Un alto cargo del grupo Uralita es imputado por el 'caso del amianto'

De prosperar el escrito del fiscal, finalmente serán cinco las personas procesadas por el denominado caso del amianto, que instruye el titular del Juzgado número 1 de Sant Vicent del Raspeig. El ministerio público, tras la práctica de las primeras diligencias, ha solicitado al magistrado que amplíe la acusación al responsable de recursos humanos del grupo Uralita, firma a la que pertenece la fábrica de Sant Vicent. El fiscal pide que se cite a declarar, en calidad de imputado, a este alto cargo del grupo.

Asimismo, el ministerio público mantiene la imputación contra dos facultativos de la empresa y dos directivos más, en este caso ambos jefes de personal de Fibrocementos de Levante. Éstos dos últimos ya declararon ante el juzgado en 1998, cuando los operarios presentaron la querella criminal contra la fábrica. Sin embargo, tras estas diligencias, el juez archivó la causa, pero, a instancia de un recurso del fiscal, la reabrió al año siguiente.

El ministerio público recurrió el archivo para delimitar la responsabilidad de los controladores médicos de la empresa. Entonces, declararon cuatro facultativos, aunque el fiscal sólo mantuvo la imputación a dos de ellos. Ahora, tras la práctica de nuevas diligencias, esta parte considera, además, que se ha de ampliar la posible responsabilidad penal al mentado jefe del departamento de recursos humanos del grupo.

El ministerio público sostiene que de los numerosos informes de la Inspección de Trabajo y del gabinete técnico se deduce que, en líneas generales, la empresa ha cumplido con las obligaciones establecidas en la orden de 1994 sobre riesgos del amianto. Sin embargo, también asegura que un número elevado de trabajadores (los posibles perjudicados son unos 30) han sido declarados profesionalmente, o pueden serlo, con invalidez permanente, como consecuencia de su dilatado trabajo manipulando derivados del amianto.

El presidente de la Asociación de Afectados por el Amianto, Francisco Martínez, ha expresado su satisfacción por la decisión del fiscal: 'Mantenemos que la empresa es la responsable de velar por la seguridad de los trabajadores'.