El Consejo de Europa reclama más poder para la Fiscalía Anticorrupción

El informe del Consejo de Europa, elaborado por tres expertos que visitaron España el año pasado y que ha sido debatido durante cinco días por representantes de los Gobiernos de los países del Greco, repasa de forma exhaustiva las leyes, instituciones y medios de la política anticorrupción española, así como su eficacia práctica. Sobre este último apartado recaen buena parte de las críticas.

España, dicen los expertos, cuenta con una legislación adecuada, pero su grado de cumplimiento resulta 'insatisfactorio', especialmente el referido a la obligación de los funcionarios de todas las administraciones públicas de poner en conocimiento de la justicia cualquier práctica corrupta o sospechosa de serlo. 'Raramente ocurre así', destacan los evaluadores, quienes recuerdan que 'no existe constancia' sobre cuántos representantes públicos han sido sancionados por incumplir tal obligación legal. Por el contrario, añaden, una buena parte de los escándalos se han descubierto gracias a 'los medios de comunicación'.

Esta indiferencia de las Administraciones podría combatirse, según los expertos, mediante la redacción de un Código de Conducta que exigiera el cumplimiento del mencionado deber de denuncia, y que estableciera claramente el límite entre 'los regalos o atenciones a los servidores públicos' y el cohecho, tal y como se recoge en informes anteriores del Consejo de Europa.

La evaluación final de España señala también que la excepción a esta falta de celo investigador lo constituyen 'las numerosas instrucciones' abiertas a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, una institución para la que reclaman más poder y mejores medios. En este sentido, recomiendan incrementar su presupuesto, ampliar la plantilla, designar delegados anticorrupción en las principales ciudades españolas y otorgarle la misma capacidad de acceso a informaciones financieras secretas que las que tiene atribuida la fiscalía antidroga.

Asimismo, el Consejo de Europa detalla una serie de medidas para garantizar la independencia de la Fiscalía Anticorrupción respecto de la Fiscalía General del Estado, de la que depende orgánica y presupuestariamente. Entre ellas, la 'prohibición de interferir en una determinada investigación' o que sea 'algo excepcional y bajo los controles apropiados'. Igualmente aconseja mostrar 'especial cuidado en asegurar que la dependencia financiera de la Fiscalía General del Estado no disminuya su independencia'.

Estas cautelas sobre la autonomía de los profesionales de la justicia se recuerdan también a propósito de la Fiscalía General del Estado, para la que se esperan igualmente 'garantías' en su relación con el Gobierno, de quien depende. El Consejo desea que esté presidida por 'la transparencia' y que las 'instruciones de carácter general' se expresen de forma 'pública y por escrito'.

Preocupa también a los evaluadores que los poderes públicos no hayan reaccionado adecuadamente tras los escándalos vividos en España en la década de los noventa, una 'extensa corrupción' que estuvo precedida por la 'tolerancia' mostrada ante 'las corruptelas en la financiación de los partidos políticos durante la transición'. Califican la creación de la Fiscalía Anticorrupción como su consecuencia más positiva, al tiempo que lamentan que 'la conciencia de este peligro' no condujera a 'la elaboración de una estrategia global y multidisciplinaria' para combatir la corrupción.

El informe insta a España a firmar el Convenio Civil y Penal contra la Corrupción de 1999, que han suscrito ya más de 30 países, al tiempo que emplaza al Gobierno a rendir cuentas ante Estrasburgo, antes del 31 de diciembre de 2002, sobre el cumplimiento de las deficiencias del sistema que han detectado ahora los evaluadores.