La Comisión Europea se inclina por dar luz verde a la entrada de EdF en Hidrocantábrico

La Comisión Europea tiene intención de aprobar la oferta de adquisición conjunta lanzada por la alemana Energie Baden-Württemberg (EnBW) -controlada por Electricité de France (EdF)- y el grupo español Villar Mir para adquirir el control del 59,7% de Hidrocantábrico. Los servicios del comisario de la Competencia, Mario Monti, han presentado un dictamen a los Quince en el que consideran que el compromiso de EdF para triplicar la capacidad de interconexión entre Francia y España a través de los Pirineos despeja las dudas principales que planteaba la operación.

El regulador europeo está listo para tomar una decisión sobre el caso Hidroeléctrica del Cantábrico. El equipo de fusiones dirigido por el comisario Monti, que se ha encargado de analizar durante los últimos cinco meses los detalles de esta operación, presentó el pasado miércoles, a los expertos en materia de competencia de los Estados miembros, un dictamen en el que se decanta por autorizar la entrada de EdF, a través de la alemana EnBW, en el mercado energético español, adquiriendo el control del 59,7% de Hidrocantábrico, en una operación conjunta con Villar Mir. Los Quince le han dado el visto bueno al borrador elaborado por el equipo de fusiones.

La clave de esta decisión favorable de la autoridad de la competencia de la UE está en el acuerdo alcanzado entre el Gobierno español y el francés para ampliar la capacidad de interconexión eléctrica entre los dos países. EdF, como propietaria de EnBW, asumió todos los términos y envió una carta al regulador europeo el pasado 6 de septiembre en la que le informaba de que aceptaba el compromiso para salvar la operación y obtener finalmente el beneplácito de Bruselas. El objetivo es pasar de los 1.100 megavatios actuales a 3.500 o 4.000. El acuerdo incluye la creación de una línea eléctrica de 1.200 megavatios paralela al trazado de la futura línea de ferrocarril de alta velocidad entre Perpiñán y Figueras, reforzar la interconexión ya existente y la construcción de una tercera línea en el futuro.

Además, EdF se ha comprometido a suministrar capacidad de interconexión a empresas competidoras que quieran importar energía a la península Ibérica en condiciones de igualdad y no discriminatorias. Ésa fue la misma condición que se le impuso a la compañía francesa para reforzar su posición en el mercado alemán a través de EnBW. Los expertos en materia de fusiones consideran que 'la oferta es suficiente' porque 'se disipan las principales dudas' que la Comisión planteó el pasado 1 de junio cuando decidió la apertura de una investigación en profundidad del expediente.

Control del mercado

El Ejecutivo comunitario temía que EdF obtuviera, mediante la adquisición anunciada en marzo por EnBW y Villar Mir del control de Hidrocantábrico, un control excesivo del mercado español de la generación eléctrica, y que eso le llevara a restringir la capacidad de interconexión entre los dos países. Bruselas quería garantizar que el mercado eléctrico español no quedara aislado y que las importaciones de energía procedentes de otros países podían tener acceso. También se han examinado de cerca los elementos de la operación que podrían haber consolidado la posición dominante de EdF en el mercado de la electricidad.

La compañía francesa es en la actualidad el principal competidor extranjero presente en el mercado oligopolístico español y es propietaria, además de la red francesa, de los interconectores. Esto implica que para que otras compañías puedan importar electricidad a España -salvo Portugal- deben pasar forzosamente por la red francesa. Y un canal muy estrecho por los Pirineos es también un obstáculo para las exportaciones de la Península hacia el resto de la Unión Europea.

El equipo de Monti realizó de inmediato un test de mercado tras recibir las concesiones -consulta con competidores y terceros afectados por la operación- antes de elaborar el dictamen definitivo y de adoptar una decisión. El plazo para que la Comisión se pronuncie formalmente sobre el caso es el próximo 8 de octubre, pero, según las fuentes consultadas, la decisión se puede adelantar sin problemas durante esta semana o, como muy tarde, la próxima. Lo normal es que después de haber consultado a los expertos en materia de competencia de los Estados miembros, el regulador europeo se tome unos días para redactar la decisión final y la comunique a las partes.

La Comisión decidió estudiar con más detalle esta OPA en un momento en el que toda la atención estaba centrada en las operaciones de expansión de EdF. La oposición de Francia a acelerar la apertura de su mercado eléctrico a la competencia, las medidas legislativas adoptadas por España e Italia para impedir que empresas con capital público entraran en su sector de la generación eléctrica y las críticas lanzadas contra Bruselas por no actuar para acotar la capacidad de acción de EdF obligaron a Monti a mover ficha. El propio Ministerio de Economía pidió hacerse con el examen del caso y el Ejecutivo comunitario se lo denegó.

Condiciones estrictas

El regulador europeo ha autorizado en lo que va de año dos grandes operaciones que han permitido a EdF reforzar su posición en los mercados de otros países europeos. La primera decisión llegó en febrero con la autorización de la adquisición de otro 25% de la compañía eléctrica alemana EnBW para su control total, la empresa que junto a Villar Mir quiere controlar el 59,7% de Hidrocantábrico. Bruselas impuso condiciones muy estrictas a la fusión para garantizar la apertura del mercado energético francés a la libre competencia. La segunda fue la aprobación a finales de agosto de la operación por la que EdF creaba con el grupo FIAT la empresa común Italenergia para controlar Montedison.

La próxima decisión sobre el caso EnBW-Villar Mir-Hidrocantábrico será la tercera en siete meses a favor de EdF, que ya está presente en el mercado español y en la mayoría de los países de la UE. La Comisión se ha limitado en este caso a aplicar estrictamente las reglas del Tratado de la UE en materia de competencia, que no hace distinciones entre empresas con capital público y privado.