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Reportaje:

Emisiones bajo control

Las comunicaciones se someten a inspección para evitar la alarma social

Las emisiones radioeléctricas, las correspondientes a las telecomunicaciones en general y a la telefonía móvil en particular, han quedado reguladas por ley en España tras un periodo de vacío legal que ha provocado cierta alarma social. Los profesionales del sector insisten en que el conocimiento de sus características es vital para evitar nuevos problemas.

Una ley que vio la luz el pasado 28 de septiembre, elaborada por los ministerios de Ciencia y Tecnología y Salud y Consumo, establece unos límites de exposición del público en general a campos electromagnéticos procedentes de emisiones radioeléctricas, acordes con las recomendaciones europeas, así como mecanismos de autorización, planificación e inspección de las instalaciones y equipos para garantizar su cumplimiento.

Largamente esperada por el sector de las telecomunicaciones, la ley es de aplicación a todas las emisiones radioeléctricas, incluidas las de radioastronomía, pero sobre todo pretende regular un sector en rapidísimo crecimiento, el de la telefonía móvil, que se basa en el aumento del número de antenas (estaciones base), especialmente en las zonas más pobladas, a medida que se despliegan las diferentes redes en un marco de competencia. Un sector que se está viendo afectado, según los ingenieros de telecomunicación, por la alarma social creada por la emisión de simples opiniones 'que olvidan los importantes esfuerzos -investigacion científica, políticas públicas en el área de la salud, normativas técnicas de seguridad de terminales e instalaciones radioeléctricas- que desde hace años se llevan realizando en organismos internacionales y en la Unión Europea', según resumen en un reciente informe sobre el tema.

Recomendación europeaLa ley recoge la recomendación hecha en 1999 por la Comisión Europea sobre límites a la exposición del público en general a campos electromagnéticos, aplicando el principio de precaución y a pesar de que, según los expertos, la evidencia científica disponible (están en curso nuevas investigaciones) no ha encontrado relación entre los campos electromagnéticos y un riesgo para la salud. En los anexos de la ley se cuantifica este marco de referencia.

A pesar de que la recomendación europea se refiere a todo el rango de frecuencias del espectro electromagnético entre 0 hercios y 300 gigahercios (300.000 millones de hercios), la ley española sólo se refiere a las emisiones radioeléctricas (o radiaciones) no ionizantes, 'emisiones de energía en forma de ondas electromagnéticas que se propagan por el espacio sin guía artificial y que sean producidas por estaciones radioeléctricas [uno o más transmisores o receptores, o una combinación de ambos] de radiocomunicaciones'. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), las frecuencias menores de nueve kilohercios no se consideran dentro de las empleadas en telecomunicaciones. Entre las emisiones excluidas están las de muy baja frecuencia (50 o 60 hercios) de las redes de distribución eléctrica de alta tensión y también las de todo tipo de motores (incluidos los de aparatos electrodomésticos comunes).

La telefonía móvil celular, la más común, se basa en una red de estaciones base (las antenas que se ven ya sobre muchas azoteas en las ciudades y sobre altos mástiles en otras zonas) que permiten al usuario conectarse en todo momento a la red a través de una de ellas (si se va moviendo, el terminal cambia automáticamente a la estación base más cercana). En las ciudades, donde el tráfico telefónico es muy grande, se recurre a células más pequeñas para garantizar la cobertura, lo que implica un mayor número de estaciones base. Sus antenas radian sólo en horizontal (omnidireccionalmente o con un haz de 60 a 90 grados) y la potencia radiada se atenúa muy rápidamente con la distancia. Los expertos señalan que la única zona donde es posible que se sobrepasen los niveles permitidos es un paralepípedo que se calcula en cada caso y que, para una sola antena de dos metros de longitud mediría menos de cinco metros en horizontal y en la dirección de radiación y unos tres metros en vertical (medio metro por debajo y por encima de la antena).

Los teléfonosLos límites de exposición se refieren también a los campos electromagnéticos producidos por los terminales, estando los teléfonos portátiles de telefonía móvil entre ellos. Como recuerdan los ingenieros de telecomunicación, 'cuando el usuario está hablando por un móvil, dado que se encuentra alejado más de 10 metros de cualquier antena, recibe mucha más energía de su propio terminal que de la estación base con la que su terminal conecta'. La energía que emite el terminal interacciona con los tejidos de la persona (fundamentalmente en la cabeza, pegada al terminal cuando se usa) y el efecto es térmico (se produce calor).

Para saber si este calor puede resultar perjudicial para los tejidos se hace un cálculo muy complicado para establecer la llamada tasa de absorción específica (SAR), que se define como la energía absorbida por unidad de tiempo y por unidad de masa y se mide en vatios por kilogramo. De ahí y de la aplicación de un coeficiente de seguridad muy alto se deduce el cuadro de niveles de referencia que no deben sobrepasar los terminales y que ya los fabricantes están cumpliendo. De todas formas, y para mayor seguridad, algunos expertos han señalado la conveniencia de que los niños no utilicen frecuentemente los teléfonos móviles.

El principio de precaución ante el riesgo

Antes de regular por ley las emisiones radioeléctricas, el Ministerio de Sanidad y Consumo convocó este año una comisión de expertos para evaluar el posible riesgo para la salud de los campos electromagnéticos. 'A la luz de los conocimientos científicos actuales, se puede afirmar que la exposición a los campos electromagnéticos no ocasiona efectos adversos para la salud, dentro de los límites establecidos en la recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea (1999/519/C), relativa a la exposición del público a campos electromagnéticos de 0 hercios a 300 gigahercios, y que el cumplimiento de la citada recomendación es suficiente para garantizar la protección sanitaria de los ciudadanos', fue la conclusión principal del grupo de expertos. Los expertos recomendaron aplicar a las emisiones radioeléctricas los dos principios de gestión de riesgo más conocidos, el principio de precaución y el principio ALARA (siglas en inglés de as low as reasonably achievable o 'al valor mínimo que permita la tecnología disponible'), en línea también con la Unión Europea. Además, recomendaron que se informe al público, se prosiga con las investigaciones, y, respecto a la telefonía móvil, que se establezcan procedimientos de medida de las emisiones en los terminales (teléfonos) más precisos y mejorar los procedimientos para que no se alcancen los valores máximos de exposición recomendados en las zonas de permanencia continua en las cercanías de las estaciones base. Recordaron asimismo que el mayor riesgo asociado a la telefonía móvil es el que conlleva utilizarlo mientras se conduce. Desde el año 2000 El principio de precaución, aplicable a todo tipo de riesgos, incluidos los alimentarios, no se adoptó oficialmente en la Comisión Europea hasta febrero de 2000 y en diciembre del mismo año se aprobó la resolución oficial sobre el mismo, como recoge el informe realizado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Este principio supone el principal mecanismo de gestión del riesgo y su aplicación se debe basar en un análisis de los beneficios potenciales y los costes de la intervención o no intervención de los poderes públicos y estar sujeta a revisión a la luz de nuevos datos científicos. Además, debe atribuir la responsabilidad de proporcionar la evidencia científica necesaria para una evaluación del riesgo exhaustiva. Debe ser consistente con las medidas ya adopatadas y proporcional al nivel de protección elegido.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 31 de octubre de 2001

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