Marruecos: la transición democrática

Hace ya algo más de tres años que Marruecos vive un proceso de transición democrática. El Pacto de la Verdad para el cambio es el fruto de la voluntad de su fallecida majestad Hassan II, en simbiosis con las aspiraciones del pueblo marroquí y de las fuerzas políticas, que están haciendo posible el desarrollo de este acontecimiento. Es esta convergencia de visión la que ha condicionado la posibilidad, si no la necesidad, de la alternancia.

Visto en retrospectiva, el advenimiento de un Gobierno de alternancia se produce en un momento histórico inmerso en la modernización de nuestra vida política. Es el resultado de la maduración de un compromiso con la democracia, alcanzado con sacrificio y esfuerzo; una trayectoria en la que se mezclan la clarividencia de un rey y el coraje de un pueblo con la ambición consensuada de inscribir al país en una dinámica de progreso.

El país magrebí se ha unido al tren de la estabilidad, la moderación y el progreso

Visto con perspectiva de futuro, la alternancia es un vasto proyecto de modernización de Marruecos, una marcha hacia el Estado de derecho para la movilización política y civil de los hombres y de las mujeres, de los partidos, de las fuerzas económicas y sociales. Una misión de gran alcance que nuestro país debe alcanzar a fin de repudiar todo inmovilismo y acceder en toda su amplitud al mundo que se desarrolla en el siglo XXI.

Después de mucho tiempo, Marruecos se ha unido al tren de la estabilidad, la moderación y el progreso. Un país cuya historia ha contribuido a la formación de la civilización andaluza y cuyas costumbres e instituciones actuales reúnen características próximas a las de la Europa liberal y democrática. Un Estado orgulloso de su identidad, abierto a la integración de elementos que enriquezcan su cultura. Una nación fiel a su herencia, resuelta a aumentar el horizonte de sus libertades.

Más que otros países del Norte, España, por la riqueza de su reciente experiencia, puede bien comprender la evolución institucional de la vida política marroquí y apreciar este momento crucial de su transición hacia la democracia. No existe ningún obstáculo en el principio democrático a la consolidación de la institución monárquica.

Sin duda, las tareas a las que tiene que atender el Gobierno son desafiantes y complejas. Bajo una misma gestión, se hace necesario consolidar el Estado de derecho, generar el desarrollo económico con eficacia y sin prejuicios ideológicos, conducir el camino hacia una sociedad menos injusta y más solidaria.

El pacto del cambio se enmarca dentro de un proyecto global que busca impulsar una dinámica de reformas en las que se conjuguen la ambición política, el voluntarismo económico y una visión social. Una estrategia en tres dimensiones susceptible de alcanzar el objetivo de una sociedad más libre, más justa y más próspera. Éstos son los principales motivos de preocupación tanto de la monarquía como del pueblo marroquí. Nos encontramos inmersos en la tarea de apoyar y responder con lucidez, entusiasmo y firmeza.

Sí, la alternancia está consensuada. Esto se traduce en un consenso sobre los valores esenciales, sobre los principios fundamentales, a la cabeza de los cuales se encuentra la sacralidad de la monarquía, sobre la regla del juego democrático garantizado por instituciones equilibradas. En nuestro compromiso por recorrer este camino, afirmamos nuestra determinación a contribuir a la construcción de una monarquía constitucional, democrática y social.

En Marruecos, Estado multisecular, el arraigo de la monarquía es profundo. Se ancla en la historia de un país que desde hace muchos siglos ha sido un Estado soberano. El vínculo entre el rey y el pueblo marroquí trasciende la política para encontrarse en la religión. La lucha por la independencia, el combate por la restitución a Marruecos de sus territorios sólo hace acentuar la simbiosis entre la nación y la monarquía. Tres caminos de legitimidad, constitucional, histórica y religiosa, que se confortan mutuamente.

