Montesinos asegura que tiene 30.000 vídeos para hundir a toda la clase política peruana

La ceremonia de la confusión promovida por el preso arrancó ya desde el Palacio de Justicia de Lima. El chantajista recuperó en su celda parte del aplomo y sangre fría, tuteó a sus guardianes y les llamó por su nombre tratando de intimidar o de demostrar autoridad y tentáculos. "He trabajado seis meses para Hugo Chávez y negocié la entrega", habría declarado a los fiscales.

La imputación es aviesa porque las relaciones bilaterales entre Perú y Venezuela acusan enfriamiento a partir de la disputa entre sus respectivas policías sobre la captura del ex asesor de Alberto Fujimori en asuntos de espionaje.Perú la atribuye al FBI y a sus propias pesquisas, y el Gobierno venezolano niega complicidades con el fugitivo y cualquier intervención exterior en el apresamiento.

El reo culpó a Keiko Sofía Fujimori, hija del ex presidente, de haber labrado la desgracia del régimen mediante la sustracción de un vídeo que exhibe al congresista opositor Alberto Kouri vendiéndose al Gobierno por 15.000 dólares (casi tres millones de pesetas), desembolsados por Montesinos. Supuestamente, y para facilitar que su padre pudiera desembarazarse de su asesor, entregó el documento a su madre, Susana Higuchi.

El dirigente del Frente Independiente Moralizador (FIM) Fernando Olivera fue el encargado de divulgarlo y la onda expansiva alcanzó a todos. Los vídeos, habría dicho, son su seguro de vida, la baza para negociar la libertad de su esposa, hija y hermanos. Las fiscales Ángela Bascones y Jimena Cayo, vejadas en el ejercicio de la judicatura por oponerse a una satrapía que durante ocho años reclamó el nombre de democracia, tomaron los primeros testimonios del inculpado. "Yo estaba acabando de redactar sus generales de ley [nombre, años, profesión, etcétera] cuando me dijo: 'Doctora, ¿quiere usted ver más vídeos? Tengo 30.000", comentó Bascones. "Yo seguí con lo mío y él continuó hablando del tema". La misma invitación fue cursada a la fiscal Cayo. "Hasta ahora, sólo se han divulgado vídeos desde el año 1998, pero yo tengo desde 1990", amenazó. "Aunque sólo tenga 500, puede hacer mucho daño", dice la magistrada.

El ingeniero agrónomo Alberto Fujimori ganó las elecciones presidenciales de 1990, pero, argumentando la necesidad de extirpar de raíz los vicios de la democracia, encabezó un autogol-pe el 5 de abril de 1992. Los tanques tomaron Lima, el Congreso quedó disuelto, la judicatura fue arrasada y casi todos los medios de comunicación fueron sometidos. El triunvirato Fujimori-Fuerzas Armadas-Montesinos construyó un pluralismo de opereta, forjó complicidades para garantizar la impunidad del cartel y el erario público fue saqueado a fondo. El capo de los servicios de espionaje entre rejas almacenó la documentación comprometedora y casi todos los actos de corrupción fueron grabados.

La justicia dispone de 2.000 vídeos incautados en una de sus viviendas en octubre pasado, mes en que huyó del país. La Fiscalía de Perú remitió al Congreso 154 nuevas filmaciones ilegales y 24 cintas con espionaje telefónico. En una de ellas figura el presidente del Consejo de Administración del Canal A, Domingo Palermo. Otros comprometen al legislador Víctor Joy, implicado en comisiones ilegales por una concesión a dedo a una empresa china, y archivan una conversación del ex primer ministro japonés Ryutaro Hashimoto.

"Medio país, con las maletas"

Un vídeo dice: "Señor americano, caso Baruch (empresario de televisión). Habría que vigilar el aeropuerto, porque medio país estará haciendo las maletas", recomendaba, con sorna, un general retirado.

Esparciendo cargos a diestro y siniestro, Montesinos acusó al ex gobernante prófugo en Tokio de haberle ordenado filmar todas las reuniones desarrolladas en la sede del Servicio de Información Nacional (SIN). Los vídeos se filmaron "por disposición del presidente Alberto Fujimori, mediante una orden ejecutiva", declaró ante la magistrada Carmen Rojasi, de la Oficina de Control de la Magistratura. Administrando a capricho las miserias ajenas, amagando con echar mano del arsenal fílmico, fue posible amedrentar, eliminar obstáculos y dirigir sentencias, leyes, contratos y comisiones. Sergio Salas, presidente de la Corte Superior de Lima, contra cuya honra atentó el inculpado durante sus años de poder, le negó el saludo. "Le rechacé la mano. Quiso hacer análisis políticos, pero le dije que éste es un proceso penal".