Andalucía y el País Vasco arremeten contra el pacto con las farmacéuticas

Los gobiernos autónomos de Andalucía y el País Vasco están muy irritados con el pacto firmado el pasado miércoles entre el Ministerio de Sanidad y la patronal de los laboratorios, Farmaindustria. Se quejan de que el acuerdo ha sido alcanzado al margen de las comunidades autónomas con la sanidad transferida, afirman que viola sus competencias sobre el control del gasto farmacéutico, denuncian que les ata las manos y amenazan con estudiar su impugnación.

El consejero de Salud andaluz, Francisco Vallejo, afirmó ayer que el pacto es 'una desfachatez' y 'el mejor regalo de Reyes que el Gobierno puede hacerle a la industria'. En una carta que ha remitido a la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, le dice que no se siente vinculado por este acuerdo, y que no renuncia a 'la aplicación de cuantas medidas de gestión sean necesarias para un mayor control del gasto farmacéutico y un uso más racional de los medicamentos'. También anuncia que los servicios jurídicos de la Junta han comenzado a estudiar ya la posible ilegalidad del acuerdo.

Vallejo cree que no puede suscribirse un convenio en nombre del Sistema Nacional de Salud sin previa información y acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud. 'Máxime cuando en ese consejo estamos representadas comunidades autónomas con las competencias sanitarias transferidas y con capacidad, por tanto, para tomar decisiones sobre el control del gasto farmacéutico'.

Vallejo recuerda que las medidas que ha aplicado recientemente la Junta, como un convenio suscrito con los farmacéuticos andaluces para impulsar el consumo de genéricos, o el visado impuesto a ciertos fármacos para controlar su dispensación, no hubieran sido posibles de haberse firmado con anterioridad este acuerdo, 'que les niega a las comunidades autónomas toda posibilidad de intervenir por su cuenta'. La Junta tampoco cree que el dinero que la industria va a desembolsar para investigación sea un buen punto. 'Los reembolsos pactados son muy inferiores a los establecidos en acuerdos precedentes', le recuerda Vallejo a la ministra en su carta. Concretamente, las cifras acordadas ahora (17.000 millones anuales como máximo) son la mitad de las que se pactaron en 1996 entre todas las comunidades autónomas, ministerio e industria.

A la Junta le irrita especialmente que se 'dé por bueno' un incremento en el gasto anual de hasta un 9,5%, mientras el Gobierno hace 'expresa renuncia' a la adopción de medidas de cualquier tipo que puedan suponer un control más eficaz del gasto. Y tilda de 'exigua' la aportación de Farmaindustria, acordada en torno al 1,6% de los ingresos de las empresas.

Para Vallejo, el acuerdo valida, además, la intromisión del Estado en competencias que les corresponden a las comunidades autónomas con transferencias, lo que, según él, 'puede significar su ilegalidad'.

Rechazo vasco

En parecidos términos se expresó ayer el Departamento vasco de Sanidad, que también está en total desacuerdo con el pacto de uso racional del medicamento firmado el miércoles. La Consejería de Sanidad criticó a 'los firmantes' por suscribir el pacto al margen del Consejo Interterritorial de Salud, sin siquiera informarle ni consultarle. En una nota difundida ayer, el Departamento vasco de Sanidad sostiene que el pleno del citado consejo 'es el competente para adoptar dichos acuerdos'.

También aseguró la citada consejería que 'los acuerdos firmados invaden competencias de la Administración vasca', que ve imposibilitadas sus futuras acciones para contener el gasto farmacéutico en la comunidad. Anuncia además este departamento que no descarta iniciar 'acciones legales' para 'preservar sus derechos y competencias'.