El Congreso exige al Ejecutivo que regule la adopción internacional para evitar fraudes

El Congreso de los Diputados exigió ayer al Gobierno, con el voto unánime de todos los grupos, que antes de seis meses regule y unifique los criterios de la adopción internacional, divergentes entre las comunidades autónomas. Los 280 diputados presentes respaldaron un texto consensuado que sustituía a dos proposiciones no de ley de los dos grupos mayoritarios (PP y PSOE) sobre adopciones internacionales y que incluía enmiendas de IU y CiU.

Con ese amplio consenso, el Congreso exige al Gobierno que ponga en marcha las medidas necesarias para que 'lo que nació como una muestra de solidaridad internacional no degenere en tráfico de niños'. Así resumió el objetivo de la iniciativa la diputada socialista Carmen del Campo. Como portavoz del Partido Popular, el diputado José Eugenio Azpiroz dijo que el fin era 'doblemente garantista': dar una rápida respuesta a los padres respetando los derechos de los niños.

Esa doble garantía exige, como paso previo, 'promover acuerdos con las comunidades autónomas' para 'unificar criterios' tanto sobre la protección del menor como en la cooperación internacional para impulsar las adopciones. Otro requisito previo es garantizar que, 'en un plazo máximo de seis meses', habrá 'criterios unificados' para todo el territorio nacional 'para conceder la acreditación a las entidades colaboradoras' para la adopción internacional de niños en países de origen.

Protección del menor

Esas entidades colaboradoras deberán tener como objetivo, 'en sus estatutos', la 'protección de los menores y ser entidades sin ánimo de lucro'. Una vez que las entidades colaboradoras tengan ese visado de calidad, habrá que 'impulsar convenios' para que 'puedan trabajar en todo el territorio nacional'. Para ello hace falta lograr 'una colaboración fluida entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales' y establecer convenios y 'conciertos con las oficinas consulares' para que éstos facilicen 'asistencia y asesoramiento' a las familias adoptantes.

La diputada socialista Carmen del Campo destacó que las adopciones internacionales se han triplicado en sólo tres años; el diputado popular Eugenio Azpiroz defendió que ese crecimiento exige tomar medidas para 'garantizar por encima de todo la protección del menor'; y el diputado de Coalición Canaria Luis Mardones explicitó lo que todos los grupos insinuaban: las garantías deben excluir la mera posibilidad de que algunas adopciones oculten lo que en realidad es tráfico de menores. Mardones incluso citó el ejemplo de oferta de niños por Internet como práctica que debe evitarse con la fuerza de la ley.

Ahora, aseguró Del Campo, 'la adopción es una aventura peligrosa para el niño y un largo calvario para los padres'. Uno de los problemas es la escasa profesionalización de los funcionarios consulares en estas tareas de mediación.