Durante la transición sucesoria, la autoridad ha cambiado de manos en medio de la serenidad y la sabiduría que caracterizan a las grandes naciones. La investidura de su majestad el rey Mohammed IV ha reflejado un consenso estable a largo plazo. Más allá de la consagración de un Estado de derecho, es destacable la expresión de la continuidad de la adhesión popular a una institución en la que los gobernantes han probado sus virtudes.

Por otra parte, el soberano no se ha mostrado omnipotente, ha medido por encima de todo su responsabilidad. De esta manera, la acción gubernamental se ha adherido a la consecución del sentido de la consolidación democrática, de la implementación del espacio de las libertades y del respeto permanente a los derechos del ser humano.

A este respecto, el conjunto de los dossieres relativos a los derechos humanos se encuentran totalmente regulados. Se ha puesto un interés particular en esta cuestión de cara a la creación de una instancia independiente de arbitraje encargado de la indemnización a las víctimas, de la reforma del consejo consultivo de los derechos del hombre, y de la adaptación de los marroquíes a las convenciones internacionales ratificadas por Marruecos.

Siempre, pensando en la consolidación del Estado de derecho, los gobernantes se esfuerzan en la tarea de elaborar proyectos de ley destinados a la revisión del código de libertades públicas dentro de una óptica de conciliación de las exigencias de la libertad y de los imperativos de preservación del orden público.

A partir de la inquietud de su majestad el rey de hacer del edificio democrático el punto de partida del desarrollo económico y de la solidaridad social, el Gobierno se encuentra comprometido con la redefinición del código electoral y de la carta de colectividades sociales, provinciales y regionales, dentro de la óptica de mejorar los dispositivos electorales que buscan garantizar la transparencia y la libre elección del ciudadano, así como conferir una absoluta credibilidad al proceso electoral.

En la perspectiva de rehabilitar la política y de permitir a una élite impregnada de virtudes de disposición al servicio del Estado, asumiendo la responsabilidad de la gestión pública, se está preparando un texto de ley sobre los partidos políticos. La intención es la de asentar la visión de las formaciones políticas bajo la democracia interna, la competencia, la modernidad y la eficacia.

La democratización no es solamente la libertad de expresión, también incluye la recuperación del territorio para sus habitantes.

Hoy la experiencia adquirida, la evolución de las estructuras y de las mentalidades nos conducen al imperativo de realizar una gran reforma regional. El Gobierno se compromete a resolver las cuestiones planteadas por la nueva región y que competen a la acción regional, a los órganos y a las atribuciones de la región y al tipo de discurso que se plantee entre el Estado y las colectividades regionales.

Este esfuerzo se hace eco de la voluntad real que se ha manifestado por la definición de un nuevo concepto de autoridad en el que el objetivo sea el de reconciliar al ciudadano con la autoridad y la Administración, de velar por el servicio público, de preservar la seguridad, de proteger las libertades individuales y colectivas y de involucrar a los ciudadanos en el tratamiento de los problemas locales.

En la perspectiva de situar las condiciones de explotación de las potencialidades regionales en su lucha contra las ilegalidades en la distribución del espacio, el Gobierno se está empleando en la elaboración de una carta nacional de disposición del territorio. El objetivo es el de reforzar el nuevo marco regional mediante la instauración de competencias con capacidad de decisión, así como buscando la mejora de sus medios humanos y financieros, la responsabilización de los colectivos territoriales descentralizados y la persecución de los procesos de desconcentración.

En la sociedad marroquí de hoy en día, el derecho no se ha sustituido aún adecuadamente a la hora de aplicarlo a prácticas anticuadas y en desuso en la reglamentación de conflictos. No se ha conseguido aún alcanzar la posición y el vigor que son propios de un Estado de derecho y fundamento último de una nación.

Conscientes de ello, nos hemos involucrado en un trabajo importante, de renovación del derecho, a la vez que hemos reforzado la acción de la reestructuración y de la modernización del sistema de justicia, apoyando la formación de jueces y auxiliares.

