Palabra de presidente

La mayoría absoluta del PP ha permitido al Gobierno legislar menos, y más a su gusto, en el primer año de esta segunda legislatura que hace cuatro, cuando, en mayoría minoritaria, se encontraba presionado por sus socios nacionalistas, de CiU y PNV. En estos doce meses el Gobierno ha aprobado 34 proyectos de ley frente a 62, y 19 decretos-leyes frente a 22 en el mismo período de la primera legislatura. No obstante, entre las leyes aprobadas figuran proyectos tan importantes como la Extranjería, la Estabilidad Presupuestaria y el Plan Hidrológico Nacional. También ha cerrado el Pacto de la Justicia, pero no ha logrado consumar otros proyectos institucionales de calado como la financiación autonómica y de los partidos o la regulación de televisiones, entre otros.

Se aprobó el Plan Hidrológico, pero levantó ronchas incluso en el PP

Es una evidencia que el Gobierno ha cambiado su comportamiento en esta segunda legislatura porque las reformas que valoró más acuciantes las abordó en la primera, y, en segundo lugar, porque al carecer de la presión de sus socios nacionalistas ha podido administrar libremente los compromisos contraídos en su programa electoral y en el discurso de investidura de José María Aznar.

De ahí que el Gobierno, en el mismo período de tiempo -de primeros de mayo a 14 de junio en el primer año de ambas legisla-turas-, también ha podido administrar a su gusto sus proyectos. Así, leyes importantes para sus anteriores socios nacionalistas -como la financiación autonómica o la reforma del Senado- que las hubieran impuesto de ser decisivos, como hace cuatro años, se están negociando aún.

Esta actitud del Ejecutivo contrasta con el del inicio de su primera legislatura en la que estableció como prioridad abordar leyes que afectaban al desarrollo autonómico, como la LOFAGE (Ley Orgánica de Funcionamiento de la Administración General del Estado), la primera de todas y que supuso la supresión de los gobernadores civiles, o la financiación autonómica, que le siguió, acuciado por la presión nacionalista.

En contraste, esta legislatura ha arrancado con un proyecto polémico y de gran trascendencia social, la revisión de la Ley de Extranjería, en la que ha fracasado en su pretensión de consensuarla con el PSOE, al reducir los derechos de los inmigrantes respecto al proyecto anterior, y que ha flexibilizado inmediatamente por vía reglamentaria en medio de la confusión por un fenómeno reciente en España.

Ha continuado con sus proyectos económicos. Si hace cuatro años la estrella para Aznar fue lograr que España cumpliera las condiciones para entrar en el euro, en esta ocasión ha legislado el objetivo del déficit cero con la Ley de Estabilidad Presupuestaria que el presidente del Gobierno situó en el frontispicio de su discurso de investidura hace 13 meses, acompañado de medidas liberalizadoras que también anunció.

Ha aprovechado el arranque de su legislatura con mayoría absoluta para abordar un proyecto histórico que el PSOE no culminó en sus más de 13 años de Gobierno: el Plan Hidrológico Nacional. Aznar planteó este proyecto como un reto del PP a la capacidad de cohesión territorial del PSOE. Al final, ha sido Aznar quien ha dejado más plumas. No sólo no lo ha pactado con el PSOE. Se ha encontrado, además, con una rebelión en Aragón, que ha afectado al PP en esa comunidad y en la catalana.

Es en el área de Justicia donde Aznar ha legislado más y donde ha culminado con éxito un pacto de Estado con el PSOE que le garantiza su desarrollo. Proyectos como la agilización de la Administración de Justicia, la Ley del Menor o la regulación del estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal figuran entre las primeras decisiones del Gobierno. A ellas hay que añadir las nuevas regulaciones del derecho de petición y de asociación.

También cerró un Pacto Antiterrorista con el PSOE, pero fue más el resultado del empeño del secretario general socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, que del propio Aznar.

Sin embargo, Aznar ha relegado reformas institucionales de envergadura, que implican un mayor control sobre el Gobierno y requieren pactos con la oposición como la regulación electoral, la de financiación de los partidos, la de televisiones y radios, la reforma de los reglamentos del Congreso y Senado, que siguen empantanadas un año después de la investidura. Lo mismo sucede con la financiación autonómica, donde encara la negociación con el PSOE a sólo tres meses de cerrarse el plazo para su renovación.

Ha cumplido con el adelanto de la supresión de la mili, pero ha reabierto un cúmulo de problemas a causa de su imprevisión. Ha creado el Consejo de Política Exterior, pero a sólo seis meses de su presidencia de la Unión Europea la encara con un distanciamiento con sus principales socios europeos y con una crisis añadida al recaer sombras de sospecha sobre su ministro de Exteriores, Josep Piqué, en un asunto como el de Ercros, reavivado en los tribunales.