La Administración prepara una batería de concursos para apoyar la liberalización eléctrica

A partir del 1 de enero de 2003, todos los consumidores de electricidad tendrán la oportunidad de elegir suministrador. Las administraciones públicas también. Las empresas del sector se preparan para competir en una oleada de concursos de ministerios, organismos dependientes de éstos y ayuntamientos. Los concursos cimentarán la imagen de mercado eléctrico abierto que persigue el Ejecutivo, cuestionada en los últimos meses por las grandes industrias consumidoras, que han criticado los altos precios de la electricidad en el mercado libre.

La idea de ahorrar en la factura de la luz, del teléfono, la calefacción o el correo en la Administración no es, por supuesto, nueva. Desde marzo de 1999, un acuerdo del Consejo de Ministros obliga a los distintos departamentos a informar sobre sus compras y a aprovechar las ofertas de los mercados liberalizados. Ministerios como los de Economía o Ciencia y Tecnología (reunidos en el complejo de edificios de la plaza de Cuzco, en Madrid) han aprovechado la liberalización para negociar como consumidor cualificado (desde julio de 2002, es consumidor cualificado todo aquel que está conectado a la red de alta tensión) y mejorar sus contratos.

Otros ministerios están en proceso de hacerlo. Es el caso del Ministerio de Administraciones Públicas que, según un portavoz, 'estudia la viabilidad' de negociar los precios en el suministro a su sede y del Ministerio del Interior, que convocará concurso en los próximos meses y decidirá además cómo negocia con las compañías eléctricas el suministro a comisarías de policía e instalaciones de la Guardía Civil.

Defensa y Justicia

En el mismo caso se encuentra el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Justicia, que, si bien ya licitó su suministro hace más de un año para los edificios madrileños de Ocaña, 151, y San Bernardo, valora ahora la posibilidad de negociar los recibos de la luz de otros organismos dependientes, como el Tribunal Supremo.

En esa misma línea, el Ministerio de Trabajo ha confirmado la salida a concurso de su suministro de electricidad y otro tanto ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente que dirige Jaume Matas. Este último departamento publicó el pasado 13 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado el concurso para el suministro de energía en su sede, con un presupuesto base de 297.787 euros en 2003.

Fuentes de las empresas destacan, además, que los concursos y negociaciones afectarán a numerosos municipios. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que agrupa a 6.837 ayuntamientos con 38,4 millones de habitantes, a través de un portavoz, asegura desconocer la existencia de contactos con el Gobierno para hacer frente al proceso de liberalización. Sin embargo, otras fuentes empresariales aseguran que esos contactos han existido y que el frente municipal se puede convertir en uno de los puntales de la liberalización en los próximos meses.

Y es que está en juego la credibilidad de un diseño de mercado, competitivo y abierto, que va a ser puesto a prueba en los próximos meses, cuando la liberalización sea total.

Por el momento, sobre el mercado liberalizado se dan dos visiones radicalmente distintas. El Gobierno afirma que es un éxito, pero los grandes consumidores, que desde 1998 tienen la posibilidad de negociar sus contratos en el mercado libre, afirman que es un fracaso. La Asociación de Grandes Consumidores de Energía (AEGE), a la que pertenecen grandes compañías como Solvay, Ercros, Asland o Valenciana de Cementos, ha denunciado que los precios en el mercado liberalizado son más altos que los que se dan en el mercado regulado de la tarifa, por lo que han desistido de acogerse al nuevo sistema.

Contadores

Otro problema importante para abrir totalmente el mercado eléctrico es el de los equipos de medida. Un equipo fiable es indispensable, por ejemplo, para medir los consumos por franjas horarias y beneficiarse de ofertas en precios como sucede en las conexiones de Internet.

El parque de contadores en España (23 millones) es viejo y poco fiable. El 39% de los contadores tiene más de 15 años y nunca han sido revisados. Otro 16,4% del parque de contadores es tan antiguo que nadie sabe su edad concreta. Los contadores, previsiblemente, tendrán que ser revisados y cambiados para que el mercado liberalizado funcione con garantías.

Otra incógnita que afecta al ambicioso diseño liberalizador del mercado eléctrico es cómo afectará a éste el nuevo sistema de tarifas para los próximos ocho años que prepara el Gobierno y que prevé subidas de en torno al 2% hasta 2010. Para algunos expertos, ese nuevo sistema de tarifas representa en cierto modo la reedición del Marco Legal Estable que existió hasta el año 1997 y que proporcionó seguridad al negocio eléctrico, pero sobre bases alejadas de la competencia que proclama el Ejecutivo.