Los profesores de la universidad pública podrán enseñar a la vez en la privada

El paso del proyecto de Ley Orgánica de Universidades (LOU) por el Senado está siendo tan criticado y fugaz como lo fue su paso por el Congreso. Entre las 67 enmiendas aprobadas por el PP destaca una que elimina la incompatibilidad de que un profesor de la universidad pública imparta clase en la privada. Algunos rectores y el PSOE han señalado que es un ejemplo del 'favoritismo' hacia las universidades privadas y que el profesorado formado por la pública trabajará para 'dar beneficios' a la privada. En día y medio (durante 12 horas escasas) se han debatido 607 enmiendas en la comisión de educación. No se ha aprobado ni una sola presentada por el PSOE, y sólo 14 y varias transaccionales, de las interpuestas por otros cinco grupos.

Esta nueva medida no es la única adoptada en la ley que favorece a las universidades privadas, según ha manifestado la oposición. 'Hay datos suficientes para asegurar que la ley favorece a las privadas, como han gritado los alumnos en sus protestas', señala el portavoz socialista de Educación en el Senado, Manuel Fernández Zanca. La ministra de Educación, Pilar del Castillo, ha argumentado que esta ley se limita a regular a las privadas, algo que no hace Ley de Reforma Universitaria (LRU). Cuando se aprobó esta norma, en 1983, las privadas apenas existían en España.

'Es además impresentable el desprecio del PP, que no ha querido escuchar nuestros argumentos, y la prisa con la que ha pasado la ley por el Senado: ha habido un minuto y diez segundos por enmienda', añade Fernández Zanca. La ley se votará el 14 de diciembre en el Pleno del Senado.

El Gobierno ya hizo otro cambio en el texto del proyecto de ley en el Congreso cuando ya había pasado por el filtro del Consejo de Estado y con el que favorecía a las universidades privadas: quitó la obligación de que el 25% de los profesores de las privadas tuvieran que ser habilitados, es decir que hubieran superado la nueva prueba de habilitación nacional que deben pasar los de las públicas para ser titulares y catedráticos. El Gobierno estableció a cambio que el 25% de docentes de las privadas debería superar una evaluación positiva por parte de la nueva Agencia Nacional de Evaluación o de las agencias de las autonómicas.

La ley modifica además el equilibrio básico del sistema entre las universidades públicas y las privadas, que actualmente se establece en la LRU y en su desarrollo. Por ejemplo, no recoge la referencia a que las privadas tengan una número mínimo de centros (facultades y enseñanzas) lo que puede permitir la aparición de las llamadas universidades privadas temáticas, según han denunciado algunos rectores. El inconveniente a esta posibilidad es, añaden, que una universidad, para considerarla como tal, debe tener un tamaño mínimo y tener suficiente diversidad científica en las diferentes áreas del saber y no ser una especie de gran academia. Esto permitiría además que muchos centros privados adscritos, que generalmente son pequeños y están escasamente controlados, pasaran a ser universidades.

Otra medida en este sentido es la que hace referencia a los requisitos mínimos que deben cumplir las universidades privadas. Este aspecto también se ha cambiado en el Congreso. Los requisitos se deberán desarrollar en un real decreto y deben ser 'básicos', según establece el texto de la ley actualmente, tras aceptarse una transaccional de CiU en el Congreso. Posteriormente, serán las comunidades autónomas los que desarrollen.

Respecto a las privadas de la Iglesia, la ley da cobertura a la creación de estos centros sin necesidad de sean reconocidas por una ley de la comunidad autónomas, algo que sí deberán hacer el resto de las privadas.

En el trámite del Senado se han introducido otros dos cambios destacables: se exime a los ayudantes actuales de las universidades de pasar dos años desvinculados de su universidad para acceder a una plaza de ayudante doctor y se recoge la figura del defensor del universitario, gracias a una enmienda de IU, que ya existe en algunas universidades.

El resto de los aspectos más criticados de la ley por los que han convocado la marcha sobre Madrid de hoy son: 'La merma de participación de la comunidad universitaria en el gobierno de la universidad, la presencia de representantes políticos en el órgano de gobierno de las universidades, la recuperación de exámenes nacionales para el profesorado y la ausencia de un marco de financiación que acompañe a la ley y de diálogo con la comunidad universitaria'.