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Columna
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El 'paso del Ecuador' de Fernández- Miranda

En cuanto se enteró de que un tren había arrollado la furgoneta en la que viajaban inmigrantes ecuatorianos y había matado a 12 de ellos, Enrique Fernández-Miranda se presentó en Lorca (Murcia) y visitó a los familiares de las víctimas. En aquel momento aún estaban sumidos en la angustia por saber si sus seres queridos se hallaban entre los fallecidos. El delegado para la Extranjería animó a aquellos desconsolados a que volviesen a su país para hacer las cosas como el Ejecutivo pensaba que debían hacerse. 'Ustedes saben que es un viaje que tendrán que emprender tarde o temprano', les dijo.

Ocurrió el 3 de enero, y lo contó dos meses después el propio Fernández-Miranda en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, ante el estupor de los diputados. Algunos parlamentarios de la oposición interpretaron sus palabras como una crueldad. Pero quienes le conocen bien descartan absolutamente esa intención. Según ellos, Fernández-Miranda tenía el convencimiento de que estaba dando el mejor de los consejos. Aunque el momento no fuera el más oportuno.

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Enviar a los ecuatorianos en situación irregular de vuelta a su país ha sido un empeño personal del secretario de Estado. Con esa medida pretendía fomentar lo que definió como 'la cultura de la inmigración legal'. He aquí su ecuación: a) Los inmigrantes viajan a Quito. b) El Gobierno les concede entonces visados y permisos de residencia y de trabajo. c) Vuelven a España y se convierten en un ejemplo a imitar. Pero le falló la información. Y le perdió el empecinamiento.

Cuando las autoridades de Quito le advirtieron de que su idea era disparatada porque en España había al menos 80.000 ecuatorianos en situación irregular y resultaría imposible trasladarlos a todos, no hizo caso. También desoyó las propuestas de la oposición para que expidiera los visados en Madrid y renunciara a la incierta aventura transatlántica. Incluso cuando tuvo en las manos el número de personas que se habían acogido a su oferta (24.884) y constató que el plan costaría al Estado 3.200 millones de pesetas, no cejó. Sólo le detuvo una orden directa del nuevo ministro del Interior, Mariano Rajoy.

El balance de la Operación Ecuador es demoledor. Ha forzado a los inmigrantes a contraer nuevas deudas para sobrevivir durante el tiempo que el Gobierno les ha prohibido trabajar. Muchas cosechas se han perdido por la súbita falta de braceros. La imagen de España ha quedado comprometida en Latinoamérica. Y, por si fuera poco, la aventura ha costado al Estado 500 millones de pesetas.

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En el centro del desastre, el delegado del Gobierno proclama una y otra vez que la operación ha constituido un éxito. Será porque, gracias a él, 21.000 inmigrantes van a ser regularizados sin tener que salir de España.

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