Tiempo de divorcios

Tras cuatro años de idilio con los sindicatos, con la mayoría absoluta del PP llegó la ruptura. El detonante fue la reforma laboral impuesta desde el Ejecutivo sin que los agentes sociales llegaran a un acuerdo. Pero la estrategia del Gobierno consiguió lo que nadie esperaba: tensó tanto la cuerda que acabó logrando al poco tiempo que, por primera vez en 13 años, se rompiera la unidad sindical. La reforma de las pensiones que siguió a la reforma laboral contó sólo con el apoyo de Comisiones Obreras. Por eso, y también por primera vez, la valoración de los dos grandes sindicatos de este último año no es sólo muy distinta a la de la patronal, sino casi opuesta.

Cándido Méndez, secretario general de la UGT, asegura que 'el Gobierno ha actuado con prepotencia' y que definitivamente se ha colocado 'en total sintonía con los intereses de la patronal'. El cambio fundamental que ha visto Méndez es que el diálogo social, lema de José María Aznar en la anterior legislatura, se trata de utilizar ahora sólo como 'aval de las decisiones del Gobierno'. Es decir, que el Ejecutivo ya no negocia, decide qué reforma quiere hacer y trata de imponerla, por la buenas -con las pensiones lo ha logrado con CC OO- o por las malas -como la reforma laboral-.

Mientras, la valoración de José María Fidalgo, secretario general de Comisiones Obreras, tiende a buscar más luces, además de las sombras, en la gestión del Gobierno. Él también ha visto un claro cambio de talante en el Ejecutivo, pero no lo achaca a la mayoría absoluta, sino a las 'prioridades' que ha establecido. Y la más importante de ellas es la de la inflación, uno de los grandes protagonistas de esta legislatura. 'La liberalización que prometió el Gobierno ha sido un auténtico fracaso', dice Fidalgo, que ve este problema como la verdadera causa del desboqueo de los precios. En lo que sí coinciden los dos sindicatos es en echar la culpa a la patronal de casi todo lo que ha ido mal en el último año. Primero porque no quisieron pactar la reforma laboral, y luego porque no se aplican el cuento y no reinvierten los beneficios en las empresas, con lo que contribuyen a la 'ineficiencia' de la economía y al aumento de la inflación.

Los empresarios se defienden y se muestran muy satisfechos con la gestión del primer Gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta. Juan Jiménez Aguilar, secretario general de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), cree que durante el último año 'se han dado pasos en la buena dirección'. Y se refiere especialmente a la reforma laboral, que sirvió para flexibilizar el mercado y, según los empresarios, para 'crear más empleo y más estable'.

Los sindicatos están básicamente de acuerdo en el análisis de la situación: la economía comienza a dar síntomas de debilidad, y vienen tiempos duros porque el Gobierno ha decidido que para mejorar la competitividad española y parar la inflación hay que atacar a la parte más debil: los salarios de los trabajadores. Y ello, sumado a la 'flexibilidad al máximo sin contrapartidas' del mercado laboral. Y además, el Ejecutivo ha demostrado que todas esas reformas se harán con o sin la aprobación de los sindicatos, lo que implica un cambio de tendencia radical. Los sindicatos también coinciden en señalar que el mayor problema de los trabajadores ahora mismo es la precariedad, ya que España siga ocupando un lugar privilegiado en el récord de la UE respecto a la temporalidad.

Pero lo que crea el conflicto entre los dos sindicatos es la forma de enfrentarse a estos tiempos duros. Mientras la UGT defiende que la única salida es la huelga general, Fidalgo dice que no ha llegado aún el momento de usar esa medida extrema.

Dentro de muy poco, los sindicatos tendrán una nueva prueba de fuego. El Gobierno pretende reformar los convenios colectivos para reducir su poder. Y ahí, en principio, las centrales están de acuerdo. No sólo por la importancia que tienen para los trabajadores -'Con ellos se deciden los ingresos de 10 millones de familias, tienen más importancia que la política fiscal, se gestiona el 40% del PIB', explica Méndez- sino porque la negociación de los convenios es la base del trabajo de los sindicatos. Méndez confía en que, si el Ejecutivo mantiene el mismo talante, se olvide el año de la ruptura sindical para entrar en el de la huelga general. Fidalgo prefiere esperar a la negociación.

Inmigración

Además de la ruptura con los sindicatos, el otro gran problema social que marcará el primer año de la mayoría absoluta del PP es la explosión de la inmigración. Sólo a partir de la nueva Ley de Extranjería, este asunto comenzó a aparecer citado en las encuestas del CIS como uno de los problemas que más afectan a los españoles. Las asociaciones que defienden a los extranjeros creen que eso obedece a una estrategia claramente diseñada desde el Ejecutivo.

Nuria Vives, portavoz de SOS Racismo, asegura que durante esta legislatura el Gobierno ha mantenido un 'discurso alarmista' con la intención de convertir a los inmigrantes en un 'problema de orden público' que hay que solucionar con medidas policiales.

Esto significa un cambio radical con la línea anterior. Y sobre todo una marcha atrás. Porque, según Vives, se ha logrado que la opinión pública asocie inmigrantes a 'ilegales' y por tanto algo negativo, olvidando la contribución de todos los que ya trabajan en España desde hace años. Por eso ya han quedado descartadas otras reivindicaciones, como el derecho al voto o la reagrupación familiar. La nueva ley, además, sólo logra 'crear más ilegales y contribuir al negocio de las mafias'.

Desde que el responsable de Interior pasó a ser Mariano Rajoy, la situación, para SOS Racismo, ha empeorado. Porque se dedica a establecer 'parches' y soluciones muy concretas a los 'defectos' de la Ley de Extranjería que sólo sirven para 'crear confusión' entre la ciudadanía. La consecuencia inmediata es la 'desmovilización' de la opinión pública que se solidariza con los inmigrantes, que están cada vez más solos.