España hace depender de Londres su firma del Convenio Anticorrupción
España espera 'las debidas garantías' por parte del Reino Unido para que en ningún caso se reconozca 'capacidad de interlocución internacional' a las autoridades de Gibraltar, 'incluidas las judiciales'. Según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, ésta es la condición del Gobierno español para firmar la Convención Penal y Civil sobre la Corrupción, redactada en enero de 1999 por el Consejo de Europa y suscrita ya por 39 países y ratificada por nueve de ellos.
Las citadas fuentes precisaron que España no refrenda ningún acuerdo que reconozca unas instituciones -en este caso el sistema judicial y policial de Gibraltar- que puedan intervenir en la investigación y persecución de los delitos económicos, de forma coordinada con el resto de países del Consejo de Europa, porque ello supondría reconocer la autonomía e interlocución de Gibraltar, algo que choca frontalmente con la política española sobre la colonia británica.
'Únicamente si el Reino Unido admite como propias dichas instituciones' España firmaría dicho Convenio, señaló un representante de la Oficina del Portavoz. El ejemplo más reciente de esta política se produjo, añadió, a raíz de la detención en Gibraltar de un grupo de manifestantes españoles de Greenpeace contra la presencia del submarino Tireless. Los detenidos fueron puestos en libertad en pocas horas. En previsión de que estas detenciones se hubieran prolongado, 'España se había puesto en contacto con las autoridades británicas para negociar su liberación. En Londres; nunca en Gibraltar. En actuaciones derivadas del Convenio Penal contra la Corrupción, la actitud española sería la misma'.
Política 'ridícula'
Esta política del Gobierno es considerada 'ridícula' por el diputado socialista Diego López Garrido, que ha emplazado al ministro Josep Piqué para que explique el próximo miércoles a la Comisión de Exteriores del Congreso las razones de la negativa española a suscribir el Convenio.
'No se puede actuar como si Gibraltar no existiera. Es una realidad que no debe condicionar la actuación exterior española hasta ese punto. En coherencia con el razonamiento del Gobierno, España no podría firmar ningún convenio internacional que suscriba el Reino Unido. Eso significa aplicarse una política de autocastración verdaderamente chocante'. Para el representante socialista, 'si el Gobierno tiene tanto interés como dice en perseguir la corrupción en ese paraíso fiscal que es Gibraltar, lo primero que debería hacer, si quiere ser consecuente con lo que predica, es firmar el Convenio'.