Nuestra marcha hacia la democracia se nutre y se protege mediante una estrategia económica cuya finalidad es la de acelerar el ritmo de creación de riqueza. Esta riqueza, deseamos que se distribuya más igualitariamente. Para este fin trabajamos en una política de desarrollo sectorial tendente a conseguir una economía menos dependiente de las variaciones meteorológicas, diversificando nuestra oferta mediante una mejor explotación de nuestras ventajas competitivas, estando abiertos a los cambios del exterior.

El sector de las telecomunicaciones está conociendo un amplio proceso de liberalización en un marco de transparencia y de competencia leal. El potencial turístico se ha visto reforzado por el lanzamiento de nombres importantes, implicando a los grandes operadores internacionales. Además, nos hemos comprometido a activar la modernización del entorno institucional de la empresa, a simplificar y clarificar los procedimientos de inversión, a diversificar y facilitar el acceso de las empresas, en especial de las pequeñas y medianas, a los recursos financieros, a crear los instrumentos de apoyo que sean necesarios, en términos de formación y de cualificación.

El Gobierno está, además, comprometido con la gestión del programa de privatizaciones en un marco de transparencia. Dispuesto a afectar los recursos movilizados a las acciones de modernización y de densificación de las infraestructuras. Dispuesto a conducir una política de saneamiento del sector público que le permita mejorar su funcionamiento y que le permita responsabilizarse de sus instancias de gestión y de control.

Marruecos se encuentra en el Mediterráneo, siendo uno de los socios principales de la Unión Europea, que absorbe la mayoría de nuestras exportaciones y casi dos tercios de nuestras importaciones. Cuenta con la ventaja de encontrarse en el pelotón de cabeza en la lista de cooperación económica y financiera con la UE.

Seis años después del encuentro de Barcelona, hemos constatado que esta asociación, este proyecto voluntarista y ambicioso, ha conseguido crear una dinámica eficaz. Marruecos está profundamente comprometido con los procesos de transformación interna que sus socios demandaban y apoyaban.

Estamos persuadidos por la idea de que Europa abrirá un camino hacia su mercado y que facilitará la circulación de las personas. El valor de las ventajas comparativas de los países mediterráneos, así como la satisfacción de sus necesidades, pasa por la transferencia de tecnologías. El nivel de desigualdad en su desarrollo es el precio a pagar. Son bien conocidas las fracturas entre un Mediterráneo de ricos y un Mediterráneo de pobres que alimentan las corrientes migratorias.

En el transcurso de los últimos años, a pesar de las vicisitudes, se han producido progresos sensibles en el sentido de un mayor acercamiento entre los dos países. A esto han contribuido las iniciativas trazadas en el marco de la política de cooperación, pero también las múltiples acciones de la sociedad civil y de una gran cantidad de actores en las esferas económica, social y cultural.

Tras haber sido el cuarto o el tercer socio comercial de Marruecos, España se ha colocado desde hace ya diez años en la segunda posición. España es igualmente, junto a Francia e Italia, uno de los países que han contribuido a beneficiar a Marruecos con los mecanismos de reconversión de la deuda pública. Más de 800 empresas españolas se han implantado en Marruecos.

Esta España, dinámica, creativa, resueltamente abierta al mundo, debe considerar la proximidad natural de su flanco sur como una fuente atractiva de sinergias económicas. Si Marruecos está presente de manera significativa en la balanza comercial española, es aún insuficiente frente a su capacidad, sobre todo en comparación al flujo de inversiones realizadas por España en el extranjero.

Todas las acciones emprendidas deberían contribuir a mejorar la percepción que los españoles tienen de Marruecos. Pero previamente deben salvarse los grandes obstáculos para un saneamiento irreversible de nuestras relaciones: la pesca, la agricultura y el contrabando, pero también el futuro de las plazas de Ceuta y Melilla. Nuestra voluntad es la de continuar en ese sentido.

