La Generalitat se prepara 'para lo peor' al confirmarse otro foco de peste porcina

Josep Grau compareció ayer ante la comisión de Agricultura del Parlament para informar sobre la crisis de la peste porcina clásica (PPC) y anunciar nuevas medidas de ayuda a los ganaderos. De momento, el Instituto de Crédito Agrícola ha aprobado una de 500 millones de pesetas para sufragar las indemnizaciones de la Generalitat a los propietarios de los cerdos sacrificados. El consejero de Agricultura destacó que este crédito representa 'una primera medida' económica para paliar la crisis y aseguró que se pedirán más créditos si la situación lo reclama. El Gobierno catalán deberá sufragar el 25% del coste de las indemnizaciones; el resto deberán pagarlo el Ministerio de Agricultura y la Unión Europea.

Otra medida aprobada ayer es la construcción de tres grandes fosas comunes cerca de las zonas afectadas por la peste que servirán para enterrar a los animales sacrificados. La primera de estas fosas se pondrá en servicio dentro de pocos días en un paraje situado en la comarca del Pla d'Urgell .

A lo largo de su comparecencia, Grau eludió cualquier responsabilidad de su departamento en la proliferación de la peste porcina y volvió a cargar tintas contra una parte del sector porcino 'que no denunció lo que sabía'. Tenemos 'una manzana podrida dentro del sector', sentenció el consejero. Grau, sin embargo, se esforzó en defender la actuación de las grandes empresas importadoras y criadoras de cerdos. 'Las posibles infracciones no se han dado por parte de las macroempresas. Las sospechas se concentran hacia empresas de nivel mucho más pequeño'.

El Consejero de Agricultura defendió los actuales controles sanitarios y también los métodos utilizados para sacrificar a los cerdos.

Durante la comparecencia del consejero, todos los grupos parlamentarios coincidieron en señalar que es necesario castigar duramente a los ganaderos que importaron cerdos de forma ilegal de países del Este aunque, a excepción de CiU, pidieron responsabilidades también a la Administración catalana, y es que las cifras de la crisis crecen sin parar. Los siete focos declarados hasta ahora comportarán el sacrificio de 37.500 animales, 25.000 de los cuales ya han sido eliminados. Josep Grau apuntó que si los animales infectados venían de países del Este 'alguna cosa ha fallado en los mecanismos de control' de la Unión Europea.

En el turno de réplicas, el diputado del PSC-CpC Ramon Vilalta exigió a Agricultura un seguimiento exhaustivo de todos los cerdos que han entrado en Cataluña los últimos meses y recordó a Josep Grau la dimisión del ministro de Agricultura alemán, Karl-Heinz Funke, por la crisis de las vacas locas. En este sentido, Vilalta le pidió a Grau 'que reflexione'.

El diputado socialista aseguró que los veterinarios de la conselleria realizan 'poco trabajo de campo' porque trabajan desde las oficinas. 'Su departamento es responsable de no haber ejercido el control suficiente sobre el terreno', aseguró. Por parte del PP de Catalunya, Josep Maria Fabregat pidió 'mano dura' a los responsables de esta crisis. Asimismo, criticó que la Generalitat no tuviera conocimiento de la 'granja hospital' de Arbeca, refiriéndose a la explotación que concentraba a cerdos enfermos, una práctica prohibida desde 1997.

El diputado de ERC Jordi Ausàs pidió 'responsabilidades' a todas las administraciones por la falta de controles en el transporte de porcinos. Desde IC-V, Bet Font insistió que se debe prohibir la construcción de nuevas granjas en las zonas donde ya hay una concentración excesiva de explotaciones, lo que facilita la transmisión de enfermedades.