El Congreso insta al Gobierno a firmar los convenios europeos contra la corrupción

La solución la ofreció el diputado de CiU Ignasi Guardans, quien propuso una enmienda a la propuesta socialista para que, al final del texto, constara dicha salvaguarda. El PP, a través de su portavoz de Exteriores, José María Robles Fraga, dijo que aceptaban la enmienda si el añadido iba al principio y con el siguiente texto: 'El Congreso insta al Gobierno a que, salvaguardada adecuadamente la posición de España en el contencioso sobre Gibraltar', tome las medidas necesarias para la aprobación urgente de ambos convenios.

Esa salvaguarda depende, según el PP, de un acuerdo con el Reino Unido, como el hispano-británico firmado en abril de 2000, en el que quede claro, según Robles Fraga, que 'las autoridades gibraltareñas no son reconocidas ni por España ni por la UE, por lo que cualquier comunicación de Gibraltar debe hacerse a través de las autoridades británicas'.

Pero, pese a que la salvaguarda sobre Gibraltar fue la solución para que todos los grupos urgieran al Gobierno a firmar estos convenios, el debate entre PP y PSOE corrió por otro derrotero: por el de la voluntad política del Gobierno -'inexistente', según el PSOE e IU- de tomar medidas contra la corrupción. Aunque a esa hora los fiscales del Supremo aún no habían hecho pública su decisión sobre Piqué, su caso, así como el de Liaño, concentraron los principales dardos entre PP y PSOE.

Ambos convenios, según López Garrido, pretenden la 'tipificación legal de un extenso catálogo de prácticas corruptas'. Por ello, si no se firmaran, dijo, se 'dificultará la lucha contra la corrupción en Europa y España se alejará de Europa en esa lucha'.