El PNV afirma que prorrogar el Concierto por decreto 'tendrá consecuencias políticas'

El portavoz del PNV, Joseba Egibar, aseguró ayer que una prórroga por decreto-ley del Concierto Económico traerá 'consecuencias políticas'. Esta advertencia fue la respuesta al aviso que efectuó la víspera el ministro de Hacienda. Cristóbal Montoro señaló que el Gobierno podría prorrogar el Concierto si no hay acuerdo antes del Consejo de Ministros del próximo viernes. En estos momentos, cuatro puntos de 72 y una formalidad separan a los Ejecutivos central y vasco en la negociación del Concierto, la financiación específica de Euskadi.

El Gobierno central quiere dejar claro que es el Estado quien articulará la 'participación efectiva' de la comunidad vasca en el Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE). Por ello, le disgusta la última propuesta del Ejecutivo vasco, el pasado jueves, en la que remite a la Comisión Mixta del Concierto Económico la fijación de dicha participación.

Pero previamente, el Gobierno central exige al Ejecutivo de Vitoria que formalice su propuesta porque no reconoce la que envió el jueves al marginar a la Diputación de Álava, gobernada por el Partido Popular. Dicha propuesta llegó al Ministerio de Hacienda el jueves, tras la celebración de una reunión de la delegación vasca, encabezada por la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, a la que no fue convocada la representación de la Diputación alavesa, gobernada por el popular Ramón Rabanera. Dicha diputación fue consultada sobre dicha propuesta, tras la reunión de la delegación vasca, y su principal responsable, Rabanera, expresó su 'acuerdo con matices' a la misma.

El ministro portavoz, Pío Cabanillas, insistió ayer, tras el Consejo de Ministros, en que el Gobierno central no consideraba la propuesta por dicha marginación. Pero más allá de esta formalidad, Cabanillas expresó la voluntad del Ejecutivo central de cerrar el acuerdo de financiación.

Continuidad del Cupo

Sólo cuatro puntos de los 72 que contiene el Concierto Económico separan a ambas Administraciones, según fuentes gubernamentales. Los acuerdos abarcan la esencia del Concierto, según el Ejecutivo central. Así, habrá continuidad en el cálculo del índice de Cupo, que seguirá siendo del 6,24% del total recaudado, con lo que se sufraga del coste de los servicios no transferidos a la comunidad. También hay prácticamente acuerdo sobre cuestiones importantes para el Ejecutivo vasco como el gravamen a los 'no residentes'.

El Gobierno central ha hecho caso omiso de las críticas sobre la 'sobrefinanciación' y 'privilegio' del País Vasco al amparo del Concierto Económico. De ahí que el ministro portavoz recordara ayer que 'no hay simetría entre la voluntad de acuerdo del Gobierno y la que ellos [el Ejecutivo vasco] expresan'. Por ello, también, el Gobierno central pide contraprestación al Ejecutivo autónomo para que no haga de la participación europea el eje decisivo de la negociación.

La cercanía en las posiciones de ambas Administraciones provocó que la patronal Confebask (Confederación Empresarial Vasca) publicase, por vez primera desde que se inició la negociación del Concierto, un comunicado en el que solicitó a ambas partes que se pongan de acuerdo, tras advertir del 'error de gravísimo calado' que sería que culminasen los plazos sin acuerdo, al ser el Concierto Económico 'la columna vertebral del autogobierno vasco'.

No obstante, los plazos tampoco van a ser decisivos si hay 'voluntad política de acuerdo', señaló Cabanillas. Si se pretende que el 1 de enero de 2002 entre en vigor el nuevo Concierto, fecha en que caduca el actual, habría que celebrar un pleno extraordinario -en el Senado- para cumplir con la tramitación parlamentaria en el supuesto de que lo aprube el Consejo de Ministros del próximo viernes.

Si el retraso es aún mayor, siempre podría presentarse una enmienda in voce. Lo que si confirmó Cabanillas fue la opinión que Montoro adelantó el jueves en el sentido de que 'no habrá vacío legal'. Esto es, que, en última instancia, el Gobierno podría aprobar por decreto-ley el Concierto a fin de año para evitar que Euskadi 'se quede sin el armazón legal que sustenta su autonomía financiera'.