Las eléctricas presionan a Rato para asegurar sus ingresos

La reunión de Rato y de los presidentes de las cuatro compañías eléctricas, con Rodolfo Martín Villa (Endesa) e Íñigo Oriol (Iberdrola) a la cabeza, que ha sido confirmada por fuentes de las compañías y de la asociación del sector, Unesa, se producirá en un contexto muy diferente al que se venía registrando desde 1996, año en el que Gobierno y sector eléctrico sentaron las bases de un compromiso: progresiva reducción de precios a cambio de dos billones de pesetas en costes de transición a la competencia (CTC) y apoyo a la expansión de las empresas, especialmente de las dos grandes.

Ahora, la situación es muy distinta. Las ayudas, en la forma en que fueron pactadas en 1998, no han sido aceptadas por la Comisión Europea y el Gobierno ha tenido que modificar el sistema de cobro; la apertura del mercado a la competencia no ha dado todos los frutos deseados; la fusión Endesa-Iberdrola chocó con la realidad de un mercado estrecho que restó al Gobierno margen de maniobra y el sector es presa del nerviosismo ante la posibilidad de que las compañías internacionales se lancen en picado sobre las españolas.

Marco regulatorio

En esta situación, las eléctricas desean modificar el marco regulatorio en el que se desenvuelven y 'sin ir a la guerra', según afirman gráficamente fuentes de las compañías, asegurar el futuro del sector.

Los ejes de la negociación que pretenden abrir las empresas con el Gobierno son: las tarifas, sobre las que pende la promesa del Ejecutivo de reducirlas 'hasta un 9%' en tres años; el cobro de los costes de transición a la competencia, 1,7 billones de pesetas de los que las empresas han cobrado ya medio billón y el reparto del mercado energético entre las eléctricas y Repsol-YPF-Gas Natural, compañías éstas últimas que dominan el mercado gasista y que aspiran a rentabilizar su materia prima produciendo electricidad. En la modifición del sistema de cálculo de las tarifas, las eléctricas aspiran a una fórmula con componentes fijos que permita calcular los ingresos a las compañías y evite la discrecionalidad del Gobierno a la hora de decidir bajadas como las registradas.

Respecto a los CTC, el propósito es asegurar el cobro de toda la cantidad pendiente (1,2 billones de pesetas), algo difícil si se tiene en cuenta que la modificación del sistema de percepción de los CTC vincula las cantidades anuales a cobrar por las empresas hasta 2010 a la evolución del precio del kilowatio, que no debe superar las seis pesetas.

El otro gran asunto, el reparto del mercado del gas, es también muy espinoso. El Gobierno se comprometió en junio pasado a liberalizar el mercado en enero de este año, a privatizar Enagás y a repartir el contrato de gas con Argelia entre las compañías. Las negociaciones están empantanadas y el mercado se mantiene como estaba: dominado por Repsol YPF y su participada Gas Natural, que además tiene seria intención de disputar a las eléctricas su mercado natural.

Negociación

Así las cosas, la negociación no será fácil. En las últimas semanas, Rato ha afirmado en dos ocasiones en el Congreso que el Gobierno no modificará el marco regulatorio del sector eléctrico, petición en la que coinciden, para recelo del Ejecutivo, las empresas y el primer partido de la oposición, el PSOE. Curiosamente, desde ambas partes se cuestiona la gran discrecionalidad que se reserva el Gobierno para intervenir en el sector energético. Esa discrecionalidad, según señalaron en su día Endesa e Iberdrola, hizo naufragar su proyecto de fusión. Es lo que denominan el 'riesgo regulatorio' que, según afirman, desincentiva la inversión y compromete el desarrollo del sector a largo plazo.

Sin embargo, existen resquicios para el diálogo. El pasado jueves, todos los grupos parlamentarios aceptaron tramitar como proyecto de ley las modificaciones impuestas por decreto a los CTC. Esa tramitación puede ser la vía para modificar extremos importantes de la Ley Eléctrica de 1997 sin dejar en evidencia al Ejecutivo.