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Un negocio de fangos

Los productores de Lleida confiesan 'indignación' y 'terror' por el nuevo episodio de peste porcina clásica

El pueblo de Golmés (Pla d'Urgell) echa un capote a sus vecinos de la granja de Bonjoch, una de las tres explotaciones catalanas atacadas por la peste porcina clásica (PPC). '¿Qué vamos a decir? Están desmoralizados, aunque esta epidemia hace bueno aquel dicho: negocis de sang, negocis de fang. Con seres vivos por medio, todo se puede ir siempre al carajo'. El electricista vecino habla mientras contempla el relevo de la patrulla de Mossos d'Esquadra a unos metros de la granja Bonjoch. Luego se encoge de hombros y se da la vuelta.

Es una reacción muy similar a la de los vecinos de la primera explotación en la que se detectó la enfermedad, la granja de Amadeo Roig, 40 kilómetros más lejos, en Soses (Segrià). 'No hay nada que decir. Aquí sólo sabemos de vacas...', dicen, mientras cierran la puerta tras de sí.

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Y una reacción mimética se extiende como otra epidemia en paralelo en un restaurante cercano a la granja Pigber, a casi 80 kilómetros de distancia, en la localidad de Vilanova de l'Aguda (La Noguera): 'Comprendan que no hable. Son amigos míos', se despide un camarero marchando con una de bravas a otra mesa.

La peste ha vuelto a convertir en negoci de fang la actividad porcina, que acelera los latidos en el corazón de Lleida.

Una cuarta parte del empleo en esta provincia está directa o indirectamente relacionada con el sector porcino. En Cataluña, cuya cabaña representa el 28% del total español, el porcino mueve mucho dinero. Para hacerse una idea, basta sólo con multiplicar los seis millones de cabezas de esta comunidad por las cerca de 22.000 pesetas que puede costar cada una de ellas una vez engordado el animal.

El proceso de engorde suele durar cuatro meses, de modo que la cifra que el porcino mueve al año es de cerca de 400.000 millones de pesetas. Eso sin considerar el negocio de los piensos o el de las multinacionales farmacéuticas.

Detrás de los grandes números, asoman los dramas personales. Preguntar en el bar de cualquier pueblo de las comarcas leridanas si alguien tiene una granja de cerdos es retratarse como un perfecto forastero urbano. 'Pues casi todo el mundo', es la respuesta, algo exagerada, entre sonrisas. Pero las sonrisas se desdibujan al instante cuando brota en la charla la amenaza de la epidemia. '¡Estamos todos aterrorizados, acollonits, si se me permite, e indignados!', exclama un vecino de Artesa de Segre.

Manuel Albadalejo pertenece al club de los aterrorizados, acollonits e indignados. En la anterior crisis, la de 1997, que acabó con un millón de cerdos y sembró la ruina en el sector, se vio obligado a sacrificar sus 440 cerdas reproductoras (las madres) y sus 4.000 lechones. 'Me quedé un año y medio parado. Y todavía tengo que dar gracias, porque al final conseguí salvar mi patrimonio', recuerda. Hoy, Albadalejo tiene una granja con 300 reproductoras y más de 1.000 lechones. La peste es una espada de Damocles.

Las llamadas 'granjas de madres' son las víctimas más graves de la epidemia. En ellas, una vez sacrificados los animales y erradicada la enfermedad, recuperar el funcionamiento normal es un proceso de dos años.

De ahí las iras que ha provocado la 'exagerada contundencia' de la Generalitat a la hora de sacrificar los cerca de 6.000 cerdos de la también 'granja de madres' de La Bordeta, según fuentes ganaderas. De esta granja eran originarios los animales en los que luego sería detectado el virus de la PPC por primera vez, en la granja de Soses. Los propietarios de los cerdos de esta granja, la empresa ARB, sostienen que los animales salieron sanos de su granja, que sólo enfermarían después, en Soses, y que su ganado está siendo sacrificado pese a no estar enfermo.

Sacrificio a tiros Ayer, ya habían sido sacrificados a tiros unos 4.500 de los animales de La Bordeta. Todavía permanecían vivas las madres reproductoras, pero se esperaba que los tiros de las escopetas tronaran de nuevo en el polvoriento camino que bordea la granja de madrugada, y que hoy, como nunca, es pasto de un ejército de moscas y toda clase de insectos. Para acabar con 4.500 cerdos, se tardó casi 24 horas, y de ello daban fe las ojeras de los encargados que se negaban a abrir boca bajo la mirada atenta de la policía autonómica, cuyas patrullas se relevaban cada 12 horas porque era domingo.

