien ha reprochado al Ejecutivo que se atribuya competencias en materia de evaluación y acreditación de la FP o en la designación de los directores de los centros, y ha lamentado "el miedo" y la desconfianza que el Gobierno y el PP demuestran tener hacia el sistema autonómico.

De "cicatero" ha calificado el texto la portavoz socialista, Amparo Valcarce, quien acusa al Gobierno de haber "estigmatizado" la Formación Profesional. Además, reclama al Ejecutivo un esfuerzo económico para cumplir la estrategia que los Quince se fijaron en Lisboa e incremente durante los próximos cuatro años las partidas destinadas a la FP para alcanzar la media de gasto de la UE. La diputada socialista echa en falta una financiación para que la FP en España se modernice y adecúe a la sociedad del conocimiento, que se facilite la movilidad de los trabajadores y tenga en cuenta a la pequeña y media industria.

Valcarce ha pedido a la ministra de Educación que rectifique ya que, en caso contrario, estará demostrando "vocación de emular al guerrillero Juan Martín, El Empecinado.

José Juan González de Txábarri (PNV) ha criticado el empeño del Ministerio de Educación en mantener un texto que refleja el acuerdo entre los agentes sociales al margen de cualquier criterio educativo.

Los representantes del grupo mixto han coincidido al denunciar la ausencia de debate, la invasión de competencias autonómicas y la ausencia de criterios educativos en esta modalidad de enseñanza.

Por parte del PP, José Eugenio Azpiroz ha respondido que su grupo ha "hecho un esfuerzo", a pesar de que la oposición ha planteado modelos distintos al suyo, para asumir más del 10% de las presentadas, entre ellas 19 de los grupos y 11 de los populares.

Ha puntualizado que se incluyen seis enmiendas de Coalición Canaria, aunque no descarta que se asuman más en el Senado, entre ellas una que permitirá a las comunidades autónomas participar en la composición y funciones de los centros integrados de FP, con el "fin de aclarar las dudas" que había sobre este artículo.

Ante las críticas de vulneración de las competencias de las autonomías y la posibilidad señalada por CiU de llevar la futura Ley al Tribunal Constitucional, Azpiroz insiste en que los informes emitidos por organismos como Consejo de Estado "no ven inconstitucionalidad".