Promesa rota

En junio del año 2000, en el decreto de medidas de liberalización de los mercados, el Gobierno se comprometió a reducir los precios de la luz para el consumidor doméstico 'hasta un 9%' en tres años. La promesa no se ha podido mantener.

En los tres últimos años, las tarifas se han reducido un 4% en términos nominales -los precios para el usuario doméstico se congelaron para este ejercicio- y las empresas han presionado de forma tan continua como efectiva para parar la caída de los precios.

Según la asociación patronal Unesa, su margen de explotación se ha reducido en los últimos cuatro años desde los 3.606 millones de euros (1997) hasta 3.467 millones (2001), con una rentabilidad de sus activos del 4,8%, la mitad de la que obtienen, aseguran, las empresas manufactureras.

Con estos argumentos y en un país que demanda electricidad en cantidad y calidad creciente (este año la demanda ha sobrepasado el 5,5%), el Gobierno ha decidido atender las peticiones empresariales. Y ello a pesar de que el pasado año, el secretario de Estado de Economía, José Folgado, calificó el pasado mes de diciembre de 'inadmisible' que las grandes compañías vincularan sus inversiones a la subida de tarifas eléctricas. Ayer, dos noticias del sector revelaban la delicada situación que viven las empresas eléctricas: por una parte, la agencia de calificación de riesgos Fitch anunciaba que ha colocado bajo perspectiva negativa los ratings de la primera compañía española, Endesa, por su elevado nivel de endeudamiento.

Además, el consejero delegado de Unión Fenosa, Honorato López Isla, confirmó que la compañía está negociando la venta del 50% de su división de gas con los seis grandes grupos gasistas de Europa (BP, Shell, Gaz de France, TotalfinaElf, ENI y British Gas). Las eléctricas necesitan dinero fresco.