'Vacas locas', un problema sin resolver

El problema de las vacas locas supuso un enorme quebradero de cabeza para el Gobierno que sólo el tiempo hizo olvidar, nunca resolver. El Ministerio de Agricultura hizo notables esfuerzos por ocultar el asunto. Por un lado, el departamento que dirige Miguel Arias Cañete sabía que las harinas cárnicas prohibidas, los productos que transmiten esa enfermedad entre el ganado vacuno, se estaban usando ilegalmente, y no lo hizo público.

Por otro, el ministerio tardó más de tres meses en reconocer la existencia de la primera res afectada en España: desde el 31 de agosto, cuando el veterinario del matadero de Montellos (A Coruña) detectó síntomas sospechosos en la vaca Elvira -el diagnóstico fue confirmado confidencialmente por el laboratorio de referencia de Zaragoza un mes después- hasta el 7 de diciembre, cuando el ministro reconoció por fin que el caso era positivo, y ello sólo después de que hubiera aparecido otro animal enfermo, ya imposible de ocultar.

Pese a la actitud opaca del Gobierno, muy criticada por Bruselas hasta diciembre de 2000, la crisis de las vacas locas sólo se ha cobrado una víctima política en la Administración central: el director general de Ganadería, Quintiliano Pérez Bonilla, que dejó su cargo en enero. El cese ocurrió tras hacerse público que la familia de Pérez Bonilla tenía intereses en el sector ganadero y de piensos, pero fuentes próximas al ministro han reconocido en privado que estaba muy descontento con la actitud de su director general, al que consideraba el principal responsable de los intentos de ocultación de la crisis. Desde diciembre, la política del ministerio se hizo mucho más transparente y decidida al respecto, y las críticas se desplazaron hacia la titular de Sanidad, Celia Villalobos, cuyas repetidas e imprudentes declaraciones -filetes de ganga, mataderos ilegales, huesos para el caldo- la colocaron en el ojo del huracán político.