La UE define el acoso moral en el trabajo y proyecta su regulación

El acoso moral en el trabajo o mobbing, un fenómeno que se viene detectando en los medios laborales de los países más desarrollados desde los años ochenta, quedó ayer oficialmente definido por la Comisión Europea como 'comportamiento negativo entre compañeros o entre superiores e inferiores jerárquicos', a causa del cual el afectado/a 'es objeto de acoso y ataques sistemáticos y durante mucho tiempo, de modo directo o indirecto, por parte de una o más personas, con el objetivo y/o el efecto de hacerle el vacío'.

La definición, adoptada a propuesta del grupo de estudio Violencia en el trabajo (con representantes de gobiernos, empresarios y sindicatos) reunido desde ayer en Luxemburgo, es el paso previo para un proyecto de directiva comunitaria. Dicha norma orientará a que el empresario prevenga este tipo de comportamiento, se observen los derechos de los trabajadores afectados y se vigile su salud, y a que se emprenda una campaña de sensibilización en los Quince.

Bajo el lema No sufras en silencio (el silencio es una de las características que afectan a la víctima, que teme contar lo que ocurre), CC OO ha previsto una campaña para pedir medidas preventivas, la colaboración de los médicos de trabajo y que se reconozcan las secuelas derivadas del acoso moral como enfermedad profesional.

Una encuesta basada en 21.000 entrevistas y elaborada por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo asegura que en España hay unos 750.000 empleados (el 5% de los asalariados) que son víctimas de esta estrategia intimidatoria.

El fenómeno comenzó a estudiarse a principios de los ochenta por el psicólogo alemnán afincado en Suecia Heinz Leymann, fallecido en 1999. La táctica, propia de los países ricos, consiste en desgastar psicológicamente al empleado. El objetivo es conseguir que se autoexcluya. El hostigador, casi siempre un superior jerárquico, actúa habitualmente en empresas donde la práctica del despido es escasa, de hecho la Administración pública tiene el mayor número de casos.