Registran tres empresas sospechosas de importación ilegal de porcino en Lleida

Inspectores de Agricultura de la Generalitat han registrado las empresas de Lleida Agropecuaria Roig, Sebastiá Bonjoc y Jaume Besora, donde se han incautado de diversa documentación, para averiguar si importaron cerdos de forma ilegal que habrían transmitido la peste porcina.

Según fuentes de la investigación, los técnicos analizan, con ayuda de los Mossos d'Esquadra, los documentos intervenidos, entre ellos las guías sanitarias (lugar de nacimiento y datos veterinarios) de los animales de sus granjas. Las tres empresas, dedicadas a la importación y exportación de cerdos y a su vez propietarias de granjas y otros productos como piensos, podrían haber alterado las guías sanitarias de los animales.

De ser así, las tres sociedades serían acusadas de un presunto delito de falsificación documental, ya que al alterar las guías sanitarias y presentarlas ante la administración, elevaron a pública la documentación de los animales, que en realidad podrían proceder de países del Este de Europa, como Hungría y Rumanía, según fuentes de la investigación.

Las mismas fuentes han indicado que la presunta alteración de las guías sanitarias de los animales importados se produjo en un momento en que el precio de los cerdos era muy bajo en sus países de origen, pero en los que carecían de controles sanitarios.

Dos de las empresas investigadas, Agropecuaria Roig y Sebastiá Bonjoc, están ubicadas en el término municipal de Golmés (Lleida), y la tercera, Jaume Besora, en Vilanova de l'Aguda, también en Lleida, municipios en los que se han localizado dos de los tres focos de peste reconocidos en Lleida, mientras el tercero se detectó en una granja en Soses.

La investigación de las tres empresas se abrió a partir de las indagaciones realizadas por inspectores del departamento de Agricultura en los focos donde se han registrado los tres casos de peste porcina.

Las mismas fuentes han explicado que la sospecha de alteración de las guías sanitarias se basa en que los inspectores creen "inviable" el número de cerdos que las empresas investigadas afirman que han nacido y han sido criados en tierras catalanas.