Las 24 horas incluyen la extracción previa de sangre y el posterior traslado del ganado muerto a la fosa habilitada en la granja. La fosa en Labordeta se hizo necesaria por la saturación de la incineradora Grefacsa, en Balaguer, un destino que implicaba el movimiento de cerdos infectados y que ha despertado las iras y denuncias de Unió de Pagesos (UP). Pese a ello, ayer no se descartaba que parte de los animales por sacrificar no cupieran en la fosa propia y hubiera que trasladarlos.

Tirar la primera piedra Al margen de las 'granjas de madres', están las otras, las de engorde, que forman parte de un subsector controlado en el 80% por las grandes empresas integradoras. La frustración contra ellas en tiempos de crisis es enorme y provoca tantos suspiros de resignación como acusaciones protegidas por el anonimato. 'Hombre. ¿Quién es el guapo que tira primero la piedra?', comenta un granjero leridense sin dar nombre. El consejero de Agricultura del Gobierno catalán, Josep Grau, sugirió el pasado sábado el gesto de lanzarla con sus insinuaciones a los intereses económicos en juego. 'Si quiere actuar de verdad, durará dos días. Los intereses son demasiado fuertes', añade el mencionado granjero, con la memoria fresca sobre la turbia actuación del ex consejero de Agricultura Francesc Marimon, hoy investigada. Fuentes de Unió de Pagesos, por otra parte, se muestran 'algo escépticas' sobre las declaraciones de Grau. 'Está bien hablar, pero mejor haría en cambiar el funcionamiento del sistema de ayudas'.

Las grandes integradoras, que son las propietarias de los animales, los ceden a determinadas granjas para que éstas los engorden. Así, en las granjas pueden entrar lechones de 18 kilos, con un precio de entre 10.000 y 12.000 pesetas cada uno, y salen con unos 95 kilos de peso y más de 20.000 pesetas de precio, rumbo al matadero.

Cuando se detecta un brote de la enfermedad, los productores se quejan de que las integradoras se apresuran a deshacerse de los animales que tienen, en un trajín que aumenta los riesgos de propagación de la epidemia y que los Mosson d'Esquadra se encargan de atajar mediante patrullas móviles agazapadas en las carreteras de Lleida. Ayer, desde la capital del Segrià llegaron refuerzos a Golmés, según fuentes policiales.

Pero entonces llegan las órdenes oficiales de los sacrificios y, con ellas, el momento de la verdad: ¿quién se queda con las indemnizaciones? Hay mucho dinero en juego. El coste de la crisis de 1997 superó los 20.000 millones de pesetas.

Las ayudas del Gobierno catalán sólo se dirigen a los propietarios del ganado, y las indemnizaciones suelen equivaler al precio de un animal en el mercado; pongamos 18.000 pesetas si el precio es de 180 pesetas/kilo y el cerdo pesa 100 kilos.

Los granjeros que los crían no ven un duro, más allá de lo que decida pagarles la empresa a la que estén integrados. Ésta puede decidir compensarles pagándoles, pese al sacrificio, el precio por plaza que les hubieran pagado de todos modos, y que ronda las 1.500 pesetas por animal. Sin embargo, la cuarentena que comporta la peste y la espera hasta posteriores crianzas pueden dejar una granja paralizada durante un año. 'No puede ser, de ninguna manera, que el régimen de ayudas favorezca a las integradoras y no a los pequeños ganaderos', clama Josep Maria Pàmies, del sector crítico de Unió de Pagesos.

El problema se agrava porque, según los productores, no todo el trigo es limpio a la hora de tasar el peso de los cerdos sacrificados y, por tanto, a la hora de calcular la consiguiente indemnización, a tenor de lo ocurrido en la crisis porcina anterior.

Tras la pesadilla de 1997, sólo ahora empezaban los ganaderos a levantar la cabeza, que hoy les hierve con mil y una hipótesis sobre los posibles orígenes del virus. Los más coinciden en sospechar 'de algún desalmado que ha traído cerdos con el virus desde Europa del Este, y que ha hecho tráfico ilegal'.

El encargado de la granja de Labordeta, en Lleida, a la espera de nuevos sacrificios.
El encargado de la granja de Labordeta, en Lleida, a la espera de nuevos sacrificios.HERMINIA SIRVENT

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