El año en que la economía empañó la mayoría absoluta

El Gobierno ha disfrutado en el último año de una cómoda mayoría absoluta que le ha permitido gobernar sin necesidad de pactar sus reformas con nadie. A pesar de ello, y de los acuerdos en algunos asuntos a los que ha llegado con la oposición socialista, el Ejecutivo se ha enfrentado a múltiples problemas con suerte dispar. Aunque su presidente, José María Aznar, tratará de vender en el debate todos los logros de su Gobierno, el siguiente análisis de algunos aspectos demuestra que no todo han sido luces.

ECONOMÍA

El 'milagro' pierde gas y la inflación se dispara

El balance económico de estos 12 meses de legislatura presenta un perfil muy diferente al que cerró los primeros cuatro años del Gobierno del PP. En aquellos momentos la economía creció a un ritmo superior al 4%, la inflación registró un mínimo histórico del 1,4% a finales de 1998 y se crearon casi 1,5 millones de empleos. El milagro se redujo a un acontecimiento (la incorporación de España al euro y el descenso de los tipos de interés que produjo el haberse enganchado a los países más saneados de Europa) y a una decisión política, la rebaja del IRPF y los 800.000 millones que inyectó en los bolsillos de los contribuyentes.

La desazón por la ofensiva terrorista se ha visto parcialmente compensada por la detención de 115 personas vinculadas a ETA y la firma del pacto con el PSOE

Pero el pasado año llegó la crisis del petróleo y la economía española empezó su derrapaje. España está entre los países del euro que peor han asimilado la espectacular subida de los precios del crudo. La inflación ha duplicado el objetivo oficial (2%) y se encuentra en el 4,2%, el nivel más alto desde 1995; es decir, antes del primer Gobierno del PP.

El ritmo de crecimiento económico se desacelera -aunque aún mantiene un más que aceptable 3,7%- y amenaza con formar la peor de las tenazas: un ritmo de actividad que languidece y una inflación fuera de control. Las medidas liberalizadoras adoptadas en junio de 2000 se han demostrado excelentes en el papel pero con dificultades prácticas considerables.

El ritmo de creación de empleo también se desinfla. Desde el 5,3% en que aumentaba el número de puestos de trabajo creados durante el primer trimestre de 2000, hasta el 2,8% de los primeros meses de 2001. La tasa de paro apenas ha mejorado 1,6 puntos en ese periodo (del 15% hasta el 13,4% de la población activa).

El Gobierno hace gala de una saneada gestión presupuestaria que piensa coronar este año con el equilibrio o déficit cero. Los anteriores años de fuerte crecimiento del consumo, las subidas de las gasolinas y las elevadas importaciones han mantenido las arcas del Estado a rebosar. Si a eso se suma la contabilidad creativa en el gasto, se explica este otro milagro.

Ahora la tendencia de los ingresos ha cambiado por la desaceleración económica y los gastos crecen a mayor ritmo del previsto, pero a nadie le cabe duda de que el Gobierno hará todo lo posible para que este año le cuadren las cuentas. Ésta es la condición para una nueva rebaja de impuestos al final de la legislatura.-

LUCHA ANTITERRORISTA

Crece la ofensiva de ETA

ETA ha marcado indefectiblemente la agenda del Gobierno. Desde que el 21 de enero del año pasado la banda rompió la tregua con el asesinato del teniente coronel Pedro Antonio Blanco en Madrid, los terroristas han mantenido un pulso constante con la sociedad española. ETA ha asesinado a 31 personas en los 71 atentados que ha perpetrado desde entonces, muchos de ellos afortunadamente fallidos. La desazón por la ofensiva terrorista, especialmente intensa durante el verano, se ha visto parcialmente compensada con la detención de 115 miembros o colaboradores de ETA, el cerco a la llamada trama civil de la banda y con la firma del pacto antiterrorista con el PSOE.

La organización terrorista, desde el momento en que rompió la tregua que reinó durante 1999, demostró que su intención era forzar al máximo su máquina de matar con la filosofía de cuanto peor, mejor y el objetivo de romper la política de firmeza del Ejecutivo, que ha apostado claramente por la vía policial como único método para acabar con la violencia.

ETA, además, apostó por abrir el abanico de sus objetivos, por lo que llama socializar el sufrimiento, para que nadie se considerase a salvo: militares, miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, empresarios, políticos socialistas y del PP, periodistas, fiscales, magistrados, funcionarios de prisiones y a todo aquél que, de una forma u otra, hubiera apostado por las vías de diálogo para acabar con el conflicto vasco, como se demostró con los asesinatos de José Luis López de Lacalle, Juan María Jáuregui o Ernest Lluch.

