Acuerdo unánime en el Congreso para frenar la práctica de la ablación

Todos los grupos políticos pactaron ayer agrupar las seis iniciativas parlamentarias contra la mutilación genital femenina en una. La diputada del PP María Jesús Sáenz justificó el acuerdo porque 'entre las diferentes formas de violencia que padecen las mujeres destaca la mutilación genital femenina', y aseguró que este problema empieza ahora a detectarse en España con la llegada de inmigrantes de países subsaharianos en los que esta práctica es habitual. 'La acogida de inmigrantes debe suponer mayor calidad de vida para ellos pero también la asunción de derechos y deberes que no habían tenido en sus países de origen' y que 'el respeto a su cultura propia no puede servir para coartar la libertad y la integridad de las mujeres y las niñas', dijo.

Micaela Navarro, en nombre del PSOE, también defendió la iniciativa conjunta, pero advirtió que 'condenar la ablación genital femenina no debe de servir para estigmatizar a la población inmigrante'. Por eso, defendió primar la información y la formación a las familias de inmigrantes antes que poner el acento en la persecución del delito. El Gobierno deberá también 'reforzar la protección' a las mujeres que vengan a España huyendo de su país para evitar, por ejemplo, la ablación de sus hijas.

La iniciativa conjunta dedica igual interés a ambas caras de la moneda. Defiende la puesta en marcha de programas sanitarios, sociales y educativos para 'prevenir' estas mutilaciones, pero también insta al Fiscal del Estado a que dé las instrucciones oportunas para que, con la ley actual, se persiga y castigue a los responsables de este delito. Es decir, a los padres de las niñas mutiladas, pues la ablación suele hacerse a menores con edades comprendidas entre los cuatro y los 10 años.

Y sobre la información, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que 'informe obligatoriamente' a todos los inmigrantes que soliciten permiso de residencia de que la ablación 'es un delito perseguible penalmente' en España. Pueden estar informados y delinquir, pero no podrán decir que no sabían que aquí las penas pueden llegar, con el actual Código Penal, a los 12 años de cárcel.

El argumento para defender la cara penal del acuerdo, según destacó la diputada de CiU Mercé Pigem, es que 'contra la libertad e integridad de las personas no puede haber diversidad cultural que valga'. La cruz de ayudas a las inmigrantes corrió a cargo de Marisa Castro, de Izquierda Unida. Dijo que 'esto no se resuelve sólo con el Código Penal' y aplaudió el último punto de los ocho aprobados ayer. Cierto que es ambiguo y que no garantiza, como querían IU y el PSOE, el que se dé condición de refugiada o asilada a la mujer que huye con sus hijas para evitar que sean mutiladas, pero el punto consensuado sí garantiza que se 'reforzará la protección' de los poderes públicos en España a las inmigrantes que 'se hayan visto obligadas a abandonar su país de origen' para huir de estas formas de violencia.