La telefonía móvil se enfrenta a la alarma social contra las antenas

Hasta septiembre, calculan en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, no se podrá aprobar en el Congreso el proyecto de real decreto con el que el Gobierno regulará los límites de exposición a emisiones radioeléctricas. En él, siguiendo las recomendaciones de la UE, se establecen unos límites máximos de emisiones muy por encima de lo que desearían los partidarios de la regulación. Esos límites no tendrán efecto en Cataluña y Castilla-La Mancha, que ya han puesto los suyos en cifras el doble de restrictivas.

Antes incluso, responsables municipales en toda España ya habían limitado la instalación o aprobado moratorias en respuesta a la inquietud de sus vecinos. Hasta mayo, según datos de la Confederación de Asociaciones de Vecinos Española (CAVE), más de cien municipios como Valencia, Barcelona, Gijón, Bilbao, Badajoz, Murcia, Orense o León han tomado iniciativas restrictivas.

El pasado lunes, un juez de Erandio (Vizcaya) puso la pelota en el tejado de las compañías, que hasta ahora se habían movido con cierta comodidad en el vacío legal. Sobre un informe médico, daba por suficientes los indicios de que las alteraciones nerviosas de una niña estaban relacionadas con la presencia de una antena enfrente de su casa. Por tanto, ordenaba retirar la antena hasta que la compañía, Airtel en este caso, demostrara la inocuidad de la misma.

Todo ello 'sin ningún estudio científico que relacione directamente las emisiones electromagnéticas con ningún tipo de enfermedad', afirma rotundamente Jesús Banegas, presidente de la Asociación Nacional de Industrias Electrónicas y de Telecomunicaciones (Aniel). Banegas plantea un conflicto de intereses: 'El derecho de algunos a tener miedo puede empezar a cercenar el derecho de otros [los usuarios] a recibir un buen servicio. ¿Quién se responsabiliza de que se generalice lo de Erandio?'.

La abogada Soledad Gallego, que lleva actualmente 15 casos como el de Erandio y calcula en 'decenas' las demandas en curso en España, recuerda que, 'con evidencias o sin ellas, la gente está sometida a unas radiaciones que están bajo investigación'. 'Por supuesto que no habrá conclusiones hasta que se puedan hacer estudios epidemiológicos dentro de varios años, pero, hasta entonces, el principio de precaución debe llevarse hasta donde se pueda, porque el miedo, con los estudios en la mano, es legítimo', afirma Gallego.Unos y otros tan sólo coinciden en la necesidad urgente de una legislación estatal que haga compatible la salud de las personas, que científicamente no está en peligro, con las nuevas tecnologías. Antoni Choy, subdirector general de Calidad Ambiental de la Generalitat, explica que se decidieron a legislar 'después de que se ocupara de ello la UE y recogiendo una preocupación ciudadana. En Cataluña había verdadera alarma social, incluso sabotajes a antenas. Aunque los estudios que hay aún no tienen credibilidad para influir en el derecho, el principio de precaución debe aplicarse siempre mientras no perjudique el interés general [garantizar la cobertura]'.

Mientras tanto, afectados como Francisco Sánchez, el presidente de la comunidad de 30 vecinos de Villaverde que el jueves puso una denuncia en los mismos términos que la de Erandio, consideran que 'daño hacen, aunque sólo sea psicológico, por el miedo y la falta de información'. Desde el Colegio de Ingerineros de Telecomunicaciones, su decano, Enrique Gutiérrez, coincide en que la falta de información es más peligrosa que las propias antenas: 'Se están haciendo muchos esfuerzos de investigación, y debemos ser capaces de transmitir eso y tranquilizar a la gente, porque dejar crecer el pánico puede suponer graves retrasos en el desarrollo de la sociedad de la información'.