Un pediatra de Girona evita la ablación a una niña senegalesa de cuatro años

El doctor Rafael Ruiz Enríquez, pediatra en un centro de asistencia primaria de la comarca de la Selva (Girona), conocía el testimonio doloroso de algunas madres de la comunidad africana de inmigrantes que cargaban con el trauma de una mutilación genital a edad temprana. El papel secundario de estas mujeres en las decisiones familiares ha perpetuado una tradición a la que no han podido escapar ni sus propias hijas. El pediatra lo corrobora a menudo en su consulta. Y siempre con la impotencia de descubrir el mal cuando ya no tiene remedio. De ahí que cuando, casi por azar, descubrió que una niña de cuatro años viajaría a Senegal para ser sometida a una ablación, se decidiera a impedirlo, pese a las escasas facilidades que ofrece el sistema sanitario para erradicar esa práctica.

El doctor Ruiz preguntó casualmente por la salud de una niña africana a una pariente de la pequeña, que había acudido a la consulta para vacunar a su hijo. Cuando ella le hizo saber que dentro de dos semanas la niña viajaría a Senegal, Ruiz pensó inmediatamente en la posibilidad de una ablación. En la conversación, la mujer acabó confirmando las sospechas del médico, e incluso le hizo saber que ella era totalmente contraria a la mutilación. La había sufrido en carne propia y le había causado daño físico y psicológico.

'Los hombres mandan'

'La mayoría de las mujeres, incluso aquéllas a las que se les realiza un corte mínimo, acaban teniendo problemas de sexualidad a largo plazo, porque lo viven como una agresión sexual', explica Ruiz, quien hizo saber a la mujer que la ley considera la ablación un delito muy grave, penado incluso en su país de origen. 'Son los hombres quienes mandan', le replicó con impotencia la mujer.

El médico, sin protocolo ni directriz alguna que le guiara, acudió entonces al equipo de Atención a la Infancia de su localidad, donde le aconsejaron acudir a la Fiscalía de Menores de Girona. La Fiscalía le aconsejó a su vez que hiciera una denuncia particular, por su cuenta y riesgo, en una comisaría de los Mossos d'Esquadra, siempre cuidando de proteger la identidad de la familiar de la pequeña que le había hecho la confidencia.

'Poner una denuncia era difícil para mí, porque ponía en riesgo una confianza forjada con dificultad mediante la mutua comprensión entre la cultura europea y la africana en aspectos como la alimentación o la seguridad infantil', razona el pediatra. Pero no se echó atrás y redactó la denuncia policial.

A partir de presentar la denuncia, el aparato policiaco-judicial actuó con una diligencia digna de encomio. Al día siguiente, el pediatra era citado ante la juez para confirmar oralmente la acusación, y a las pocas horas los padres de la niña eran interrogados.

La juez tomó la decisión de prohibir la salida de España de la menor, y recabó la intervención de un asistente social y un educador en el domicilio de la familia de la niña. Después de diversas charlas, en las que se informó al matrimonio de los daños irreparables que causa la mutilación genital en las mujeres y de la legislación que prohibe su práctica, la juez accedió a que la menor pudiera viajar a África.

Como contrapartida previa, los padres se habían comprometido a que nadie tocaría allí a la niña y a que, a su vuelta, ésta sería sometida a una revisión médica para certificarlo. La niña regresó intacta, aunque el padre reconoció ante los servicios sociales que había tenido muchos problemas en Senegal para impedir que sus familiares africanos realizaran el antiguo rito.

Seguimiento de los casos

Ruiz Enríquez advierte que es fundamental seguir la evolución del caso, para evitar que la ablación pueda tener lugar en el futuro. El pediatra es crítico con la nula información que llega a los centros sanitarios sobre la atención específica de los menores inmigrantes. Todos los organismos a los que recurrió admitieron que no tenían noticia de ninguna denuncia similar presentada por un profesional sanitario.

El médico es consciente de que algunos pediatras y enfermeras no han actuado ante sospechas parecidas a la suya, porque no existe un circuito claro y temen que denunciar a sus pacientes les acarree problemas. 'Temen el papeleo inútil o que la comunidad africana haga correr la voz de que hay un pediatra blanco que se dedica a denunciar a los negros', explica.