Estamos condenados a trabajar juntos para optimizar nuestros intereses comunes y a superar serenamente nuestras divergencias. Es el respeto a nuestras diferencias y la apreciación de nuestras similitudes lo que reforzará el intercambio entre nuestras culturas. Edificando juntos un espacio de complementariedad y de solidaridad, podremos mejorar nuestras respectivas posiciones en nuestra región y en el mundo.Hace ya algo más de tres años que Marruecos vive un proceso de transición democrática. El Pacto de la Verdad para el cambio es el fruto de la voluntad de su fallecida majestad Hassan II, en simbiosis con las aspiraciones del pueblo marroquí y de las fuerzas políticas, que están haciendo posible el desarrollo de este acontecimiento. Es esta convergencia de visión la que ha condicionado la posibilidad, si no la necesidad, de la alternancia.

Visto en retrospectiva, el advenimiento de un Gobierno de alternancia se produce en un momento histórico inmerso en la modernización de nuestra vida política. Es el resultado de la maduración de un compromiso con la democracia, alcanzado con sacrificio y esfuerzo; una trayectoria en la que se mezclan la clarividencia de un rey y el coraje de un pueblo con la ambición consensuada de inscribir al país en una dinámica de progreso.

Visto con perspectiva de futuro, la alternancia es un vasto proyecto de modernización de Marruecos, una marcha hacia el Estado de derecho para la movilización política y civil de los hombres y de las mujeres, de los partidos, de las fuerzas económicas y sociales. Una misión de gran alcance que nuestro país debe alcanzar a fin de repudiar todo inmovilismo y acceder en toda su amplitud al mundo que se desarrolla en el siglo XXI.

Después de mucho tiempo, Marruecos se ha unido al tren de la estabilidad, la moderación y el progreso. Un país cuya historia ha contribuido a la formación de la civilización andaluza y cuyas costumbres e instituciones actuales reúnen características próximas a las de la Europa liberal y democrática. Un Estado orgulloso de su identidad, abierto a la integración de elementos que enriquezcan su cultura. Una nación fiel a su herencia, resuelta a aumentar el horizonte de sus libertades.

Más que otros países del Norte, España, por la riqueza de su reciente experiencia, puede bien comprender la evolución institucional de la vida política marroquí y apreciar este momento crucial de su transición hacia la democracia. No existe ningún obstáculo en el principio democrático a la consolidación de la institución monárquica.

Sin duda, las tareas a las que tiene que atender el Gobierno son desafiantes y complejas. Bajo una misma gestión, se hace necesario consolidar el Estado de derecho, generar el desarrollo económico con eficacia y sin prejuicios ideológicos, conducir el camino hacia una sociedad menos injusta y más solidaria.

El pacto del cambio se enmarca dentro de un proyecto global que busca impulsar una dinámica de reformas en las que se conjuguen la ambición política, el voluntarismo económico y una visión social. Una estrategia en tres dimensiones susceptible de alcanzar el objetivo de una sociedad más libre, más justa y más próspera. Éstos son los principales motivos de preocupación tanto de la monarquía como del pueblo marroquí. Nos encontramos inmersos en la tarea de apoyar y responder con lucidez, entusiasmo y firmeza.

Sí, la alternancia está consensuada. Esto se traduce en un consenso sobre los valores esenciales, sobre los principios fundamentales, a la cabeza de los cuales se encuentra la sacralidad de la monarquía, sobre la regla del juego democrático garantizado por instituciones equilibradas. En nuestro compromiso por recorrer este camino, afirmamos nuestra determinación a contribuir a la construcción de una monarquía constitucional, democrática y social.

En Marruecos, Estado multisecular, el arraigo de la monarquía es profundo. Se ancla en la historia de un país que desde hace muchos siglos ha sido un Estado soberano. El vínculo entre el rey y el pueblo marroquí trasciende la política para encontrarse en la religión. La lucha por la independencia, el combate por la restitución a Marruecos de sus territorios sólo hace acentuar la simbiosis entre la nación y la monarquía. Tres caminos de legitimidad, constitucional, histórica y religiosa, que se confortan mutuamente.

Durante la transición sucesoria, la autoridad ha cambiado de manos en medio de la serenidad y la sabiduría que caracterizan a las grandes naciones. La investidura de su majestad el rey Mohammed IV ha reflejado un consenso estable a largo plazo. Más allá de la consagración de un Estado de derecho, es destacable la expresión de la continuidad de la adhesión popular a una institución en la que los gobernantes han probado sus virtudes.

