Las eléctricas presionan al Gobierno para obtener más ingresos por tarifas

Rato recogió el guante y recordó a Martín Villa que Endesa controla un 42% del mercado y apenas tiene competencia foránea. El enfrentamiento se produjo en unas jornadas sobre competencia organizadas por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y no es algo casual. En las últimas semanas, tanto el presidente de Unión Fenosa, José María Amusátegui -en su doble condición de empresario eléctrico y de presidente de la asociación patronal Unesa- como el presidente de Iberdrola, Íñigo Oriol, han multiplicado las declaraciones en las que solicitan una revisión de tarifas y del marco legal del sector.

El mensaje, en el lenguaje lleno de eufemismos habitual en el sector, es claro: las compañías necesitan 'señales' claras para invertir en nuevas centrales. Sin esas 'señales', afirman los empresarios, no habrá inversiones en nuevas instalaciones eléctricas (prácticamente no las ha habido desde 1987) y, dado el crecimiento de la demanda (5,8% en el año 2000), puede haber problemas de suministro. Es una amenaza apenas velada con una realidad al fondo, lo sucedido en California (EE UU) tras el fracasado proceso de liberalización, pero que en España, según los análisis, está lejos de que se pueda producir.

Cifras

Las cifras que apoyan las reivindicaciones de las eléctricas están recogidas en los documentos de Unesa, que están siendo discutidos con Economía. Según esos documentos, la distancia que separa la capacidad de suministro instalada (en torno a 40.000 megavatios) y la demanda real (34.000 megavatios) se estrecha. Son necesarias inversiones, pero con la rebaja de tarifas, que en los últimos cinco años ha sido del 17,3%, la rentabilidad de las inversiones ha descendido desde el 8,1% de 1997 al 5,5% de 2000.

En 2000, argumentan, los resultados del negocio ordinario en España han sido más que modestos. Las ganancias se elevaron a 419.779 millones, con tan sólo un crecimiento del 1,7%. Y están los ya famosos 1,3 billones de los costes de transición a la competencia (CTC), que Bruselas no ve con buenos ojos y cuyo cobro -que estaba asegurado a través del 4,5% del recibo- modificó el Gobierno para condicionarlos a la evolución del mercado hasta 2010. Las eléctricas quieren seguridades de que cobrarán todo.

Los datos de las eléctricas no impresionan al Gobierno. Frente al alarmismo, Rato ha reiterado que en España el suministro está garantizado. A favor de sus tesis juegan algunos datos. Por ejemplo, menor crecimiento de la demanda, que este año, hasta abril, sólo crecía la mitad de lo previsto, un 2,5%; y el excelente año hidráulico, con reservas que, según Red Eléctrica -la sociedad que gestiona la red de alta tensión, participada por las empresas-, en enero alcanzaban el quinto valor más alto desde 1965. Además, Economía esgrime a favor de la seguridad en el suministro las solicitudes para construir nuevas centrales y que rondan los 30.000 megavatios.

Término medio

En el sector, no son pocos los expertos que se sitúan en un término medio. Puede haber problemas de suministro, sostienen, si todos se empeñan en que los haya. Red Eléctrica, en sus previsiones a 10 años, contenidas en el informe Cobertura de la demanda eléctrica 2001-2010, estima las necesidades de nuevo equipamiento 'en función del crecimiento esperado de la demanda' entre 9.500 y 13.000 megavatios. En la peor de las hipótesis, Red Eléctrica estima que la sobrecapacidad del sistema desaparecerá el próximo invierno. En la hipótesis probable, la necesidad de nueva potencia se retrasa a 2002.

En este contexto, las empresas han planteado una revisión de las normas aprobadas desde 1996 (Protocolo Eléctrico, Ley Eléctrica, etcétera). Quienes temen que la presión empresarial tenga éxito recuerdan que habrá que hablar también de conceptos como la 'garantía de potencia' que cobran las compañías (0,69 céntimos de euro por kilovatio) y que en teoría aseguran un suministro de luz sin problemas.