Bruselas abre un expediente a España por la ley que vetó a EdF

La Comisión Europea consideró ayer que la ley que vetó el ejercicio de los derechos políticos de la eléctrica estatal francesa EdF en Hidrocantábrico es incompatible con el espíritu del Tratado de Maastricht, por lo que decidió abrir un procedimiento de infracción contra España. Bruselas cree que la norma, sin efecto tras el acuerdo España-Francia para ampliar las interconexiones eléctricas, implica una amenaza a la libre circulación de capitales en la UE.

La Comisión Europea decidió ayer abrir un procedimiento de infracción a España por considerar que la ley española que intentó impedir la entrada de la eléctrica francesa EdF en el mercado energético español es 'incompatible' con el espíritu del Tratado de Maastricht.

La ley cuestionada por la Comisión fue diseñada por el Ejecutivo español para impedir la entrada de EdF en el capital de Hidroeléctrica del Cantábrico, con lo que asumía una posición defensiva en virtud del retraso que sufre el proceso de liberalización del mercado europeo de energía. Bruselas considera que la ley española 'puede restringir indebidamente' la libre circulación de capitales en el seno de la UE.

Los estudios llevados a cabo por el comisario europeo de Mercado Interior, Fritz Bolkestein, han llegado finalmente a la conclusión de que la Ley de Acompañamiento adoptada por el Gobierno en diciembre de 1999 es incompatible con el Tratado de la UE 'porque representa una restricción indebida a la libre circulación de capitales y al derecho de establecimiento'. Es más, en el comunicado de prensa hecho público ayer se afirma que 'la Comisión está preocupada' por los efectos de la ley española.

La ley fue diseñada por el Ministerio de Economía para evitar que una compañía pública extranjera pudiera entrar en el mercado eléctrico español, fijando restricciones al ejercicio de los derechos políticos de los inversores exranjeros. Su adopción no fue casual, porque en esas fechas EdF estaba extendiendo sus tentáculos por toda Europa. En España lo logró gracias a la entrada en el capital de Hidrocantábrica a través de su participada alemana EnWB.

La legislación española obliga a que cualquier operación de este tipo requiera la autorización previa del Consejo de Ministros y limita al 3% los derechos de voto de un inversor de capital público. Sin embargo, la polémica normativa no se aplica en virtud del acuerdo alcanzado entre Francia y España, por el cual ambos países decidieron aumentar la interconexión de sus redes eléctricas.

Bruselas también abrió un expediente a Italia por la misma causa, ya que la legislación italiana, de julio de 2001, funciona de una manera similar a la española.Ambos gobiernos justificaron sus leyes utilizando como argumento el retraso que está sufriendo el proceso de liberalización del mercado europeo de la electricidad y el gas. El portavoz de la Comisión señaló al respecto que 'esta situación no debe abocar a que los Estados miembros adopten medidas unilaterales defendiendo los intereses nacionales mediante la restricción de libertades fundamentales garantizadas por el tratado'.

El dictamen de Bolkestein recuerda además que este tipo de restricciones a la libre circulación de capitales sólo se justifican 'por imperativos de interés general', los que deben aplicarse en cualquier caso sin que den lugar a 'discriminaciones'. Recuerda, además, que las limitaciones deben ser 'adecuadas y proporcionadas'. Bolkestein entiende que ambas leyes no cumplen con estos requisitos.

'El objetivo de proteger el suministro energético es un interés legítimo de los Estados miembros, pero las dos legislaciones carecen de criterios específicos y precisos para ser autorizadas', indicaron fuentes comunitarias. Bruselas considera además que la ley española 'otorga un gran poder discrecional a las autoridades nacionales para controlar el accionariado de ciertas compañías'.