Ante la avalancha

Cuando, en beneficio mutuo, más estrecha debería ser la colaboración entre Marruecos y España para controlar la inmigración ilegal, más distanciados políticamente parecen Madrid y Rabat. El aviso lanzado por el ministro de Exteriores, secundado por el de Interior, para pedir a Marruecos un 'mayor esfuerzo policial' ante una situación 'insostenible e inaceptable', debería haber ido acompañado de alguna iniciativa política, y no de una simple convocatoria por mando a distancia del embajador marroquí en España ante el director general correspondiente.

La mala gestión de las relaciones hispano-marroquíes está pasando factura. En la avalancha de pateras de estos días, en lo que Piqué llama los últimos 'episodios', un millar de inmigrantes ilegales han sido interceptados en un fin de semana. Lo que significa que muchos más habrán pasado, otros habrán perdido la vida en el intento y muchos otros habrán acabado en las costas marroquíes creyendo haber llegado a España. Según la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), los muertos en la costa marroquí cuadruplican a los detectados en España.

La mitad de los interceptados son marroquíes y en virtud de un acuerdo bilateral y de la nueva Ley de Extranjería han sido o están siendo repatriados. Pero el nuevo marco legal no ha quebrado el ritmo de la inmigración ilegal, que aumenta año tras año. Echar la culpa, como acaba de hacer el secretario de Estado para la Inmigración, Enrique Fernández Miranda, a la anterior ley aprobada en contra del PP es simplemente ridículo. La diferencia de rentas y de expectativas vitales atrae esta inmigración. Pero también, en muchos casos puestos de relieve por las inspecciones laborales, unos empresarios que no dudan en dar trabajo ilegalmente y en régimen de explotación a los sin papeles. Lo lógico sería actuar desde ambos extremos: control en Marruecos de la salida y reforzamiento en España de las medidas contra la contratación ilegal.

No todo, pues, depende de Marruecos, pero sí mucho. Marruecos tiene que colaborar con España plenamente en la persecución de las redes mafiosas que alimentan esta inmigración ilegal de personas desinformadas e indefensas frente a sus abusos. Las autoridades del país vecino hacen la vista gorda seguramente porque ven en la emigración una válvula de escape de las tensiones sociales que se van acumulando en esa sociedad. Además, casi la mitad de esta inmigración es subsahariana, y utiliza Marruecos como vía de paso hacia España y Europa. Rabat no tiene el menor interés en que se queden en su tierra.

Cuando las relaciones políticas entre ambos países atraviesan momentos difíciles, Piqué puede haber sido poco diplomático al ofrecer tan públicamente ayuda policial y tecnológica española para combatir estas redes de traficantes de seres humanos, y menos en una entrevista desde el Ampurdán en mangas de camisa. La oferta podría haber sido más discreta, más concreta y con ello más efectiva. Pues no hay duda alguna de que tal colaboración es en interés de ambos países, no simplemente como contrapartida a un mejor trato para los inmigrantes legales. ¿A qué espera el Gobierno para lanzar una iniciativa? El control de los flujos migratorios es un tema de primera importancia no sólo para España, sino para toda la UE, y debe ocupar un papel central en la conferencia euromediterránea que se reunirá, bajo presidencia española de la UE, en el próximo semestre. Pero no debe esperar a tal cita, sino comenzar ya con medidas concretas que sirvan para retomar unas buenas relaciones entre dos países que han de entenderse, sin amedrentamientos de ningún tipo.