Por otra parte, el soberano no se ha mostrado omnipotente, ha medido por encima de todo su responsabilidad. De esta manera, la acción gubernamental se ha adherido a la consecución del sentido de la consolidación democrática, de la implementación del espacio de las libertades y del respeto permanente a los derechos del ser humano.

A este respecto, el conjunto de los dossieres relativos a los derechos humanos se encuentran totalmente regulados. Se ha puesto un interés particular en esta cuestión de cara a la creación de una instancia independiente de arbitraje encargado de la indemnización a las víctimas, de la reforma del consejo consultivo de los derechos del hombre, y de la adaptación de los marroquíes a las convenciones internacionales ratificadas por Marruecos.

Siempre, pensando en la consolidación del Estado de derecho, los gobernantes se esfuerzan en la tarea de elaborar proyectos de ley destinados a la revisión del código de libertades públicas dentro de una óptica de conciliación de las exigencias de la libertad y de los imperativos de preservación del orden público.

A partir de la inquietud de su majestad el rey de hacer del edificio democrático el punto de partida del desarrollo económico y de la solidaridad social, el Gobierno se encuentra comprometido con la redefinición del código electoral y de la carta de colectividades sociales, provinciales y regionales, dentro de la óptica de mejorar los dispositivos electorales que buscan garantizar la transparencia y la libre elección del ciudadano, así como conferir una absoluta credibilidad al proceso electoral.

En la perspectiva de rehabilitar la política y de permitir a una élite impregnada de virtudes de disposición al servicio del Estado, asumiendo la responsabilidad de la gestión pública, se está preparando un texto de ley sobre los partidos políticos. La intención es la de asentar la visión de las formaciones políticas bajo la democracia interna, la competencia, la modernidad y la eficacia.

La democratización no es solamente la libertad de expresión, también incluye la recuperación del territorio para sus habitantes.

Hoy la experiencia adquirida, la evolución de las estructuras y de las mentalidades nos conducen al imperativo de realizar una gran reforma regional. El Gobierno se compromete a resolver las cuestiones planteadas por la nueva región y que competen a la acción regional, a los órganos y a las atribuciones de la región y al tipo de discurso que se plantee entre el Estado y las colectividades regionales.

Este esfuerzo se hace eco de la voluntad real que se ha manifestado por la definición de un nuevo concepto de autoridad en el que el objetivo sea el de reconciliar al ciudadano con la autoridad y la Administración, de velar por el servicio público, de preservar la seguridad, de proteger las libertades individuales y colectivas y de involucrar a los ciudadanos en el tratamiento de los problemas locales.

En la perspectiva de situar las condiciones de explotación de las potencialidades regionales en su lucha contra las ilegalidades en la distribución del espacio, el Gobierno se está empleando en la elaboración de una carta nacional de disposición del territorio. El objetivo es el de reforzar el nuevo marco regional mediante la instauración de competencias con capacidad de decisión, así como buscando la mejora de sus medios humanos y financieros, la responsabilización de los colectivos territoriales descentralizados y la persecución de los procesos de desconcentración.

En la sociedad marroquí de hoy en día, el derecho no se ha sustituido aún adecuadamente a la hora de aplicarlo a prácticas anticuadas y en desuso en la reglamentación de conflictos. No se ha conseguido aún alcanzar la posición y el vigor que son propios de un Estado de derecho y fundamento último de una nación.

Conscientes de ello, nos hemos involucrado en un trabajo importante, de renovación del derecho, a la vez que hemos reforzado la acción de la reestructuración y de la modernización del sistema de justicia, apoyando la formación de jueces y auxiliares.

Nuestra marcha hacia la democracia se nutre y se protege mediante una estrategia económica cuya finalidad es la de acelerar el ritmo de creación de riqueza. Esta riqueza, deseamos que se distribuya más igualitariamente. Para este fin trabajamos en una política de desarrollo sectorial tendente a conseguir una economía menos dependiente de las variaciones meteorológicas, diversificando nuestra oferta mediante una mejor explotación de nuestras ventajas competitivas, estando abiertos a los cambios del exterior.

