El fiscal Villarejo acusa al Gobierno de entorpecer un informe europeo sobre corrupción
Justicia replica que no ha vetado al fiscal y que si lo desea puede acudir a Estrasburgo
La denuncia la hizo en Málaga, en una resolución que presentó al congreso de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y que fue aprobada por unanimidad.
La Fiscalía Especial Anticorrupción ha colaborado con la comisión del Consejo de Europa que, el 1 de mayo de 1999, fecha de constitución del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), inició una evaluación de la política anticorrupción de sus países miembros. Expertos nombrados por el Consejo de Europa visitaron España para examinar los mecanismos nacionales de la lucha anticorrupción. Concluido su trabajo, presentaron un borrador que fue remitido desde Estrasburgo al Gobierno de Aznar. Una copia de este borrador fue distribuida a entidades como el Banco de España, el Tesoro Público, la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción para que aportaran sus puntos de vista sobre el informe. Cumplido este trámite, el borrador será debatido mañana.
Según Anticorrupción, su tono es crítico con el Gobierno español. La versión del Ministerio de Justicia apunta que nada puede avanzar sobre él por ser 'confidencial', al tiempo que recuerda que el texto final no se aprobará hasta el próximo viernes, por lo que el Ejecutivo, que enviará a la reunión de Estrasburgo al subdirector de Política Legislativa y Cooperación Jurídica Internacional, Valentín Dueñas, dispone de cuatro días para consensuarlo.Sobre el supuesto veto a que acuda Jiménez Villarejo a esta reunión hubo ayer versiones contradictorias. Justicia asegura que no ha vetado al fiscal. 'No viaja a Estrasburgo porque no nos lo ha pedido. Si desea acudir, el Ministerio no tiene inconveniente', comentaron ayer fuentes oficiales. Por el contrario, Villarejo asegura que hace una semana Justicia remitió un escrito a la Fiscalía en el que se informaba de que no acudiría a dicha reunión.
En la resolución que Jiménez Villarejo llevó al congreso de la UPF se pone de manifiesto además que el Gobierno no ha firmado aún la Convención Penal sobre la corrupción que el Consejo de Europa aprobó en noviembre de 1998. Esta convención ya ha sido firmada por 39 estados y ratificada por nueve de ellos. El Fiscal Anticorrupción lamentó que España figure entre los no firmantes, con países como Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Liechtenstein, San Marino y Turquía.
También se queja de que España sea uno de los países de la UE que en la cumbre de Niza celebrada en diciembre decidiera posponer hasta 2004 la creación de un Fiscal General Europeo, a pesar de los distintos requerimientos de la Eurocámara.
El dirigente del PSOE que ha negociado el Pacto de Estado por la Justicia , Juan Fernando López Aguilar, lamentó ayer que el Gobierno no sólo no ayude a la Fiscalía Anticorrupción, una institución creada a instancias del último Gobierno de Felipe González, sino que la 'boicotea sistemáticamente desde que llegó al poder'.

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