El Gobierno corregirá la ley del comercio electrónico

El Ministerio de Ciencia y Tecnología se ha comprometido ante representantes de la Asociación de Internautas (AI) a corregir dos de los aspectos más preocupantes del anteproyecto de ley sobre el comercio electrónico (LSSI). Según fuentes de la AI, se corregirá la actual ambigüedad sobre quién está sometido a la ley. El redactado, al utilizar el término 'servicios de la sociedad de la información', permite entender que cualquier sitio en Internet, aunque, por ejemplo, fuera informativo y de acceso gratuito, estaba sometido al registro y controles de la ley. Según la AI, el futuro redactado aclarará que la norma se dirige sólo a quienes hagan transacciones comerciales.

En la reunión que sostuvieron el lunes un grupo de la AI con funcionarios del ministerio, con el director general Borja Adsuara al frente, la Administración se comprometió a modificar el actual redactado, que permite a la Administración cerrar un sitio cautelarmente sin intervención judicial. La participación del juez será obligada 'cuando el caso afecte a derechos fundamentales'. Según la AI, el ministerio no modificará la norma que penaliza el spam (envío de correo comercial masivo no solicitado). Tras una corrección importante, el proyecto de ley en su actual estado sólo admite el envío de correo publicitario si ha sido solicitado o autorizado expresamente por el receptor. La Asociación Española del Comercio Electrónico (AECE) se reunió el martes con representantes del ministerio para insistir en que el envío de información comercial a través de la red debe tener un trato menos restrictivo. Con todo, algunas empresas de mercadotecnia electrónica apoyan el actual redactado.

La LSSI fue colgada en la Red por el ministerio para su debate público. Un sector de la comunidad internauta, encabezado por el sitio Kriptópolis, mantiene una campaña para lograr su retirada por considerar que introduce mecanismos atentatorios a la libertad de expresión y abre la puerta al exterminio de la información libre. Para Kriptópolis, la ley es un caso de 'fascismo digital' y los aspectos específicamente dirigidos al comercio electrónico pueden regularse en otros textos sin enmascarar un intento de controlar Internet.