El PP alega falta de 'demanda social' para impedir la ampliación de la ley del aborto

El PP cerró ayer la puerta a cualquier modificación de la actual legislación sobre el aborto. Ni siquiera dejó resquicio alguno para que se reabra el debate en el Congreso, como pedían cinco partidos de la oposición. 'No existe demanda social', argumentó la diputada popular Alicia Castro,para no tomar en consideración las proposiciones de ley presentadas en el pleno por el grupo socialista, IU y tres partidos del grupo Mixto. Frente a la invitación de la socialista Micaela Navarro -'no hurten el debate'-, la representante popular tildó de inoportunas las iniciativas.

'Para el hombre, el aborto es una cuestión científica, jurídica y ética; para la mujer, violencia y sufrimiento'. Con este alegato extraído de un libro feminista, el diputado Joan Saura, de IC-Verds, incitó a los parlamentarios a revisar la legislación sobre el aborto por considerarla insuficiente, y abogó por una ley de plazos (14 semanas) que dejara en manos de la mujer la responsabilidad y la decisión de abortar o no. Sin embargo, su propuesta, como las de los otros cuatro partidos, quedó condenada al fracaso. Como había anunciado desde el principio, el PP bloqueó ayer en el Congreso la tentativa de cinco partidos de la oposición de reabrir el debate sobre el aborto. A pesar de todo, el conato de debate quedó esbozado al exponer cada partido sus respectivas proposiciones, tendentes a ampliar los supuestos o a defender una ley de plazos.

Las propuestas iban desde la moderada solicitud socialista de añadir a la ley existente un cuarto supuesto, hasta la más audaz ley de plazos de 16 semanas de IU. La diputada popular Alicia Castro zanjó la viabilidad de todas ellas al negar que hubiera necesidad de reabrir un debate que el Tribunal Constitucional había dejado resuelto: 'No responden a una demanda social y rompen el equilibrio jurídico', afirmó. Después de considerar que las propuestas eran inoportunas y reiterativas, ya que muchas de ellas repetían punto por punto y con idéntica redacción, incluidas las comas, modificaciones defendidas en legislaturas anteriores, proclamó que la primacía de la mujer no podía ser absoluta ni mermar la protección del nasciturus. Acusó a la oposición de patrimonializar la voz de las mujeres.

Defensa de la vida

Por si alguien tenía dudas de que para el PP la legislación actual ha alcanzado ya su límite, Alicia Castro terminó diciendo que 'el progreso no se mide en función de la libertad para abortar sin límites', sino que éste viene definido por aspectos más ligados al sentir de los tiempos, entre ellos 'la defensa de la vida'.

El debate alcanzó su momento crítico justamente cuando el pasado se cruzó con el presente al traer a colación sus señorías la conmemoración del derecho al sufragio femenino, concedido por las Cortes republicanas en 1931 por 161 votos a favor y 121 en contra. Tanto Marisa Castro de Izquierda Unida como Micaela Navarro, del PSOE, habían aludido a la efemérides: para seguir removiendo los obstáculos contra la mujer había dicho Castro; para continuar avanzando, propuso Navarro. La representante popular, Alicia Castro, la última en subir a la tribuna de oradores, dio la vuelta al argumento y desató las iras de los escaños de Izquierda Unida y la helada sonrisa del PSOE, al capitalizar el voto femenino como un logro 'que trajo la derecha'. Aludía a la diputada a la fuerte polémica que precedió en las Cortes republicanas la concesión del voto femenino entre las parlamentarias Clara Campoamor, del partido radical, y defensora a ultranza de los derechos de la mujer y Victoria Kent, socialista, que temía que la dependencia de la muejer de confesores la hiciera votar conservador. Sin embargo, el sí final se obtuvo con los votos socialistas-con alguna excepción- los de pequeños grupos republicanos y los de la derecha, pero no sólo de ésta.

En el Pleno flotó el fantasma de otra fecha más reciente, la del 22 de septiembre de 1998, cuando el Congreso estuvo a punto de aceptar la revisión del aborto a propuesta del grupo socialista. Un solo voto de diferencia a favor del PP impidió abrir del todo esta puerta entreabierta. La ausencia del diputado socialista Francisco Vázquez, evitó que se produjera un empate, con la consiguiente frustración de las mujeres socialistas. Desde entonces, la cuestión ha quedado pendiente. El pleno de ayer fue la ocasión para que Marisa Castro, de IU, denunciara la existencia de 'burkas invisibles' que condicionan a la mujer y la 'sutil tutela que padece al no poder decidir por sí misma y tener que aceptar el dictamen de jueces, médicos, maridos, amantes y novios'. Una alusión a denuncias y venganzas masculinas que tambien resaltó Saura. Recordó que existen 300 expedientes judiciales abiertos contra mujeres y sanitarios, y aludió al juicio que se iniciará el 17 de octubre en Castellón. Abogó porque la mujer decida 'sin dar explicaciones a nadie' aunque consulte con su marido o su amante -'si merece ser consultado', recalcó-, y puso en evidencia la inhibición de la red pública en las intervenciones, cubiertas por la privada, cuando ésta tendría que ser subsidiaria. 'No pongan de nuevo a las mujeres a los pies de los caballos', pidió al PP, tras enfatizar 'el raquítico Estado del bienestar que tenemos', además de instarle a que 'deje de mirar al cielo de la Conferencia Episcopal, y de un cachito de cielo a la mujer'