Ni siquiera la derrota electoral sufrida por Euskal Herritarrok en las últimas elecciones vascas ha llevado a ETA a un mínimo de reflexión ni a su entorno político a replantearse su silencio cómplice con los atentados. Simplemente se agarran a que los nacionalistas han ganado a los constitucionalistas.-

JUSTICIA

El año del pacto

El flamante Pacto por la Justicia diseñado se vio enturbiado por el indulto 'milenarista' al ex juez prevaricador Javier Gómez de Liaño. El ministro de Justicia Ángel Acebes ha hecho una cuestión de honor de la reincorporación de Liaño a la carrera judicial, plantado cara a la Sala Penal del Tribunal Supremo y llevando el caso hasta un tribunal especial de conflictos, que ha dictaminado que el ex juez podrá reingresar, pero sólo cuando cancele sus antecedentes penales, en 2005.

El Pacto contiene un extenso catálogo de buenas intenciones, deja casi inalterado el statuto quo en las cuestiones más controvertidas -el nombramiento del Consejo del Poder Judicial sigue siendo controlado por el Parlamento y no se prevén cambios en el sistema de jurado ni en los turnos de acceso de juristas a la carrera sin oposición- pero abre un grifo de 250.000 millones de pesetas adicionales que han sido acogidos de forma entusiasta por todos los estamentos implicados. Las prisas por dar lustre al Pacto nombrando el nuevo Consejo en poco más de un mes está provocando una caótica designación de candidatos por parte de las asociaciones de jueces y la práctica imposibilidad de presentarse por parte de los que no están asociados.-

INMIGRACIÓN

Una política con freno y marcha atrás

Durante la campaña electoral, Aznar presentó la reforma de la Ley de Extranjería como un conjuro contra el 'efecto llamada' que, según él, ejercía la norma vigente. Su planteamiento le rindió una importante plusvalía de votos y ha marcado la labor del Ejecutivo, que durante los últimos seis meses se ha visto obligado a rectificar casi todas sus medidas al poco de adoptarlas.

El Gobierno renunció al consenso para sacar adelante una Ley que niega a los inmigrantes los derechos de asociación, reunión, manifestación, sindicación y huelga, y que fue recurrida de inmediato ante el Tribunal Constitucional. La realidad demostró pronto que era de difícil aplicación: los sin papeles se manifestaron y encerraron por toda España ante la impotencia de la Administración, que además carecía de medios para llevar adelante la deportación de miles de irregulares. Para justificar esta situación, el Ejecutivo ha argumentado que éste es un 'un período transitorio' hasta la entrada en vigor del Reglamento que desarrolla la Ley, cuya aprobación debe producirse antes del 23 de julio.

No es éste el único punto en el que el Gobierno se ha visto obligado a dar marcha atrás. Tras negarse a financiar el Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración en España, conocido como Plan Greco, tuvo que recurrir al Consejo de Ministros para dotarlo con 37.000 millones de pesetas. Después de dar por cerrado 'el último' proceso de regularización de extranjeros ha tenido que abrir nuevas vías para documentar a los que había rechazado. Luego de embarcar a 25.000 ecuatorianos en un periplo de ida y vuelta a Quito si querían obtener papeles, deshizo la operación cuando sólo habían viajado 4.000 y el Estado había gastado 400 millones.

La firma de convenios con Ecuador, Colombia, Polonia y Nigeria y la apertura de otro proceso de regularización impulsado por el nuevo ministro del Interior, Mariano Rajoy, para todos los extranjeros que se hallen en España desde antes del 23 de enero de este año son las últimas medidas emprendidas por el Ejecutivo. Entre tanto, continúa creciendo la llegada de inmigrantes: sólo las entradas en patera aumentaron un 10% en los últimos cinco meses.-

ASUNTOS EXTERIORES

Mayor presencia, más conflictos con los vecinos

El primer año de esta segunda legislatura del PP ha sido un año de claro avance de España en la escena internacional pero también de crecientes conflictos con los países de su entorno más inmediato, especialmente de Europa. Concluye, además, por razones ajenas al guión, con un ministro de Asuntos Exteriores lastrado de problemas judiciales cuando España está a punto de asumir la presidencia de la Unión Europea, el próximo 1 de enero.

La confirmación del inicio de una relación preferente con EE UU, que George Bush ha querido subrayar eligiendo Madrid como primera etapa de su primera gira europea, y la consolidación del papel del Gobierno español como interlocutor importante en Oriente Próximo, reflejado en el continuo ir y venir a España de los protagonistas del conflicto, son los principales elementos de activo que puede exhibir Aznar. Pero el pasivo de su política exterior es también voluminoso: deterioro de las relaciones con Francia y Alemania; vuelta a la cara de perro con el Reino Unido por el problema de Gibraltar; desencuentro con Portugal, cuyo primer ministro, Antonio Guterres, llegó a evocar en la cumbre de Niza el fantasma de un hegemonismo ibérico español; tensión abierta con Marruecos por la inmigración y el fracaso de las negociaciones pesqueras... Aunque muchas de estos roces han sido consecuencia directa de decisiones y declaraciones suyas, que el canciller, Josep Piqué, ha tenido que matizar luego, Aznar no admite que esté aislado y atribuye a maniobras interesadas esta visión de las cosas.-

SANIDAD

Crecen las listas de espera

La ministra de Sanidad y Consumo, Celia Villalobos, empezó su mandato enfrentándose al problema de las listas de espera en cirugía cardiaca, que resultó ser sólo la punta del iceberg. Pese al plan de choque organizado, en mayo tuvo que reconocer, ante la insistencia de la diputada socialista Matilde Valentín, que han aumentado un 72% los pacientes que esperan más de seis meses una operación en el Insalud.

