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La luz subirá todos los años hasta 2010, en contra de lo prometido por el Gobierno

Economía rompe cinco años de tendencia a la baja y propone alzas "por debajo del 2%"

El precio de la luz subirá cada año hasta 2010, según informó ayer el Ministerio de Economía en un comunicado que supone el certificado de defunción de la política de bajada de tarifas iniciada en 1997. Desde ese año, los precios de la luz habían acumulado un descenso del 30% en términos reales y habían provocado las quejas de las compañías del sector. La propuesta de Economía especifica que las subidas serán 'por debajo del 2%'. El plan de Economía, cuando todavía colea el síndrome del apagón del pasado diciembre, será discutido con las eléctricas en septiembre.

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La propuesta del Ministerio de Economía fue adelantada a las empresas eléctricas el pasado 28 de julio y trata de atender la demanda de las compañías (endeudadas, apuradas por la situación en América Latina y con grandes planes de inversión en marcha para atender una demanda disparada) para que las tarifas eléctricas no se fijen, como sucedía hasta ahora, cada año en el mes de diciembre, y sólo en función del IPC.

De esta forma, según explicó ayer el Ministerio de Economía, los incrementos 'por debajo del 2%' hasta el final de la década responderán a 'parámetros estables y predecibles, de tal forma que la subida anual será siempre de un 2% menos un porcentaje a determinar cada año en función de diversas variables', como la demanda, los costes de producción y de distribución o los tipos de interés.

El plan adelantado por el departamento que dirige el secretario de Estado de Economía, José Folgado, supone un paso adelante -y así lo reconocen fuentes de las empresas- sobre la propuesta inicial adelantada a las eléctricas a principios de verano y que no aludía a porcentajes concretos y sólo contemplaba subidas del IPC previsto menos un porcentaje a determinar cada año.

La propuesta dada a conocer ayer, admiten fuentes de la asociación patronal del sector Unesa, 'garantizaría, si se mantienen las condiciones económicas favorables, un resultado positivo para las empresas'. Con un matiz: el Ejecutivo tendrá que concretar con las empresas qué nivel de inversiones deberán realizar las compañías en los próximos años y qué garantías de rentabilidad real obtendrán.

El Gobierno, que ha elaborado un Plan de Infraestructuras Energéticas aprobado en el Congreso, estima que las inversiones de las empresas en electricidad y gas ascenderán a 7.500 millones de euros en los próximos 10 años, periodo en el que la demanda de energía crecerá una media anual del 3,5%.

Plan abierto

En cualquier caso, el plan no está cerrado. La nueva metodología de tarifas tendrá que ser aprobada mediante un real decreto. Y antes la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y el Consejo de Estado tendrán que realizar los informes preceptivos, aunque éstos no son vinculantes para el Gobierno. El real decreto, una vez aprobado por el Consejo de Ministros, servirá de base para aprobar cada año la norma que fijará las tarifas para el próximo ejercicio.

Economía se apresuró ayer a decir que la propuesta de subida de tarifas 'beneficiará al consumidor, ya que el precio de las tarifas eléctricas crecerá por debajo del 2% y, a su vez, permitirá a las empresas tener un marco predecible para planificar sus inversiones'.

Lejos de esta valoración, las organizaciones de consumidores OCU y CEACCU criticaron los planes del Ministerio de Economía. El presidente de OCU, José María Múgica, manifestó que se trata de 'una pésima noticia para los usuarios', y añadió que es una muestra del poder de las compañías y de 'su capacidad de chantaje'. Múgica recordó que las empresas declararon en su momento que 'sin las subidas se producirían apagones'.

Por su parte, CEACCU manifestó que la liberalización del sector y la libre competencia debería reflejarse en una rebaja de los precios, y lamentó que eso no ocurra.

Liberalización

Las críticas de los consumidores se basan en algunos hechos ciertos. A cinco meses de que teóricamente todos los consumidores puedan elegir suministrador (1 de enero de 2003), y tras cinco años de liberalización, los principales actores del mercado se cuentan con los dedos de una mano (Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Hidrocantábrico y Enel-Viesgo); las dos principales empresas dominan más del 70% del mercado de generación y los competidores extranjeros apenas sí tienen una presencia testimonial en el mercado a través de Hidrocantábrico (la portuguesa EDP y la francesa EDF a través de EnBW).

Esa liberalización, que no se acaba de percibir por los usuarios, se ha acompañado en los últimos dos años por fallos en el suministro de electricidad (el más importante ocurrió el pasado 17 de diciembre y afectó a Madrid, Cataluña y Valencia) y por continuas advertencias de las compañías sobre la imposibilidad de acometer inversiones para mejorar la situación de las redes e instalaciones si las tarifas continuaban en descenso.

Con un endeudamiento conjunto de las empresas, por todos los conceptos, de más de 41.000 millones de euros en 2001, menos ingresos por Costes de Transición a la Competencia (CTC) ya que los precios del kilowatio superan las seis pesetas en el mercado libre, y con un incierto panorama en América Latina que afecta sobre todo a Endesa y a Iberdrola, la subida de tarifas que maneja el Gobierno supone un respiro para el sector.

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