La trastienda sumergida

La inquietud por la economía sumergida, que centró una parte del debate económico hace años, se perdió en el silencio a partir de 1996. Sin embargo, las cifras recientemente conocidas muestran que en España una parte de la producción prefiere los circuitos paralelos al margen de la legalidad. La Comisión Europea indica que el volumen de actividades que no declaraban su rendimiento a Hacienda suponía el 22% del PIB, equivalente a una facturación de 20 billones de pesetas, y que ese volumen había aumentado considerablemente desde 1998, fecha en la que la UE cifraba la economía negra española en el 15% del PIB. Son cifras muy respetables, que convierten a la economía española en una de las más contaminadas por el fraude, al mismo nivel que Bélgica o Portugal.

Una primera reflexión es que la hipótesis, tan cara a los conservadores, de que la reducción de impuestos directos reduciría el fraude tributario, tiene muchos visos de resultar falsa. La Administración de Aznar redujo desde 1999 la presión del impuesto sobre la renta sin que tal circunstancia se haya convertido en una mayor transparencia impositiva de la sociedad. Más bien al contrario. Los agentes económicos y los contribuyentes españoles han perdido conciencia de sus deberes fiscales y sociales y esa regresión es atribuible en parte a la inhibición del Ejecutivo en ofrecer incentivos al cumplimiento de los deberes tributarios.

Es muy significativa esta falta de atención oficial hacia el grado de legalidad o de limpieza de la economía. Al Gobierno parece importarle poco que los empresarios y los trabajadores cumplan con sus obligaciones en materia de Seguridad Social o de impuestos; ni se alarma, ni suscita un debate sobre un asunto tan grave. Esta indiferencia es concomitante con la falta de interés por el fraude fiscal. Los ministerios económicos han suprimido la información sobre quién paga impuestos, en qué proporción y quién no lo hace; la Agencia Tributaria no facilita información sobre la persecución del fraude tributario. Desde 1996 ha desaparecido de los discursos oficiales la exigencia de una ética fiscal que obligue a todos los ciudadanos, y se ha abandonado la aplicación de medidas informativas y coercitivas para imponerla. Sin embargo, estas tareas son irrenunciables. Porque el grado de solidaridad de una sociedad es inversamente proporcional al porcentaje de economía sumergida que soporta. Medida en esos términos, la modernidad de la economía española está entre las más bajas de Europa... y sigue hundiéndose.