El incremento del gasto farmacéutico, que a finales de año, recién implantado el decreto de precios de referencia, bajó del 10% por primera vez en la última década, gracias a la rebaja en el precio de los medicamentos recetados y la introducción de los genéricos, se mantuvo durante el primer trimestre del año, llegando al 5% en marzo, según anunció Villalobos en el Senado. Pero fuentes de la industria indican que la tendencia se ha invertido, y que el crecimiento de la factura en medicamentos vuelve a superar el 10% anual. Además, los fabricantes señalan que el uso de genéricos, lejos del objetivo del 5% del Gobierno, está descendiendo, y en mayo apenas superó el 3% del total. El Plan Integral de Estabilidad del Sistema Nacional de Salud que debe fijar el marco que permita luchar contra el incremento creciente de este gasto, que se lleva el 25% del presupuesto total de Sanidad, se ha retrasado hasta después del verano.-

MEDIO AMBIENTE

Pasó el Plan Hidrológico

El Gobierno de Aznar se dedicó los cuatro años de su primera legislatura a preparar un Plan Hidrológico que luego guardó en un cajón. De ahí lo sacó, ya con mayoría absoluta, para hacerle recorrer los trámites parlamentarios como un meteoro. Se presentó en septiembre de 2000 y se ha aprobado antes de acabar junio, justo a tiempo para que el presidente pueda incluirlo en el paquete de 'objetivos cumplidos' esta semana ante el Parlamento. Los obstáculos que parecían insalvables estaban en Tarragona y Aragón, cuyos habitantes siempre han estado en contra de travasar agua del río Ebro. Los vecinos del Delta porque temen que se agrave la salinización del río si pierde caudal y los aragoneses porque arrastran décadas de promesas incumplidas para el aprovechamiento del agua en su propia región y observan cómo el Estado prodiga inversiones en territorios más ricos.

En ninguna de estas regiones gobierna el PP, de manera que el plan, como dijo el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, se aprobaría como 'un paseo militar' y 'por cojones'. Así ha sido. Los socialistas propusieron un plan alternativo y buscaron el acuerdo, pero el PP no se avino a razones. El Gobierno ha salvado la cara de CiU, su socio, con promesas para paliar la salinización del Delta y no cerrar la puerta a un futuro trasvase del Ródano. Además, se labró el apoyo de las comunidades socialistas de Extremadura y Castilla-La Mancha. Según Juan José Laborda, portavoz del PSOE en el Senado, esto se logró mediante el chantaje: 'Aceptas lo que te ofrezco porque sino no podría darte lo que te corresponde'. Aragón, los ecologistas y las comarcas del Delta del Ebro han prometido luchar para que el trasvase de 1.050 hectómetros cúbicos del Ebro hacia Barcelona y la costa mediterránea hasta Almería nunca se haga.-

EDUCACIÓN

Propuestas y polémicas

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, estrenó la legislatura con una lluvia de propuestas de reforma, acogida con recelo por la oposición y los sindicatos y con asombro por los nacionalistas. En los últimos meses de 2000, promovió a toda prisa la modificación de la parte de los contenidos de la educación secundaria y del bachillerato que marca el Estado. Se trataba de poner en marcha la iniciativa encargada por Aznar de homogeneizar y concretar los temarios que estudian los alumnos en los institutos de toda España e impulsar el aprendizaje de las humanidades. Los cambios salieron adelante con un apoyo de los socialistas y las críticas de buena parte de la comunidad educativa.

Aquellas protestas de los últimos meses de 2000 se han repetido a lo largo de este año desde que el Ministerio de Educación ha empezado a trabajar en dos leyes: la de FP y la universitaria. Con esta última, la ministra se ha dado de bruces con la oposición de los rectores, que a día de hoy, con el anteproyecto de la ley ya sobre la mesa, no están conformes con los cambios introducidos. Del Castillo ya ha anunciado a bombo y platillo el fin de la prueba de selectividad, recibida con una mezcla de escepticismo y alegría por una parte de los estudiantes y críticas, por otra parte, al nuevo modelo que planea la ministra: un examen por universidades y una reválida al final del bachillerato. Una reforma, aún en ciernes, que promete un segundo año de legislatura aún más polémico. -