PSOE, CiU y PNV presentan proyectos alternativos a la Ley de FP del Gobierno

La futura Ley de Formación Profesional (FP) contará con el apoyo de los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, pero no ha conseguido el consenso parlamentario. PSOE y PNV han presentado enmiendas a la totalidad y texto alternativo al proyecto gubernamental. Lo mismo hará CiU en breve.

Los socialistas hacen hincapié en la financiación: piden que en los próximos 5 años se inviertan 3.000 millones de euros adicionales, de tal forma que se pase a 18.000 millones en total. Así, explicó ayer la portavoz socialista de Educación en el Congreso, Amparo Valcarce, se llegaría al gasto público medio de la UE para la Formación Profesional. 'Europa destina un 6% del PIB aproximadamente, mientras que España se queda seis décimas por debajo, un 5,4% del PIB'.

Para coordinar el Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional, proponen crear una Agencia Nacional en la que estarían representados tanto los ministerios como las comunidades y los agentes sociales.

Los socialistas quieren garantizar así la participación de las comunidades para decidir qué profesionales necesitan de acuerdo con los mercados laborales y qué cualificación deben tener.

La dirección de los centros de FP, según el proyecto socialista, habría de ser democrática, 'no a dedo', y piden además que se reconozca el papel 'que ya están jugando los ayuntamientos en la integración de jóvenes en paro'.

El portavoz peneuvista de Educación en el Congreso, Joxe Juan González de Txabarri, resaltó la 'excelente FP' que hay en Euskadi, 'modelo en Europa', y afirmó que implantar en el País Vasco la Ley del Gobierno les haría 'retroceder más de 20 años'. El proyecto del PNV busca precisamente la 'relación entre el mundo educativo y el laboral'. Plantean exenciones fiscales para aquellos empresarios que destinen recursos a la formación de sus profesionales y que sea a través de los impuestos generales cómo se financie esta formación.

Los nacionalistas catalanes coinciden con ellos en que la ley 'concede un cheque en blanco' al Gobierno. 'Es demasiado etéreo y, por tanto, peligroso para el reparto competencial', explicó el portavoz de Educación de CiU en el Congreso, Ignasi Guardans.

CiU pide, entre otras cosas, que las autonomías puedan proponer, de acuerdo con su mercado laboral, algunas cualificaciones profesionales, sin perjuicio de lo que determine el Estado para todos los trabajadores.