Bruselas lanza el primer intento de regular y coordinar la entrada de inmigrantes en la UE

'La inmigración no es un problema ni una solución. Es un hecho'. El comisario de Justicia e Interior, el portugués António Vitorino, resumió con esa frase la filosofía de la directiva que ayer puso sobre la mesa. Por eso, insistió ante los periodistas en que cada día hay más puestos de trabajo en Europa que no pueden ser cubiertos por mano de obra nacional y que, por tanto, los empresarios se ven obligados a utilizar a extranjeros.

Pero ante tal realidad, la Comisión Europea persigue que existan normas comunes de obligado cumplimiento en todos los países, aunque sigan existiendo esferas de competencia nacional, como es la citada fijación de cupos. En la directiva, denominada Condiciones de entrada y residencia de personas no comunitarias con fines de empleo, se reconoce que existe 'una necesidad económica' de inmigrantes, pero se añade que éstos no pueden ser objeto de discriminación alguna por parte de autoridades o empleadores. De hecho, prevé incluso la participación de los inmigrantes en las elecciones locales.

La norma comunitaria, que ahora debe ser examinada por el Consejo de Ministros y el Parlamento, también prevé que haya un 'procedimiento único, simplificado y transparente' para la concesión de los permisos de residencia y trabajo. Así se evitarían operaciones como la registrada en España este año con los miles de ecuatorianos a los que se les invitó a viajar a su país para tramitar los permisos legales de entrada y de trabajo.

La directiva sienta el principio de que los inmigrantes de países no comunitarios sólo podrán acceder a puestos de trabajo en la UE cuando no puedan ser cubiertos por ciudadanos de la Unión. Para eso, fija un plazo de cuatro semanas para que los empresarios que necesiten un empleado comprueben que no existe mano de obra disponible en la UE. Será a partir de ese momento cuando pueda acudir al mercado laboral extranjero respetando las normas comunitarias establecidas.

Pero la directiva incluye también varias opciones que pueden acometer unilateralmente los distintos Gobiernos de la UE. Así, autoriza programas nacionales específicos para pedir cupos concretos de trabajadores de determinado sector, como hizo Alemania o Italia en busca de técnicos de nuevas tecnologías. 'Hay un mercado mundial de cerebros', admitió ayer Vitorino. También abre la posibilidad de que los empresarios, como ya se hace en alguna región italiana, aporten fondos, en colaboración con las autoridades locales, para programas de formación e integración para candidatos a ocupar puestos de trabajo en el futuro.

El comisario Vitorino cree que, a partir de normas comunitarias como la de ayer, será más fácil luchar contra la inmigración clandestina, porque los empresarios ya no podrán acogerse al hecho de que, al no disponer de mano de obra ni de una política realista de concesión de permisos, tienen que contratar inmigrantes ilegales. 'A partir de normas como la de hoy, los Gobiernos ya no tendrán excusa para sancionar con dureza ese tipo de prácticas', asegura un portavoz de la Comisión Europea.

Vitorino reconoce que encontrará 'reticencias' en los Quince para aprobar su directiva, pero confía en los avances que se producirán en la conferencia especial sobre inmigración que se celebrará en Bélgica en octubre próximo, con participación de los Gobiernos de la UE, ONG, expertos mundiales y representantes de organizaciones de inmigrantes.