El sector de las telecomunicaciones está conociendo un amplio proceso de liberalización en un marco de transparencia y de competencia leal. El potencial turístico se ha visto reforzado por el lanzamiento de nombres importantes, implicando a los grandes operadores internacionales. Además, nos hemos comprometido a activar la modernización del entorno institucional de la empresa, a simplificar y clarificar los procedimientos de inversión, a diversificar y facilitar el acceso de las empresas, en especial de las pequeñas y medianas, a los recursos financieros, a crear los instrumentos de apoyo que sean necesarios, en términos de formación y de cualificación.

El Gobierno está, además, comprometido con la gestión del programa de privatizaciones en un marco de transparencia. Dispuesto a afectar los recursos movilizados a las acciones de modernización y de densificación de las infraestructuras. Dispuesto a conducir una política de saneamiento del sector público que le permita mejorar su funcionamiento y que le permita responsabilizarse de sus instancias de gestión y de control.

Marruecos se encuentra en el Mediterráneo, siendo uno de los socios principales de la Unión Europea, que absorbe la mayoría de nuestras exportaciones y casi dos tercios de nuestras importaciones. Cuenta con la ventaja de encontrarse en el pelotón de cabeza en la lista de cooperación económica y financiera con la UE.

Seis años después del encuentro de Barcelona, hemos constatado que esta asociación, este proyecto voluntarista y ambicioso, ha conseguido crear una dinámica eficaz. Marruecos está profundamente comprometido con los procesos de transformación interna que sus socios demandaban y apoyaban.

Estamos persuadidos por la idea de que Europa abrirá un camino hacia su mercado y que facilitará la circulación de las personas. El valor de las ventajas comparativas de los países mediterráneos, así como la satisfacción de sus necesidades, pasa por la transferencia de tecnologías. El nivel de desigualdad en su desarrollo es el precio a pagar. Son bien conocidas las fracturas entre un Mediterráneo de ricos y un Mediterráneo de pobres que alimentan las corrientes migratorias.

En el transcurso de los últimos años, a pesar de las vicisitudes, se han producido progresos sensibles en el sentido de un mayor acercamiento entre los dos países. A esto han contribuido las iniciativas trazadas en el marco de la política de cooperación, pero también las múltiples acciones de la sociedad civil y de una gran cantidad de actores en las esferas económica, social y cultural.

Tras haber sido el cuarto o el tercer socio comercial de Marruecos, España se ha colocado desde hace ya diez años en la segunda posición. España es igualmente, junto a Francia e Italia, uno de los países que han contribuido a beneficiar a Marruecos con los mecanismos de reconversión de la deuda pública. Más de 800 empresas españolas se han implantado en Marruecos.

Esta España, dinámica, creativa, resueltamente abierta al mundo, debe considerar la proximidad natural de su flanco sur como una fuente atractiva de sinergias económicas. Si Marruecos está presente de manera significativa en la balanza comercial española, es aún insuficiente frente a su capacidad, sobre todo en comparación al flujo de inversiones realizadas por España en el extranjero.

Todas las acciones emprendidas deberían contribuir a mejorar la percepción que los españoles tienen de Marruecos. Pero previamente deben salvarse los grandes obstáculos para un saneamiento irreversible de nuestras relaciones: la pesca, la agricultura y el contrabando, pero también el futuro de las plazas de Ceuta y Melilla. Nuestra voluntad es la de continuar en ese sentido.

Estamos condenados a trabajar juntos para optimizar nuestros intereses comunes y a superar serenamente nuestras divergencias. Es el respeto a nuestras diferencias y la apreciación de nuestras similitudes lo que reforzará el intercambio entre nuestras culturas. Edificando juntos un espacio de complementariedad y de solidaridad, podremos mejorar nuestras respectivas posiciones en nuestra región y en el mundo.

M. Abderrahman Youssoufi es primer ministro de Marruecos.