Rato veta la compra de Cantábrico por parte de alemanes y portugueses

La decisión de Rato de 'dejar en suspenso todos los derechos políticos que tanto a Ferroatlántica como a Adygesinval [sociedad conjunta de Cajastur y de EDP] puedan corresponder en Hidrocantábrico' tendrá que ser examinada por el Consejo de Ministros. El Gobierno dispone de tres meses para respaldar, suavizar o desechar la medida que, en principio, enfrenta al Gobierno español con tres Ejecutivos europeos: el portugués, accionista de EDP (30%); el francés (la compañía alemana EnBW está participada en un 25% por la estatal Electricité de France, EDF) y el Gobierno del país sede de EnBW, Alemania.

Al margen del enfrentamiento con los Gobiernos de la UE, la decisión de Economía abre también importantes interrogantes sobre la postura que pueda adoptar al respecto el Ejecutivo comunitario. Bruselas aprobó en marzo la oferta lanzada por EDP y Cajastur sobre Hidrocantábrico por entender que tenía dimensión comunitaria y examina en estos momentos la oferta lanzada por Ferroatlántica y la alemana EnBW.

'Artillería' legal

La artillería legal lanzada por Economía contra la compra de Hidrocantábrico descansa en la Ley de Presupuestos del año 2000, donde, en una disposición adicional -la número 27- que se aprobó pensando en la compañía estatal francesa EDF, se establece que 'las entidades o personas de naturaleza pública y las entidades de cualquier naturaleza, participadas mayoritariamente o controladas de cualquier forma por entidades o administraciones públicas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, que directa o indirectamente tomen el control o adquieran participaciones significativas [más del 3%] de sociedades de ámbito estatal que realicen actividades en los mercados energéticos, no podrán ejercer los derechos políticos correspondientes a dichas participaciones'.

El complejo párrafo legal deja en situación incierta la junta general de Hidrocantábrico, prevista para el día 17. De hecho, quedan suspendidos los derechos de voto del grupo Ferroatlántica-EnBW, el 59,66% y los derechos de la sociedad Adygesinval, que controla el 19,2%. Un 79% del capital sin voto. La suspensión no afecta al 10% que Cajastur -con cuatro de los 15 consejeros de Hidrocantábrico- controlaba directamente en la eléctrica que preside Óscar Fanjul, ni al otro 5% de los empleados y gestionado realmente por la entidad. Tampoco afecta al 2,5% de autocartera.

Posición de Cajastur

Así, según fuentes al tanto del proceso, la posición de Cajastur quedará reforzada y su capacidad de maniobra, en un contexto de negociaciones (Ferroatlántica-EnBW y Cajastur-EDP mantenían contactos desde el cierre de sus respectivas OPA el mes pasado), no disminuirá.

En cualquier caso, el veto de Rodrigo Rato a la operación -posibilidad que fue advertida a Ferroatlántica por el secretario de Estado José Folgado mediante una carta que fue incluida en el folleto de la OPA- añade leña al fuego que arde desde hace más de un año en el sector eléctrico.

Por parte del grupo de Villar Mir y de EnBW, que han comprometido 306.549 millones en la OPA de Hidrocantábrico, la prudencia ayer fue máxima. Aunque el acuerdo entre la empresa de Villar Mir y la alemana EnBW contemplaba que ésta no tomaría el control efectivo de acciones de Cantábrico hasta octubre, el Gobierno ha decidido actuar.

El portavoz de Ferroatlántica se limitó a señalar que 'la compañía estudiará la decisión', mientras que el de EnBW en Berlín, Klaus Wertel, despachó el asunto con un escueto 'sin comentarios'. Este diario intentó, sin éxito, recabar la opinión de Cajastur, entidad que junto con EDP invirtió 87.000 millones en adquirir el 19,2% de Cantábrico que estaba en poder de TXU.