Restituidos con condiciones los derechos de Ferroatlántica y Adygesinval en Hidrocantábrico
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy sendos acuerdos por los que autoriza a Ferroatlántica, aliada de la alemana EnBW, y a Adygesinval, sociedad formada por Cajastur y la portuguesa EDP, a ejercer los derechos políticos correspondientes a sus participaciones en Hidrocantábrico (HC).
La restitución de los derechos de voto a Ferroatlántica y Adygesinval, que controlan, respectivamente, el 59,66 y el 19,2% de Hidrocantábrico, está condicionada al aumento de la interconexión eléctrica con Francia y a la creación de un mercado ibérico de la electricidad, según la reseña oficial.
El Ministerio de Economía suspendió los derechos políticos de Ferroatlántica y Adygesinval el pasado 7 de mayo por la presencia de capital público en EnBW - a través de su principal accionista, la eléctrica estatal francesa EDF - y en EDP, que tiene al Estado portugués como accionista.
En el caso de EnBW, la condición básica impuesta por el Consejo de Ministros es la ampliación de la capacidad de interconexión eléctrica entre España y Francia, que pasará de los 1.000 megavatios actuales a 4.000 megavatios en el periodo 2006-2010.
Esta medida, acordada con EDF y con el Gobierno francés, palía el aislamiento del mercado eléctrico español y refuerza la posibilidad de que los operadores españoles compitan en los mercados europeos.
El aumento de capacidad se conseguirá con la mejora las líneas existentes antes de final de 2002, lo que aportará 300 megavatios adicionales, y con la construcción, antes de final de 2005, de una nueva línea de 1.600 megavatios que discurrirá paralela a la línea férrea de alta velocidad Figueras-Perpignan.
1.200 megavatios adicionales
El acuerdo contempla la posibilidad de añadir 1.200 megavatios adicionales mediante la construcción de una línea alternativa, el desdoblamiento de una existente o el refuerzo de las líneas francesas.
La decisión se tomará el próximo año de acuerdo con los estudios técnicos y económicos previstos, y, en caso positivo, se construirá en un plazo de entre cuatro y ocho años.
La vigilancia del acuerdo corresponderá a la Secretaría de Estado de Economía y Energía, y su incumplimiento acarreará la suspensión de los derechos políticos de EnBW.
En cuanto a EDP, la condición básica es la creación de un Mercado Ibérico de la Electricidad, que se plasmará en un acuerdo bilateral de colaboración que se firmará antes del 1 de enero de 2002.
El Gobierno portugués se compromete a poner en funcionamiento antes del 1 de enero de 2003 el Mercado Portugués de Electricidad, al que podrán acceder los operadores españoles en condiciones de igualdad.
El 1 de enero de 2003 también deberá funcionar, de forma coordinada, la gestión de los servicios complementarios de los sistemas español y portugués.
Está prevista la creación de un grupo formado por los Operadores del Sistema Eléctrico de España y Portugal para programar los intercambios de electricidad.
El acuerdo prevé también aumentar la capacidad de interconexión entre los dos países mediante la construcción de la línea Alqueva-Balboa, en 2004, y el refuerzo de la línea Cartelle-Lindoso, en 2006.
Además, se reforzará la interconexión en el Duero Internacional a través de un aumento de capacidad en la línea Cedillo-Oriol, en 2003, y mediante la construcción de una nueva línea de 400 kilovatios o la mejora de las existentes, en 2006.
La Comisión Nacional de la Energía (CNE) remitirá cada dos años al Ministerio de Economía un informe sobre el funcionamiento del mercado portugués. En ambos casos, el Consejo de Ministros, previo informe de la CNE, podrá modificar las condiciones pactadas si existen circunstancias objetivas que lo exijan.
