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Bruselas amplía hasta el 15 de julio el cierre de fronteras para las zonas con peste porcina

El juez llama a declarar como imputados a los propietarios de tres explotaciones de Lleida

El Comité Veterinario había decretado el pasado día 14 de junio el cierre de fronteras para cerdos vivos, semen, óvulos y embriones porcinos procedentes de Cataluña hasta el 30 de junio. La revisión de estas medidas, adoptada ayer, amplía el plazo hasta el 15 de julio, aunque unos días antes, el 10, revisará tales medidas a la luz del desarrollo de la epidemia. Mientras tanto, responsables de Unió de Pagesos exigían a la Generalitat más diligencia en las investigaciones para averiguar el origen del brote, ya que temen que la ocultación de datos pueda contribuir a la expansión de la epidemia. Parecidos temores expuso el consejero de Agricultura, Josep Grau.

La peste porcina clásica es enormemente contagiosa. El ministro español de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha informado esta semana de que el brote proviene del Este de Europa. El Comité Veterinario Permanente, sin embargo, espera el resultado definitivo de la investigación española sobre este asunto.

Nombrado un fiscal especial experto en delitos contra la salud pública

Precisamente, los ministros europeos de Sanidad examinaron el pasado martes en el seno del Consejo de Agricultura de la Unión Europea la propuesta de directiva sobre la peste porcina clásica. En ella se imponen obligaciones muy parecidas a las que ya se están adoptando, como el establecimiento de zonas de protección de un mínimo de tres kilómetros en torno al foco de peste y de zonas de vigilancia de un mínimo de 10 kilómetros a la redonda. El control será especialmente exhaustivo en la zona de protección, donde toda persona que entre y salga deberá observar las medidas higiénicas pertinentes y serán especialmente desinfectados los vehículos de transporte de cerdos y otros productos sospechosos de estar contaminados.

Además, se han de sacrificar todos los cerdos de la explotación en la que se haya detectado un caso de peste, no se permitirá la entrada de otros animales en las explotaciones y se inmovilizará a todos los cerdos hasta 30 días después de efectuadas las operaciones de limpieza y desinfección.

En la zona más amplia de vigilancia, los movimientos de los animales vivos quedan restringidos mientras se censan todas las explotaciones porcinas y la salida de cerdos deberá esperar hasta 21 días después de las operaciones de limpieza. Tal salida, tanto desde la zona de protección como de vigilancia, deberá producirse sólo hacia el matadero señalado por las autoridades competentes.

El laboratorio estatal de referencia confirmó ayer la presencia de la epidemia en la granja de Penelles (Noguera) donde el jueves ya se sacrificaron los 3.000 cerdos que había y en dos explotaciones más, de Golmés y Mollerussa, con lo que son ya seis las explotaciones de la provincia de Lleida afectadas por la peste porcina: una de Soses, dos de Golmés, una en Mollerussa, otra en Vilanova de l'Aguda y la de Penelles. Hasta ahora se han sacrificado 23.000 cerdos, en cumplimiento de la normativa vigente, para evitar que la epidemia se propague.

Mientras tanto, la maquinaria policial y judicial se ha puesto a trabajar a fondo para desenmascarar a los responsables de introducir la peste porcina clásica en Cataluña a través de unas supuestas importaciones de lechones enfermos de algún país del este de Europa.

Los Mossos d'Esquadra han empezado a tomar declaración como inculpados a los ganaderos sospechosos y la Fiscalía de Lleida ha designado como fiscal especial del caso a Eduardo Piedrabuena, un experto en delitos contra la salud pública, para que a partir de este momento se dedique exclusivamente a investigar la trama de la entrada clandestina de cerdos.

El fiscal ha pedido al juez, que ha abierto diligencias tras la denuncia presentada por el Departamento de Agricultura, que cite a declarar como imputados en un presunto delito de contrabando y falsificación documental a Amadeo Roig, Sebastià Bonjoc y Jaume Besora, propietarios de las granjas de Soses (Segrià), Golmés (Pla d'Urgell) y Vilanova de l'Aguda (Noguera) donde se declararon los tres primeros focos de peste.

También ha citado como imputados a los responsables de las empresas integradoras que les suministraron los cerdos, Piensos ARB, Piensos Gatnau y Picber, y a los camioneros que transportaron los animales de una explotación a otra.

Los primeros en declarar ante la policía autonómica han sido los gerentes de Piensos ARB, Piensos Gatnau y Picber, quienes han negado haber importado cerdos y, por tanto, ser los responsables de la llegada de la peste. Fuentes judiciales han señalado que los testimonios de estas personas y los análisis de la documentación requisada en sus explotaciones pueden ser claves para identificar a los responsables de importar los lechones y determinar el itinerario que siguieron desde que entraron por la frontera hasta que llegaron a las granjas donde se han producido los brotes de peste.

Los empresarios aseguran que los cerdos nacieron en sus granjas. 'Son unos animales que tienen carnet de identidad y, al ser de ciclo cerrado, es imposible que sean los que han transmitido la peste. Lo más probable es que algún tratante haya hecho alguna importación ilegal y que un transporte haya contagiado el virus', declaró el abogado de uno de ellos.

'Terroristas sanitarios' El consejero de Agricultura, Josep Grau, calificó ayer de 'terroristas sanitarios' a los ganaderos responsables de haber introducido la peste en Cataluña y, sin mencionar ningún nombre, acusó al sector de entorpecer las tareas de investigación que se están realizando para identificar a los autores de las importaciones ilegales de ganado. Grau, que denunció que esas personas están encubriendo a los culpables de haber introducido la peste en Cataluña, señaló que algún día podrá demostrar que el virus entró hace semanas y que a alguien le ha interesado ocultar la enfermedad, por lo que no sería nada extraño que esté extendida y que dentro de 21 días, periodo de incubación del virus, aparezcan nuevos brotes.

'Estoy muy molesto con el sector', añadió, 'porque estoy convencido de que hay gente que sabe quién lo ha hecho, quién ha realizado los transportes y dónde han sido descargados los animales'. El consejero Grau volvió a reclamar la máxima colaboración con la investigación policial para evitar un nuevo desastre en el sector.

'En Lledia', agregó, 'los ganaderos se conocen todos entre ellos. Les pido que nos digan quién lo ha hecho, cuántos cerdos han entrado y a qué granjas han ido a parar. Sólo de esa forma avanzaremos más y podremos evitar una catástrofe'. Grau reconoció que el sector ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años para adaptarse a un nuevo modelo de producción, 'pero siempre hay alguno que hace el pirata', añadió. 'En la granja de Soses', explicó, 'los cerdos estaban enfermos, pero según la guía y la declaración jurada del propietario, nacieron en La Bordeta, y los animales sacrificados en esta explotación estaban más sanos que yo'.

Respecto a las indemnizaciones, Grau anunció que elevará una propuesta al Ministerio de Agricultura para que los cerdos sacrificados no se paguen a precio de mercado, sino tomando como referencia la media de los últimos 18 meses.

El sindicato Unió de Pagesos (UP) pide que se paguen a precio de mercado, como establece la Unión Europea, y sin hinchar las valoraciones como se hizo en 1997, pues de lo contrario se produciría un agravio comparativo respecto a los ganaderos del resto de los países comunitarios.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 23 de junio de 2001