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EDUCACIÓN

El PP abandona su idea de hacer dimitir a los rectores con la ley universitaria

Pilar del Castillo cree 'adecuada' la rectificación de su proyecto

El Partido Popular ha dado marcha atrás en su intento de hacer dimitir a todos los rectores tras la aprobación del proyecto de Ley de Universidades (LU). Para ello ha anunciado una enmienda al texto presentado por el Gobierno que permitirá que los rectores permanezcan en sus puestos hasta que cada centro apruebe los nuevos estatutos universitarios. El presidente de la Conferencia de Rectores, Saturnino de la Plaza, cree insuficiente la medida porque no incluye a los claustros, que sí que tendrán que someterse a elecciones anticipadas.

El proyecto de convocar elecciones a claustro y rector antes de transcurridos seis meses tras aprobarse la Ley de Universidades cosechó múltiples críticas tanto de los rectores como de los partidos de oposición e incluso del Consejo de Estado. Todos ellos consideraban que se trataba de una media innecesaria que sólo serviría para paralizar la actividad universitaria. Pilar del Castillo se defendió acusando a los rectores de 'exceso de protagonismo' y alegando que los actuales claustros 'no son representativos de la comunidad universitaria para elaborar los estatutos'.

Posteriormente el propio presidente del Gobierno terció en la polémica al afirmar que detrás de las críticas que se vertían sobre el proyecto había 'intereses en juego' y un 'corporativismo antiguo y rancio envuelto en la bandera de un progresismo trasnochado'. Al día siguiente, el pasado 20 de septiembre, los rectores advirtieron a José María Aznar de que sus acusaciones podrían frustrar la reforma.

Pero ahora, con la enmienda del PP, los rectores podrán permanecer en sus puestos mientras los claustros elegidos redactan los estatutos. Unos estatutos que regularán en cada centro las elecciones a rector (que con la nueva ley serán por sufragio universal ponderado).

'En algunos casos los rectores preferirán sintonizar su mandato con el de los claustros y es posible que, voluntariamente, presenten su dimisión', explicó ayer el secretario de Estado de Educación, Julio Iglesias de Ussel. La ministra, que calificó de 'adecuada' la enmienda', insistió ayer en que es necesario que haya elecciones a claustros porque de esa forma se garantiza la participación de la comunidad universitaria en ese proceso y se legitiman los estatutos.

El presidente de la Conferencia de Rectores, Saturnino de la Plaza, dijo que sería 'más razonable' que en el periodo de adaptación a la nueva ley 'pudieran seguir tanto los rectores como el claustro, que es quien tiene la función de adaptar los estatutos a la nueva legislación'.

Lo mismo opinan los socialistas. La secretaria de Educación del PSOE, Carme Chacón, señaló que los actuales claustros universitarios 'son legítimos y democráticos' y, por tanto, no ve la necesidad de que tengan que ser elegidos de nuevo para adaptarse a la ley. Chacón se mostró convencida de que esta enmienda sólo afecta a los rectores porque 'son los que les resultan molestos' al PP.

El consejero de Universidades de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, mostró su satisfacción ante esta enmienda del PP y señaló que era una de las condiciones que había puesto CiU para llegar a un posible acuerdo sobre la Ley de Universidades.

La rectificación de la ley que impone ahora el PP fue calificada ayer por el secretario de Estado de Educación como una 'cuestión menor' que ha surgido 'en el momento que corresponde'. Tanto él como la ministra aseguraron que es fruto de la 'flexibilidad y coordinación' que hay entre el Ministerio y el Grupo Popular. Del Castillo insistió en que 'no afecta al núcleo' de la ley ni supone 'una renuncia a la razón esencial' de la disposición transitoria.

Para el presidente de la Conferencia de Rectores, el PP pretende corregir parcialmente la 'sorprendente disposición transitoria por la que se destituye a los claustrales y a los rectores, cuyas legitimidades emanan de los Estatutos'. De la Plaza pidió ayer un pacto entre las distintas fuerzas políticas para la reforma universitaria, como ha ocurrido con otros 'grandes temas de Estado' para evitar que la nueva ley quede 'condicionada a futuros avatares electorales'. A los rectores tampoco les gusta la 'falta de autonomía de la futura Agencia Nacional de Evaluación de Calidad ni la 'estructura rígida y uniforme que se da a los órganos de gobierno de las universidades'. De la Plaza pidió 'un acuerdo de corresponsabilidad financiera' entre las administraciones central y autonómica para llegar a un nivel de financiación 'similar a los de la UE'.

Consejo Social

Las Nuevas Generaciones del PP también quieren poner su grano de arena en la ley. El pasado viernes los jóvenes populares enviaron una nota de prensa en la que titulaban: 'Nuevas Generaciones no acepta la eliminación de representantes universitarios en el Consejo Social', 'un derecho inamovible e intocable de los estudiantes'. Un poco más tarde, una nueva nota sustituía a la anterior. En esta segunda, un poco más suave, se calificaba la ley de 'imprescindible para dar respuesta a los problemas de la universidad' y se pedía 'la inclusión de representantes estudiantiles en los Consejos Sociales'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 2 de octubre de 2001

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