Ecologistas ven delictiva la gestión de Medio Ambiente respecto al lindane

Las acusaciones de los ecologistas se sustentan en un escrito de 30 folios presentado el 1 de junio en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barakaldo, que ya investiga la denuncia por un almacenamiento de lindane en una nave abandonada de la empresa Babcock&Wilcox. El documento relata la génesis del problema ocasionado por este pesticida tóxico, fabricado entre 1947 y 1987 por dos empresas radicadas en Erandio y Barakaldo, que dejaron más de 80.000 toneladas de desechos de este producto en cerca de 35 focos descontrolados.

El escrito censura la actitud tenida con una de las dos empresas fabricantes, Bilbao Chemicals -la otra, Nexana, pagó al Ejecutivo una indemnización de 650 millones-, 'tanto más si se compara esa pasividad con la actitud de otras administraciones autónómicas' como Aragón y Galicia, donde a plantas del mismo grupo 'se les obliga incluso a exportar [los residuos de lindane] a Argelia'. 'En la comunidad vasca no se produce la más mínima actuación administrativa no ya impeditiva, sino de mero control de los residuos'. La denuncia se centra especialmente en la operación para adquirir la finca de Bilbao Chemicals, que obligó al Gobierno, en 1995, al pago de 70 millones 'cuando el costo de descontaminación se presupuestó en 505 millones' y el terreno 'se había valorado en nueve millones'.

'La Consejería de Medio Ambiente ha cooperado activamente en la realización de un negocio inmobiliario tan sustancioso que ha permitido a una empresa vender a precio especulativo a la propia Administración el inmueble cuyo valor era más de cincuenta veces menor al de las responsabilidades que comportaba para su propietario'. El Ejecutivo vasco arguyó entonces que esta operación era la única manera para adquirir la finca y empezar a resolver el problema del lindane.

Solares contaminados

La denuncia añade otras presuntas irregularidades en el almacén abandonado de Babcock, donde ahora se acumulan 7.000 metros cúbicos de tierras tóxicas. Así, relata cómo Babcock obtuvo más de 3.500 millones de pesetas con las parcelas contaminadas en Sestao. Hace siete años vendió los terrenos para la instalación de dos grandes centros comerciales, encargándose del tratamiento (en realidad, almacenaje) de los desechos tóxicos, una tearea que, según la ley, tendrían que haber asumido por las empresas compradores. 'La Administración asume el costo de la eliminación del lindane de Babcock Wilcox, permitiendo a ésta la venta de su terreno en condiciones normales de mercado', acusa Lur Maitea.

La denuncia judicial incluye presuntas anomalías en la gestión propia de los residuos tóxicos, para los que las celdas de seguridad, sostienen, son insuficientes. Según su exposición, la Administración ha promovido 'un sistema de eliminación que no es bastante para acoger toda la masa de lindane' y mantiene 'indefinidamente vertederos o depósitos particulares de lindane, porque ello le evita la construcción de caras e ineficaces celdas, provisionales en definitiva, para albergar el producto'.

Lur Maitea señala que el Gobierno, desde los 80, ha actuado 'pasiva y permisivamente para propiciar conductas ilegales' e incluso ha protagonizado 'una actuación de connivencia activa, consciente, sistemática, prolongada en el tiempo, cuyo resultado ha sido el favorecimiento de delitos contra el medio ambiente y gravísimo riesgo de producción de catástrofe'. Esta actitud se ha producido, añade, 'para el ilegítimo lucro de particulares a costa de los intereses y del erario públicos'.

Por ello, el grupo ecologista concluye que hay 'varios posibles delitos' de los artículos 329 y 348 del Código Penal, entre los que estarían el ecológico, la prevaricación y el riesgo de catástrofe química, y piden al juzgado que tome declaración a la viceconsejera de Medio Ambiente, Esther Larrañaga, al que fue consejero a principios de los 90 José Antonio Maturana y a Pedro Parra, representante de Bilbao Chemicals.